Una monarquía protegida por la censura (10 page)
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Authors: Iñaki Anasagasti
Respuesta del Gobierno:
Las palabras del Príncipe de Asturias en San Millán de la Cogolla, el pasado 13 de octubre, en un acto de la Academia de la Lengua Española, en ningún caso pueden considerarse, por omisión, un olvido del euskera como lengua cooficial de las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución.
Tampoco es posible considerar que la no mención del euskera en su viaje a Nuevo México suponga ignorar la importante contribución vasca al desarrollo de la economía y la sociedad de EEUU.
No obstante, el artículo 3 de la Constitución hace del «castellano la lengua española oficial del Estado» y, en todos los actos citados por S. S., el Príncipe de Asturias actuaba en nombre del Estado.
Las demás lenguas españolas, cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, no sólo son objeto de respeto y mención, sino que el Instituto Cervantes, principal instrumento de difusión cultural y lingüístico en el exterior del Estado, ha firmado numerosos convenios con instituciones de la misma naturaleza de las Comunidades Autónomas para difundir en el exterior el rico patrimonio pluricultural y plurilingüístico de España.
La actividad cultural nunca es suficiente y más cuando se trata de difundir el patrimonio cultural diverso de España. Depende de las prioridades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado y del impulso de las Comunidades Autónomas. Pero el Gobierno tiene la voluntad política de avanzar en esta senda, como lo demuestra la solicitud a la Unión Europea de que las lenguas cooficiales distintas del castellano puedan ser no sólo lenguas cooficiales para la traducción del Tratado constitucional europeo, sino también medio de petición ante los órganos comunitarios.
La extensión en el uso y el proceso de normalización lingüística de las lenguas cooficiales distintas del castellano que ha tenido lugar en estos últimos años en España son señal de una vitalidad y de un esfuerzo político que debe tener también su proyección exterior. Para ello, es necesario un esfuerzo presupuestario y un desarrollo legal que lo permita, como quiere el Gobierno, en estrecha cooperación con las Comunidades Autónomas.
Tal como ya se ha señalado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través del Instituto Cervantes, además de ofrecer cursos de catalán, gallego y vasco en sus centros, y de difundir la lengua y cultura de todo el territorio español, en su deseo de fomentar el conocimiento de nuestro rico y diverso patrimonio cultural y lingüístico a través de sus centros en el exterior, ha suscrito convenios de colaboración, entre otras, con las siguientes instituciones: Instituto Valenciano de Arte Moderno, Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Universidades (como las de Alicante, Murcia, Granada, Zaragoza, Salamanca, Deusto y Barcelona: Central y Autónoma), Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Institut d'Estudis Baleàrics, Consorcio Casa del Traductor de Tarazona, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Real Academia Galega, Institut Ramón Llull, Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura y otros.
Madrid, 2 de marzo de 2005.
El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Entiendo que, leído esto en Madrid o en Sevilla, la música de la respuesta del Gobierno suene bien. Pero pónganse usted en los zapatos de un catalán, un gallego o un vasco que no siendo nacionalistas, consideren que alrededor del Príncipe de Asturias hay un corsé de españolismo exacerbado con un pivote alrededor del cual gira todo esfuerzo, que es el castellano, y luego sáquense conclusiones sobre lo de la riqueza lingüística, la plurinacionalidad y pluriculturalidad del Estado, porque la mejor manera de hacer
abertzales
en Euzkadi es leer estas respuestas del Gobierno en clave de irrestricta defensa numantina, absurda y aconstitucional de una institución privilegiada que no cumple ni los propios mandatos que la propia Constitución le marca en su artículo 61, donde se le recuerda que debe respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. ¿Un idioma cooficial no es un derecho a defender si además es cooficial de cuatro comunidades autónomas? No para el rey, no para el Gobierno, no para el príncipe.
EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
No tengo absolutamente nada contra Oviedo, mucho menos contra Asturias, y aplaudo que desde su asturianidad le saquen brillo al nombre del Principado de la Corona. Hacen muy bien.
Pero sí pongo en cuestión el montaje acrítico de unos premios alimentados con dinero público y que están concebidos en función del propio príncipe en lugar de apostar por nuevos valores o por ser algo más equilibrados en su acepción, llevando como llevan el nombre de una región donde ha primado el socialismo y el comunismo, pero sobre todo por la presencia de una vida tan dura como la del minero y su familia.
El 30 de mayo de 2005, le hice al Gobierno una pregunta sobre estos premios. Fue así:
El Gobierno aportará 12 millones de euros entre 2006 y 2008 a la Fundación Príncipe de Asturias, que anualmente concede los premios del mismo nombre, con el fin de fortalecer sus recursos propios y sus actividades.
Esta importante inyección de recursos, junto con otras aportaciones, entre ellas las del Gobierno de Asturias por otros seis millones, permitirá duplicar el capital fundacional de la institución, que actualmente maneja unos recursos de unos 16 millones de euros, insuficientes todavía para que la Fundación pueda autofinanciar sus gastos anuales con los ingresos financieros generados por su patrimonio.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que suscribió en Oviedo este compromiso mediante un convenio con el presidente de la Fundación, José Ramón Álvarez Rendueles, atribuyó la iniciativa al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la justificó porque la Fundación y sus premios son «un importantísimo activo tanto para el Principado como para España, para nuestro desarrollo interno y para nuestra proyección exterior».
Habida cuenta que se trata de la utilización de dinero público y que vivimos en un Estado autonómico, ¿de qué manera contempla el Gobierno el trabajo de dicha Fundación en lo referente a la pluralidad del Estado y en el respeto a sus lenguas cooficiales?
Palacio del Senado, 30 de mayo de 2005.
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga
A continuación reproduzco la respuesta del Gobierno:
El Gobierno firmó el pasado 28 de mayo de 2005 un Protocolo de Intenciones de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Fundación Príncipe de Asturias, con el objeto de apoyar las iniciativas de esta Fundación en su XXV Aniversario. Este Protocolo contempla, como Su Señoría apunta, una participación económica por parte de la Administración General del Estado que asciende a 12 millones de euros en tres ejercicios presupuestarios, que se hará efectiva mediante la suscripción del correspondiente convenio. Los Premios Príncipe de Asturias se han convertido en uno de los más importantes de cuantos se convocan en el mundo y su ceremonia de entrega es uno de los eventos culturales más importantes del calendario internacional. El Gobierno de España, además, reconoce con esta iniciativa la aportación que la Fundación Príncipe de Asturias viene realizando desde hace ya veinticinco años a la difusión de la imagen internacional de una España comprometida con los más nobles valores.
El Gobierno ha entendido que la celebración del XXV Aniversario de los Premios Príncipe de Asturias supone una oportunidad extraordinaria para potenciar externamente la imagen de nuestro país y para situarlo como un cualificado centro de producción intelectual de concordia y de debate cultural.
La propia UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha reconocido la «excepcional aportación de los Premios Príncipe de Asturias al patrimonio cultural de la Humanidad» y por tanto ha decidido ofrecer su auspicio a los actos conmemorativos de este XXV Aniversario.
Por tanto, el Gobierno apoyará plenamente los actos conmemorativos del XXV Aniversario de los Premios Príncipe de Asturias por considerar esta efeméride una ocasión excepcional para resaltar el compromiso de España con la investigación, la ciencia, la cultura y la concordia, y supone una buena oportunidad para fortalecer las estructuras de la Fundación Príncipe de Asturias, con el fin de consolidar su prestigio como una de las instituciones culturales más importantes del mundo y situar a los Premios Príncipe de Asturias en el más alto grado de reputación internacional.
Madrid, 5 de julio de 2005.
El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
¿Adónde vas? Manzanas traigo.
A MAYOR GLORIA DEL PRÍNCIPE
En su última edición pude ver aquel viernes por
Euro News
la llegada de la reina Sofía, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz al teatro Campoamor de Oviedo para la entrega de los premios.
En aquel paseíllo de los Oscar no vi a la tierra brava y dura, minera y de izquierda, de Belarmino Tomás proyectada en el siglo XXI. Aquellos vítores tan efectistas estaban montados en función de una campaña de imagen de la Monarquía y su continuidad, cosa plausible en una Casa que tiene que pensar en el futuro, pero poco presentable en un sistema democrático igualitario.
Porque no es de recibo que se hable del éxito de estos premios si detrás hay una máquina millonaria alimentada sin control con dinero privado y público y sin posibilidad alguna de la menor crítica. Porque estos premios no se dan a nadie que empieza a despuntar y promete pero no es conocido, sino a los muy consagrados o que tienen una gran imagen. La fórmula, pues, es muy fácil. Llega el jurado y pregunta: ¿quién es el personaje o el que más suena en el mundo del cine, del deporte, de la literatura, de la animación internacional, de la economía, de la política o de cualquier otra actividad cuya visita a Oviedo a recibir un premio de Felipe de Borbón vale la pena que premiemos?
Y ya está. Se le da a ese presidente, a ese actor, a ese Woody Allen, a ese Al Gore, a ese Bill Gates, a ese Schumacher, a esa luminaria que suene, y si además suena mucho y nos viene aquí, miel sobre hojuelas.
Pero eso sí. El centro del acto no son los premiados. No, eso no. Eso es el atrezzo. El centro de esa obra de gran teatro es Felipe de Borbón, y ahora él con Letizia. Cómo sonríen, cómo visten, si está embarazada o no, si saluda efusivamente o está almidonada, es decir, superficialidades rodeadas de gran oropel, invitados de lujo, muchos ministros y excesivo marujeo.
