23-F, El Rey y su secreto (17 page)

La legalización del Partido Comunista de España por sí misma, y las circunstancias políticas del momento, determinan la profunda preocupación del Consejo Superior, con relación a instancias tan fundamentales cuales son la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas.

En este orden, el Consejo Superior exige que el Gobierno adopte, con firmeza y energía, todas cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar los principios reseñados.

Vinculado a cualquier decisión que se adopte, en defensa de los valores trascendentes ya expuestos, el Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona.

Cuando el vicepresidente Gutiérrez Mellado tuvo el texto en sus manos, puso el grito en el cielo. Eso era algo más que indisciplina, ¡era rebelión! ¡Qué era eso de exigir al gobierno! De inmediato llamó a Álvarez-Arenas para ordenarle que no se distribuyera la nota. Había que redactar una nueva. Sin embargo, surgiría un problema añadido: el diario vespertino
El Alcázar
ya la había publicado en portada. Y por la amplia difusión que tenía por las salas de bandera el órgano de la asociación de los excombatientes, sería del todo absurdo redactar una nota diferente cuyo primer original ya se había difundido y publicado. No obstante, y en tanto el vicepresidente se las ingeniaba para intentar salir de tan grave apuro, obligaría al ministro a colar una morcilla esperpéntica en un baile de despropósitos:

Y todo ello dentro del mayor respeto y acatamiento a las decisiones de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto a las Fuerzas Armadas.

Con el fin de poder justificarse, Álvarez-Arenas, que era conocido entre la milicia por el sobrenombre de «¡mecachis, qué guapo soy!», organizaría de inmediato su particular caza de brujas cesando a varios jefes y responsables de su secretaría y de la oficina de prensa del ministerio, sobre quienes descargaría el imperdonable «desliz» de haber difundido una nota que en ese momento aseguraba que no era la autorizada, y rizando el rizo, elaboraría otra diferente en la que intentaría acoplar explicaciones absurdas. Así, dos días después de la primera nota oficial, aprobada y difundida con su beneplácito, pondría en circulación una segunda nota que sí sería del agrado del vicepresidente de la Defensa. En ésta, además de repetir la morcilla que se había pegado a la primera, se aseguraba que el Ejército mantenía su «obligación indeclinable de defender la integridad de las instituciones monárquicas» (¿?). La nota no aclaraba a qué «instituciones monárquicas» tenía la obligación el Ejército de defender en su integridad. Pero toda una gran y fenomenal ceremonia de la confusión estaba servida.

El Ministro del Ejército a todos los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales:

Por una inadmisible ligereza de la Secretaría Militar de este Ministerio, se envió un documento dirigido a los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejército exponiendo unos hechos que no corresponden a la realidad, con el peligro de producir gran confusión entre nuestros Cuadros de Mando.

Dicho documento no había obtenido mi aprobación ni la del Jefe del Estado Mayor del Ejército, pero su precipitada difusión no pudo ser totalmente evitada.

El documento que mereció mi aprobación fue del siguiente tenor:

Es de gran interés que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejército que, en relación con la legalización del Partido Comunista, no me fue posible informarles oportunamente de las razones y justificación de dicha legalización porque el documento justificativo llegó a mi poder el viernes, día 8, por la tarde y la legalización fue oficial el sábado, día 9.

En consecuencia, el Consejo Superior del Ejército fue convocado para la tarde del día 12 del corriente al objeto de informar a los Altos Mandos de dichas razones, que se justificaban con base en los más altos intereses nacionales en las circunstancias actuales, para que, a su vez, dichos Mandos transmitieran a sus subordinados las conclusiones del Consejo Superior, que se reproducen a continuación y que fueron objeto de una posterior nota oficial:

El Consejo Superior del Ejército acordó por unanimidad informar al Sr. Ministro de los siguientes extremos según el Acta levantada al efecto:

La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las Unidades del Ejército.

No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado.

El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que, el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las Instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

Para evitar cualquier confusión en relación con lo anterior, me interesa exponer que el acuerdo del Consejo fue unánime en la redacción de las conclusiones y que es un deber ineludible de todos nosotros hacer honor a lo que en las mismas se dice.

Así pues, quiero expresar mi seguridad de que todos cuantos orgullosamente pertenecemos al Ejército español, sabremos cumplir con nuestro deber de mantenernos disciplinadamente unidos, confiando plenamente en nuestros mandos, a las incondicionales órdenes de nuestro Rey y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como al servicio de España, dentro del mayor respeto y acatamiento a las órdenes de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la Patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto para las Fuerzas Armadas.

