Los masones (36 page)
El 10 de mayo de 1936, Azaña era elegido nuevo presidente de la República. Tanto para el PSOE y el PCE como para las derechas, el nombramiento fue interpretado como carente de valor salvo en calidad de paso hacia la revolución. Así, mientras en la primera semana de marzo se acordaba en una reunión de generales
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la realización de «un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional en España» y durante el mes de abril Mola se hacía cargo de la dirección del futuro golpe, Largo Caballero afirmaba sin rebozo que el presente régimen no podía continuar. La resuelta actitud del dirigente del PSOE tuvo entre otras consecuencias la de impedir que, por falta del apoyo de su grupo parlamentario, Indalecio Prieto formara gobierno y que Azaña tuviera que encomendar esa misión a Casares Quiroga.
A pesar de sus metas revolucionarias comunes, el enfrentamiento en el seno de las izquierdas —un enfrentamiento que había comenzado en el siglo anterior con la división del socialismo en el seno de la Internacional— persistía. Durante el mes de junio iba a comenzar con el desencadenamiento de una huelga general de la construcción en Madrid convocada por la CNT con intención de vencer a la rival UGT. La acción cenetista se tradujo en conseguir el paro de 150000 obreros en unas condiciones de tanto extremismo que ignoraría el estallido de la guerra civil en julio y se mantendría hasta el 4 de agosto de 1936. El día 5 del mismo mes, el general Mola emitía una circular en la que señalaba que el Directorio militar que se instauraría después del golpe contra el gobierno del Frente Popular respetaría el régimen republicano. La gravedad de la situación provocaba que la tesis de Mola fuera ganando adeptos, aunque entre ellos no se encontraba todavía Franco, que esperaba una reorientación pacífica y dentro de la legalidad de las acciones del gobierno. Se trataba de una esperanza totalmente vana porque el 10 de junio el gobierno del Frente Popular dio un paso más en el proceso de aniquilación del sistema democrático al crear un tribunal especial para exigir responsabilidades políticas a jueces, magistrados y fiscales. Compuesto por cinco magistrados del Tribunal Supremo y doce jurados, no sólo era un precedente de los que serían tribunales populares durante la guerra civil sino también un claro intento de aniquilar la independencia judicial para someterla a los deseos políticos del Frente Popular.
No se trataba de que el fascismo acosara a la democracia. Era, por el contrario, que la revolución estaba liquidando a la República y amenazando a sectores completos de la población en su camino hacia implantar la dictadura del proletariado y que éstos se habían visto obligados a plantearse la necesidad de defenderse frente a un ataque que procedía de las más altas instancias del Estado y de sus bases políticas, un ataque en el que no sólo peligrarían sus haciendas sino también sus vidas. El 16 de junio, Gil Robles denunciaba ante las Cortes el estado de cosas iniciado tras la llegada del Frente Popular al gobierno. Entre los desastres provocados entre el 16 de febrero y el 15 de junio se hallaban la destrucción de 196 iglesias, de 10 periódicos y de 78 centros políticos, así como 192 huelgas y 334 muertos, un número muy superior al de los peores años del pistolerismo. El panorama era ciertamente alarmante y la sesión de las Cortes fue de una dureza extraordinaria por el enfrentamiento entre la «media España que se resiste a morir» y la que estaba más que dispuesta —y así lo anunciaba— a asesinarla. Calvo Sotelo, por ejemplo, abandonó la sede de las Cortes con una amenaza de muerte sobre su cabeza que no tardaría en convertirse en realidad. Porque, desde luego, las amenazas de las izquierdas no se reducían a palabras. Así, entre el 20 y el 22 de junio, un congreso provincial del PCE celebrado en Madrid reveló que el partido contaba en esa ciudad con unas milicias antifascistas obreras y campesinas —las MAOC— que disponían de dos mil miembros armados. Se trataba de un verdadero ejército localizado en la capital a la espera de llevar a cabo la revolución proletaria.
El 23 de junio, el general Franco, que seguía manifestando una postura dubitativa frente a la sublevación militar, envió una carta dirigida a Casares Quiroga advirtiéndole de la tragedia que se avecinaba e instándole a conjurarla. El texto ha sido interpretado de diversas maneras y, en general, los partidarios de Franco han visto en él un último intento de evitar la tragedia mientras que sus detractores lo han identificado con un deseo de obtener recompensas gubernamentales que habría rayado la delación. Seguramente, se trató del último cartucho que Franco estaba dispuesto a quemar a favor de una salida legal a la terrible crisis que atravesaba la nación. Al no obtener respuesta, se sumó a la conspiración contra el gobierno del Frente Popular. Era uno de los últimos pero su papel resultaría esencial.