El éxito, pues, cada año, está asegurado. La idea del montaje es un éxito porque nadie, jamás de los jamases, critica absolutamente nada. Ni la elección de los premiados ni los discursos. Todo es fantástico. Ni un solo carraspeo, ni un mal gesto, ni una alfombra con una mota de polvo, todo es maravilloso, de cuento de hadas y sobre todo a mayor gloria de una institución para que suene de forma clara y directa eso de Príncipe de Asturias en clave de conservación de la especie dinástica. Un planteamiento redondo.
Más ejemplos. Como he comentado, vi en directo en la última edición televisiva la entrega de uno de los premios al director del Museo del Holocausto. Previamente habían pasado varias víctimas del gueto de Varsovia y de campos de concentración nazis. Fue emocionante ver a gente anciana, con el tatuaje de su número en el brazo, ir a recibir un reconocimiento. Quizás fue el momento más emotivo. Y no lo critico. Lo aplaudo. Pero los Premios Príncipe de Asturias, si de verdad fueran galardones para premiar trayectorias, no tenían que ir tan lejos. Hasta que yo no vea que premian a supervivientes republicanos de la construcción del Valle de los Caídos, del bombardeo de Gernika, de los miles de encarcelados, de los curas perseguidos y aventados por el franquismo, de los campos de trabajo, de los mineros masacrados, seguiré pensando que estos premios están hechos sólo para mayor gloria de la pareja principesca. Y eso, para la aguerrida Asturias, no deja de ser algo impropio de su heroica historia.
Pregunte usted a los ponentes constitucionales, esos respetables señores, todos hombres, que se llaman a sí mismos «padres de la Constitución», por qué en 1978, habiendo nacido en 1963 la infanta Elena, en 1965 la infanta Cristina y en 1968 el príncipe Felipe, se pusieron la historia del siglo XIX por montera y decidieron consagrar en el artículo 57.1 que «la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos». Pregunte usted, pero nadie le contestará.
¿Cómo es posible que, teniendo el rey Juan Carlos en 1978 tres hijos y siendo la mayor Elena, se consagrara en la Constitución que tenía que sucederle Felipe, el tercero, sólo por ser varón? En 1978 ya la mujer pedía paso en la sociedad, y este abuso de poder gratuito tiene que obedecer a alguna causa que nadie nos ha explicado. Algo así como cuando ahora se trata de reformar este artículo quitando lo de «varón a la mujer» a cuenta de las dos hijas de Felipe y Letizia por si el tercero es un chico, si es que algún día nace. Y si esto ocurriera, la situación no sería reversible, es decir, Felipe será rey, le guste a Elena o no.
Aquí pasa algo de lo que no se quiere hablar aunque se puede intuir. Pero es uno de los tabúes que tiene la actual Monarquía española. Por menos de eso hubo dos guerras carlistas en el siglo XIX.
¿No se podía haber hecho algo distinto en una Monarquía instaurada, que no restaurada, la única en el siglo XX?
Esta situación, ¿se podría revertir? Por supuesto. No hay más que mirar a Suecia. El rey Gustavo le quitó a su hija Victoria su mejor derecho para dárselo a su hijo varón Carlos Felipe. Sin embargo, como el Parlamento sueco no tiene nada que ver con las Cortes Generales españolas, le negaron al Rey la maniobra y devolvieron a la hija los derechos que como mujer primogénita tenía. ¿Sabe usted por qué de esta historia no se habla por estos lares?
PREGUNTÉ AL GOBIERNO SOBRE LA INFANTA ELENA
Habida cuenta que este es otro de los tabúes, pregunté al gobierno sobre Elena de Borbón. Fue así:
Es práctica habitual todos los meses de diciembre no sólo recordar un aniversario más de la Constitución, sino ensalzar a los ponentes constitucionales a los que además se les llama «padres» del texto aprobado.
Tras el debate sobre la necesidad de un cambio constitucional como consecuencia del nacimiento de un hijo/a de D. Felipe de Borbón, se entiende mucho más lo de «padres» y no «madres» de la Constitución, sobre todo porque en 1978 tenía ya quince años la infanta Elena, primogénita de los reyes de España, dato importante que no fue tenido en cuenta por estos «padres», a pesar de que en Inglaterra reinaba una mujer, Isabel I, en Holanda Juliana de Orange y en el turbulento siglo XIX español hubo dos guerras carlistas a cuenta de que las mujeres no podían heredar el trono.
En plena discusión sobre este asunto, el presidente del Consejo de Estado, D. Francisco Rubio Llorente, el lunes 9 de mayo comentó que la reforma constitucional pudiera tener carácter retroactivo, por lo que no era necesario acelerar dicha reforma.
Habida cuenta de la discriminación machista e impresentable, propia de países tercermundistas, consagrada por los llamados «padres» de la Constitución contra la infanta Elena, y teniendo en cuenta las declaraciones del presidente del Consejo de Estado sobre la posible retroactividad de la reforma, ¿piensa el gobierno que la misma pudiera llegar hasta reponer en sus derechos a la infanta Elena, primogénita de los actuales reyes?