A la vista de tan clamorosa bajada de pantalones ministerial y de tan baja dignidad personal, el Consejo Superior del Ejército redactaría una breve nota que enviaría directamente al rey y al presidente del gobierno.

Hacer llegar a S. M. El rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno. (Dejaciones, permisividad, falta de autoridad, indecisión).

Hacer saber al Presidente del Gobierno:

1. La burla que para el Ejército ha supuesto su actitud en contra de lo que dijo a los tenientes generales de Tierra y Aire y almirantes de la Armada.
   
2. Que es inadmisible que por un «error administrativo» se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental.
   
3. Que el responsable de ese «error administrativo» salga del Gobierno.
   
4. Que garantice que la actuación del Partido Comunista, no interfiera en lo más mínimo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión.
   
5. Que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA y a las FUERZAS ARMADAS, que éstas están dispuestas a defender con todos sus medios.
   

Pero no sería ésta del Consejo Superior del Ejército la única reunión que altos mandos militares celebrarían por la convulsión originada por la forma en que el gobierno había legalizado al PCE. La capitanía general de Madrid convocó otra, a la que asistieron todos los mandos de la I Región Militar. El encuentro, solicitado por el general Milans, jefe de la Acorazada, estuvo presidido por el capitán general de Madrid, teniente general Federico Gómez de Salazar (después sería el presidente del tribunal militar que en el último tramo juzgaría el 23-F). Milans hizo un análisis hipercrítico de cómo el gobierno había resuelto el asunto del PCE, arremetiendo contra Suárez por haber roto el compromiso de honor que había sellado con el Ejército. Según Milans, no se podía admitir a un presidente que carecía de honor. España, aseguraba, se estaba deslizando por la misma senda que en febrero de 1936 «nos condujo al alzamiento y a la Guerra Civil». Sus durísimas palabras serían corroboradas con mayor dureza aún por todos los demás intervinientes. Varias decenas de generales, coroneles, tenientes coroneles y comandantes atizarían aún más aquel estado de enfurecimiento general. Todos sin excepción censurarían al gobierno sin paliativos, con una especial virulencia y dureza contra Suárez y Mellado, desconocida hasta entonces. Los ministros militares tampoco se librarían de la sacudida.

El general Luis Rosón, destinado en los servicios de información y que pasaba por estar tocado de un aire más progresista y liberal, también intervino suscribiendo lo afirmado por Jaime Milans, pero achacó la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo a las mismas fuerzas armadas por no haber querido conducir la transición tras el asesinato del almirante Carrero Blanco. El plan que algunos militares barajaron poner en marcha entonces, partía de que el tránsito hacia la democracia, ineluctable bajo cualquier prisma ideológico, se hiciera bajo el control político de las fuerzas armadas. Para ello, el Ejército de la Victoria debería liquidar las secuelas de la Guerra Civil, hacer la reconciliación política (la social hacía años que estaba hecha) e insertar a España en un sistema democrático al estilo del Occidente europeo. El camino se debería hacer sin sobresaltos ni errores, y la corona, arropada por los militares, iniciaría una nueva restauración-instauración fortalecida. A tal fin, un grupo de generales, de probada lealtad a Franco, estaba promoviendo la figura del general Manuel Díez Alegría.

Desafortunadamente, la baza de la influencia política que doña Carmen jugó —alentada por un pequeño clan familiar— sobre un Caudillo decrépito, anciano y sin pulso vigoroso, haría que la designación del sucesor del almirante Carrero se inclinase sobre la persona de un timorato, amortecido y débil Arias Navarro, pese a sus ramalazos de soberbia. Después, Díez Alegría sería cesado por haberse entrevistado con Ceaucescu, pese a que contaba con el conocimiento y la autorización del propio Arias. Aquella encerrona daría al traste definitivamente con la operación. Los intentos posteriores, iniciados con el general Vega Rodríguez a la muerte de Franco, no pasarían de ser eso, tibios intentos.