El proceso revolucionario y la enorme carga de violencia aneja al mismo —y que sólo acababa de empezar— fue captado de manera trágica pero inequívoca por los viajeros y diplomáticos extranjeros a su paso por España.
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Shuckburgh, uno de los funcionarios especializados en temas extranjeros del Foreign Office británico, señalaba en una minuta del 23 de marzo de 1936: existen dudas serias de que las autoridades, en caso de emergencia, estén realmente en disposición de adoptar una postura firme contra la extrema izquierda, que ahora se dirige con energía contra la religión y la propiedad privada. Las autoridades locales, la policía y hasta los soldados están muy influidos por ideas socialistas, y a menos que se las someta a una dirección enérgica es posible que muy pronto se vean arrastradas por elementos extremistas hasta que resulte demasiado tarde para evitar una amenaza seria contra el Estado.»
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Sir Henry Chilton, el embajador británico en Madrid, en un despacho dirigido el 24 de marzo de 1936 a Anthony Eden le indicaba que sólo la proclamación de una dictadura podría evitar que Largo Caballero desencadenase la revolución ya que el dirigente del PSOE tenía la intención clara de «derribar al presidente y al gobierno de la República e instaurar un régimen soviético en España». Para justificar ese paso, Largo Caballero tenía intención de aprovechar la celebración de las elecciones municipales en abril.
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Sin embargo, el gobierno —que recordaba otras elecciones municipales celebradas en abril y sus resultados— optó por aplazar la convocatoria electoral.
El deterioro del Estado de derecho era tan acusado en España que el Western Department del Foreign Office británico encargó a Montagu Pollock un informe al respecto. El resultado fue una
Nota sobre la evolución reciente en España
. El documento tiene una enorme importancia porque en el mismo se describe cómo la nación atravesaba por una «fase Kerensky» previa al estallido de una revolución similar a la rusa de octubre de 1917. Entresacamos algunos párrafos de este documento crucial: «
Desde las elecciones la situación en todo el país se ha deteriorado de manera constante
. El gobierno, en un intento cargado de buenas intenciones de cumplir las promesas electorales, y bajo fuerte presión de la izquierda, ha promulgado un conjunto de leyes que han provocado
un estado crónico de huelgas y cierres patronales y la práctica paralización de buena parte de la vida económica del país
.»
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De especial interés resultaba asimismo la pérdida de independencia del poder judicial que, recordemos, había sido impulsada por el Frente Popular: «En muchos lugares, a causa del sentimiento de miedo y confusión creado por la desaparición de la autoridad, el control del gobierno local, de los tribunales de justicia, etc., ha caído en manos de las minorías de extrema izquierda.»
Para remate, durante el mes de julio, Largo Caballero realizó algunas declaraciones ante la prensa londinense que no podían sino confirmar la tesis Kerensky de que el actual gobierno sólo era un paso previo a un golpe de izquierdas que desatara la revolución e instaurara la dictadura, tal y como había sucedido en Rusia: «Deseamos ayudar al gobierno en la realización de su programa; le colocamos donde está sacrificando nuestra sangre y libertad; no creemos que triunfe; y cuando fracase nosotros lo sustituiremos y entonces se llevará a cabo nuestro programa y no el suyo… sin nosotros, los republicanos no pueden existir, nosotros somos el poder y si les retiramos el apoyo a los republicanos, tendrán que marcharse.»
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El 11 de julio de 1936 despegaba el
Dragon Rapide
, encargado de recoger a Franco para que encabezara el golpe militar en Africa. A esas alturas, las fuerzas de izquierda, especialmente socialistas, ya habían comenzado a realizar detenciones arbitrarias de adversarios políticos. El 12, un grupo derechista asesinó al teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, muy vinculado a las milicias del PSOE, cuando abandonaba su domicilio. La respuesta de los compañeros del asesinado fue fulminante. Varios guardias de asalto de filiación socialista y estrechamente relacionados con Indalecio Prieto se dirigieron a la casa de Gil Robles. Al no encontrarlo en su domicilio, se encaminaron entonces al de Calvo Sotelo. Allí lo aprendeherían, para después asesinarlo y abandonar su cadáver en el cementerio.
El hecho de que el asesinato de Calvo Sotelo hubiera sido predicho en una sesión de las Cortes sólo sirvió para convencer a millones de personas de que el gobierno y las fuerzas que lo respaldaban en el Parlamento perseguían poner en marcha a escala nacional unos acontecimientos semejantes a los que había padecido Asturias durante el mes de octubre de 1934 y, de manera lógica, contribuyó a limar las últimas diferencias existentes entre los que preparaban un golpe contra el Frente Popular. El 14 de julio, Mola concluyó el acuerdo definitivo con los tradicionalistas, mientras José Antonio, el dirigente de Falange que estaba encarcelado desde primeros de año, enviaba desde la prisión de Alicante a un enlace (Garcerán) para que presionara en favor de adelantar el golpe. Dos días después, Gil Robles afirmó ante las Cortes que no creía que el gobierno estuviera implicado en la muerte de Calvo Sotelo, pero que lo consideraba responsable moral y políticamente. El gobierno, por su parte, estaba al tanto de los preparativos de golpe pero creía que la táctica mejor sería esperar a que se produjera para luego sofocarlo como el 10 de agosto de 1932. También lo ansiaban las fuerzas del Frente Popular que creían en una rápida victoria en una guerra civil que habían contribuido, en especial desde 1934, decisivamente a desatar.
Sabido es de todos que la guerra civil estalló. Menos conocido es que los masones, que no la masonería, partidaria del Frente Popular, se dividieron en su apoyo a los dos bandos. Al respecto, resulta interesante un reciente estudio sobre los militares que eran masones y su reacción durante la guerra civil.
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Aunque el listado no es completo —señálese como dato curioso que en él no aparece el abuelo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, militar y masón—, no deja de ser significativo alguno de los datos contenidos en el mismo. De una muestra total de 646 militares, 92 no llegaron a ser iniciados y 617 eran militares profesionales, una cifra que indica que la penetración de la masonería en las fuerzas armadas no era escasa. Antes de la guerra fallecieron 40 y de los que intervinieron en ella 29 eran milicianos y movilizados, 171 se sumaron al alzamiento de julio de 1936 y 16 sirvieron corno agentes a favor de los sublevados, datos todos ellos que confirman nuestra tesis de que no fueron pocos masones los que abandonaron las logias y se sumaron a la rebelión al contemplar la impronta revolucionaria del Frente Popular.
Esta circunstancia viene además abonada por el hecho de que en la zona controlada por el Frente Popular murieron 32 militares masones, 6 de ellos fusilados y 26 por causas diversas, incluida también la represión. En la zona controlada por los nacionales, los muertos por diversas causas llegaron a 36, los fusilados hasta el año 1942 fueron 73 y —dato muy relevante— los perdonados que además siguieron en activo en las fuerzas armadas, 27. Ciertamente, la visión profundamente antimasónica de Franco es innegable, pero no es menos cierto que admitió la posibilidad de cambio y adhesión en los miembros de las logias.
La colaboración de los «hijos de la viuda» en algunos de los episodios más siniestros acontecidos en la España controlada por el Frente Popular resulta innegable. Así, a inicios de agosto de 1936, se celebró en el palacio del Círculo de Bellas Artes una reunión decisiva que respondía a una convocatoria de Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad. Muñoz Martínez no pertenecía a ninguno de los partidos que habían propugnado históricamente la revolución sino que era diputado de Izquierda Republicana, la formación política de Manuel Azaña, y pertenecía a la masonería, en la que ostentaba el grado treinta y tres.
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La carrera de Muñoz Martínez en la masonería fue realmente notable. Ingresó en ella en 1924, cuando tan sólo contaba treinta y seis años de edad. Conspirador contra la monarquía y a favor de la República, el día de la proclamación de ésta fue promovido al grado 24 de la masonería. En 1933 fue designado vocal del gran consejo federal simbólico y en agosto de 1935, designado candidato a la elección de Gran Maestro nacional. No lo consiguió al quedar el cuarto, pero ese mismo año se le confirió el grado 33.
Esta reunión, a la que asistieron representantes de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular, tuvo un resultado de enorme relevancia ya que en el curso de la misma se acordó la constitución de un Comité Provincial de Investigación Pública que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad, iba a encargarse de las tareas de represión en la denominada zona republicana. El Comité en cuestión tendría entre otras competencias la de acordar las muertes que estimara convenientes.
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El Comité Provincial de Investigación Pública, formado por secciones o tribunales, contaba como ya hemos señalado con representantes de todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, es decir, del PSOE, del PCE, de la FAI, de Unión Republicana, del partido sindicalista, de Izquierda Republicana, de UGT, de la CNT, de las Juventudes Socialistas Unificadas y de las Juventudes Libertarias. Hasta finales de agosto de 1936, el Comité funcionó en los sótanos del Círculo de Bellas Artes. En esas fechas se trasladó a un palacio situado en el número 9 de la calle de Fomento, donde permaneció hasta su disolución en noviembre del mismo año. Este traslado explica el nombre popular de Checa de Fomento con el que fue conocido —y temido— el Comité.