La medida exposición del general Rosón concluiría con el llamamiento a que el aire de insurrección que se respiraba y pulsaba no pasase a la acción. Como así fue. Pero «aquel día el ejército pudo haberse levantado», le aseguraría años después el general Rosón a la periodista Victoria Prego.
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En esa misma línea se manifestaría el general José Vega Rodríguez al criticar contundentemente la forma en la que Suárez llevó a cabo la legalización del PCE, y la manera en la que Mellado despreció a sus colegas de armas. El momento más delicado para las fuerzas armadas durante la transición y el cambio político: «Para mí, sin duda, el momento crítico fue la legalización del Partido Comunista. Efectivamente crítico, pero como ahí está y es inútil ignorarlo, pues hay que aceptarlo.»
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Los servicios de información militares redactarían una minuta completa sobre lo que se había dicho y acordado en la reunión de mandos de la capitanía de Madrid. La dureza de los términos expresados indicaba sin duda alguna que nunca se estuvo tan cerca de la revuelta militar. Fue un sentimiento unánime. Pese a que después se haya querido camuflar como algo residual de la ultrada castrense. El documento mostraba la repulsa total por la legalización del Partido Comunista, censuraba con fuerte indignación al presidente del gobierno por haber engañado al ejército, exponía su absoluta desconfianza al gobierno, al que reputaba de débil, y a los altos cargos y mandos militares; es decir, los tres ministros militares y los capitanes generales. Bajo la sensación de fraude que vivían, el colectivo castrense se preguntaba: «¿qué hacen nuestros ministros y nuestros capitanes generales?». Evidenciando la inseguridad de hacia dónde se quería ir, se preguntaban por cuáles debían ser los valores morales que el ejército debía defender. Temían que el rey se involucrara en acciones concretas de gobierno que pudieran mermar su crédito. Y como remedio, pedían que el alto mando hiciera una declaración clara de cuál debía ser la posición del ejército, exigiendo una declaración pública del Partido Comunista sobre la unidad, la corona y las fuerzas armadas, exigiendo igualmente unos medios de comunicación responsables, para concluir solicitando la dimisión de todos los ministros militares —incluido Gutiérrez Mellado—, y que nadie del Ejército aceptase cubrir sus vacantes.
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La convulsión militar fue tan grave y generalizada que desde Zarzuela y Moncloa intentarían rebajar la efervescente crisis político-militar. El Ejército se mantuvo sumiso al rey por disciplina, pero su animosidad hacia Suárez y Mellado permanecería siempre latente. Por su lado, el gobierno le pidió a Carrillo que hiciera un gesto lo antes posible a fin de intentar tranquilizar las aguas revueltas de la milicia; en realidad, se le dijo al líder comunista que cumpliera con su parte del pacto. El 14 de abril, aniversario republicano, el Partido Comunista hizo pública su aceptación de la unidad de España, la monarquía y la bandera. Una gran enseña rojigualda, colocada detrás de varios miembros del comité central, ratificaba las declaraciones de Carrillo, que, sin embargo, serían recibidas con asombro e incredulidad por el comité central y la militancia del partido. Por parte de la derecha, Fraga aprovecharía el viaje de regreso a Madrid junto a Calvo Sotelo, después de haber pasado ambos unos días de descanso en Galicia, para descargarse a gusto contra aquella legalización. Sin duda, en aquel momento no le vinieron a la memoria a Fraga sus propias declaraciones de un año atrás, cuando era precisamente él quien había hablado primero de la legalización del PCE. Calvo Sotelo recordaría en sus memorias lo que le soltó el líder aliancista:

Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando el Partido Comunista. La Historia os pedirá cuentas… Con una desgraciada decisión administrativa, habéis hecho retroceder 40 años la historia, habéis arruinado la pacificación de España, habéis provocado al Ejército, habéis abierto a la incertidumbre el futuro de nuestros hijos.
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Calvo Sotelo apuntaría también en sus memorias que unos días después coincidió con el general Armada en Zarzuela durante la toma de posesión del almirante Pery como nuevo ministro de Marina. Tras el acto, discutirían vivamente sobre el alcance del descontento militar. El secretario de la Casa del Rey le expresaría así su irritación: «¡No hay nada tan grave como subestimar la gravedad misma de los hechos! Me estremece la poca información que tenéis. Se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas menos sentarse encima. Del Gobierno será la responsabilidad de lo que suceda.» Esas palabras no fueron del agrado del ministro y ordenó al general que se cuadrase. Armada pegó un taconazo y le pidió disculpas, retirándose, según Calvo Sotelo.
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A los pocos días, Armada volvería a tener otra discusión con Suárez en Zarzuela, en presencia del rey, a cuenta de cómo había caído en los cuarteles la legalización de los comunistas. Así es como lo recordaba: