Supongo que el director general de la Inspección, José Pérez, no negará algún día una conversación que mantuvo poco después de la intervención con Enrique Lasarte. Este último, al ver que en el acto de intervención se decía que habíamos obstaculizado la labor inspectora, le preguntó al señor Pérez cómo podía decirse eso cuando él conocía perfectamente hasta qué punto nuestra actuación había sido transparente, posiblemente la más transparente de la banca española. Pérez le contestó: «Son cosas de abogados, que dicen que tienen que hacer esto para defenderse». Esto es rotundamente cierto y demuestra muchas cosas. No solo el talante personal de algunos, sino, además, hasta dónde ha llegado el Banco de España.
Tres meses después del acto de intervención tuve ocasión de hablar con un banquero europeo. Es un hombre serio y al que conozco desde hace muchos años. Su opinión era muy clara: «Cuando en la banca internacional vimos lo sucedido en España, solo pudimos justificarlo por dos posibles hechos: primero, que junto con J. P. Morgan hubieran ustedes montado una estafa internacional en el proceso de ampliación de capital, lo cual era imposible puesto que tanto J. P. Morgan, como el señor Conde, como el resto del Consejo de Banesto habían invertido dinero en ella y nadie está dispuesto a perder dinero por el mero placer de hacerlo, y segundo, que hubiera culminado con éxito una investigación policial demostrando que el anterior Consejo utilizaba los fondos del banco en operaciones de narcotráfico o que se había apropiado de la caja del banco. Por ello —me insistía el banquero—, supuse que en la semana siguiente, como máximo, al acto de intervención se habría dado de forma terminante una explicación a la opinión pública de una de las dos alternativas. Cuando vimos que transcurría el tiempo —y hoy la explicación ya no puede producirse por excesivamente tardía, me insistió— y nada sucedía, solo pensamos en qué motivos políticos habían sido los determinantes de la actuación del Banco de España».
Ignoro cuál será el estado de la opinión pública en los momentos en que redacto estas líneas. Desde entonces hasta hoy han ocurrido muchas cosas. La primera, que a pesar del énfasis puesto en la autoridad moral del Banco de España garantizando los depósitos, la retirada ha sido masiva y constante y en ningún momento se ha conseguido atajar. Las cifras oficiales siguen siendo un secreto, pero se ha manejado la cantidad de un billón de pesetas como montante total retirado por los clientes de Banesto. Eso demuestra, ante todo, que el depositante no creía suficiente en la garantía dada por el Banco de España, lo cual de por sí ya es muy significativo. Pero sobre todo demuestra el daño que el acto de intervención ha producido sobre el nombre Banesto. Desgraciadamente, durante mucho tiempo ese nombre permanecerá vinculado a un acto de autoridad que muchas personas de este país siguen pensando que, en todo o en parte, fue adoptado por razones políticas.
Posteriormente, hubo necesidad de cambiar las leyes para ajustarlas a los deseos del Banco de España, concretamente la legislación sobre opas y la reguladora del Fondo de Garantía de Depósitos. No creo que necesite mucho tiempo y gran cantidad de ciencia para que el lector perciba que la seguridad jurídica exige no cambiar las normas preexistentes con el propósito de hacer buena una decisión anterior. En eso consiste precisamente la seguridad jurídica. Pues bien, en el caso Banesto, tales leyes se cambiaron y en nuestro país nada sucedió, a pesar de que internacionalmente lo que estaba ocurriendo resultaba insólito e incomprensible para muchos.
La suspensión de la cotización de las acciones de Banesto, acordada el día 28 de diciembre de 1993 y que —según el gobernador Luis Ángel Rojo— había sido la razón para suprimir el plazo que me había concedido esa mañana, se mantuvo por mucho tiempo. Desde ese día, las noticias que los medios de comunicación social transmitían tenían que producir un impacto fuertemente negativo en los accionistas de Banesto, que, lógicamente, estarían preocupados por su inversión, dado que las expresiones de «agujero», «operación acordeón», etcétera, aparecían diariamente en la prensa. Es más: antes de producirse la reapertura de la negociación, el Banco de España había planteado su plan de saneamiento como una especie de ultimátum: o se acepta por los accionistas o se disuelve Banesto. ¿Por qué? Porque, según el Banco de España, Banesto había perdido su capital y reservas, que es lo mismo que decir que el banco no valía nada. Poco importa que Luis Ángel Rojo, en su comparecencia del día 30 de diciembre de 1993 ante el Parlamento de la nación —como ha quedado recogido anteriormente—, sostuviera —con razón— que Banesto tenía un volumen importante de recursos propios, fuertes plusvalías inmobiliarias... Ahora lo «oportuno» era decir que Banesto no valía nada.
Por ello era tan importante lo que sucediera el día de la reanudación de la cotización: primero, era lógico pensar que el colectivo de accionistas estaría aterrorizado por las informaciones recibidas y, consiguientemente, lo normal hubiera sido que se produjera un pánico vendedor casi a cualquier precio; segundo, porque había que comprobar si el mercado refrendaba o no esa posición del Banco de España de que Banesto no valía nada. La «operación acordeón» —reducción del valor nominal de las acciones— se había saldado con la fijación del valor nominal de tales acciones en 400 pesetas y aun ese valor era una especie de concesión «gratuita» que se hacía a los accionistas de Banesto. Por cierto que, según distintas fuentes, parece ser que el presidente del BBV, señor Ybarra, insistió de forma constante en que las acciones de Banesto debían situarse en el valor nominal de una peseta...
Pero existía el riesgo potencial de que el mercado no aceptara las conclusiones del Banco de España. Ciertamente, después de todo lo sucedido, era muy escaso, pero supongo que lo tomaron en consideración. Y lo comprendo, porque no era nada bueno para el Sistema que las acciones de Banesto cotizaran por encima de las 400 pesetas que constituían la «verdad oficial» del Banco de España. Lo cierto es que, la noche anterior a la reanudación de la cotización, el presidente de Banesto nombrado por el Banco de España apareció en televisión afirmando que el «verdadero valor» de las acciones no debía superar las 400 pesetas.
No quiero que el lector vea en mis palabras una descalificación del señor Sáenz, puesto que ha cumplido un mandato del Banco de España. Pero lo cierto es que apareció en televisión y estoy seguro de que el presidente de Banesto nombrado por el Banco de España era consciente de la gran responsabilidad que asumía al pronunciar aquellas palabras. Eran cientos de miles de accionistas nacionales e internacionales los que esperaban un mensaje, una señal, algo que les indicara en qué niveles de precio podían situarse sus acciones, dado que al día siguiente tenían que tomar la decisión de comprar, vender o permanecer inactivos. No se trata solo de que, en cualquier circunstancia, la aparición del presidente de una sociedad para decidir cuál es, a su juicio, el valor de sus acciones es algo muy importante. La verdad es que, con todo lo que había sucedido, esa comparecencia tenía un valor exponencial y una responsabilidad que participaba de la misma característica.
¿Obedeció Alfredo Sáenz al Sistema? ¿Apareció en televisión «por orden» del Banco de España? No lo sé, aunque lo sensato es suponer que sí, sobre todo porque el ministro de Economía, señor Solbes, en la resolución del recurso interpuesto por los antiguos consejeros de Banesto, dijo que las personas nombradas por el Banco de España en Banesto eran «meros agentes ejecutores de la voluntad del Banco de España». Por tanto, si hacemos caso al ministro de Economía, parece lógico que esa comparecencia televisiva fuera algo acordado o, al menos, aprobado por el Banco de España.
Pero ocurrió lo inesperado: el mercado no aceptó el valor propuesto por el presidente de Banesto nombrado por el Banco de España. Tampoco se produjo el «pánico vendedor» que hubiera sido lógico a la vista de las circunstancias. Las acciones de Banesto cotizaron en el entorno de las 800 pesetas. ¿Hubo algún intento desde Banesto para vender acciones y tratar de bajar artificialmente el precio? No lo sé. Lo único cierto es que el mercado aceptó ese precio de 800 pesetas por acción, lo cual significaba rechazar el juicio del Banco de España de que Banesto no valía nada. Hacerlo en tales circunstancias es casi un comportamiento heroico. Primero, fueron los depositantes de Banesto los que no consideraron suficiente la garantía del Banco de España y retiraron su dinero. Ahora, el «mercado», ese ente abstracto del que tantos hablan y en el que tan pocos creen, rechazaba el valor oficial del Banco de España. Eso solo podía responder a una lógica: el mercado creía que las cifras de «saneamiento» aludidas por el Banco de España no eran ciertas, puesto que en otro caso no hubiera estado dispuesto a pagar ese precio. Recuerde el lector que en aquellos momentos no se sabía cuál sería el destino del banco ni había entrado en liza el Banco de Santander. Era el mercado frente al Sistema.
Este dato me parece de importancia: imagínese el lector que la intervención de Banesto hubiera sido acordada en un momento en que los controles al mercado hubieran seguido subsistiendo, sobre todo en el plano concreto de la legislación extranjera. Teniendo en cuenta que el volumen de dinero que se mueve diariamente en la Bolsa española no es muy elevado, ¿habría sido muy difícil poner de acuerdo a los bancos españoles para que destinaran algún dinero al efecto de conseguir que el precio de las acciones de Banesto se ajustara al «valor teórico» explicitado por el Banco de España? La verdad es que no. Pero, queda la siguiente pregunta: ¿habría sido efectivo? Después de seis años de experiencia bancaria, conociendo como conozco los mecanismos de formación de precio en la Bolsa española, creo sinceramente que sí. Entonces, estando en juego la credibilidad del Banco de España y conociendo que el precio del mercado podía afectar al juicio global sobre la intervención de Banesto, ¿por qué no se intentó?
Yo no sé si se intentó o no. Dos cosas son ciertas: primera, que el presidente de Banesto nombrado por el Banco de España trató de conseguirlo; segunda, que el Banco de España siguió la misma conducta, porque el propio gobernador, después de ver el precio fijado por el mercado, advertía que 800 pesetas por acción era un precio muy caro para Banesto. Pero el mercado siguió terco, constante, incansable en la fijación del precio, a pesar de que el presidente del BBV declarara en su Junta de Accionistas que, a 400 pesetas por acción, Banesto era muy caro, lo cual era lógico puesto que, como informaba antes, según algunas fuentes, había intentado que las acciones de Banesto tuvieran el valor nominal de una peseta...
El Sistema funciona de manera perfecta cuando se ajusta a un modelo cerrado. Pero estábamos en Europa y en una economía abierta y, en tales condiciones, más o menos perfectas, aparece el «mercado». Ya he explicado anteriormente que la asunción por algunos teóricos del Sistema de los planteamientos de corte liberal es epidérmica, formal, superficial. Por ello supongo que tuvieron alguna precaución con el mercado, pero tampoco un respeto excesivo. Sin embargo, el mercado, como digo, actuó y su efecto fue romper una línea de continuidad que había seguido el acto de intervención desde el 28 de diciembre. La noticia tenía su importancia, no tanto por el valor de la acción sino por lo que significaba como juicio al Banco de España. Toda la prensa destacó en portada la noticia.
En páginas anteriores quedó expuesto, mediante la trascripción literal de las palabras del ministro y del gobernador, que el fin de la intervención era mantener al Banesto independiente. Poco importa a estos efectos, como antes razonaba, que se tratara de una declaración formal, táctica, o que, efectivamente, respondiera a un convencimiento profundo de las autoridades que habían decidido intervenir. Lo cierto es que los hechos convirtieron ese designio, en caso de que hubiera existido, en algo imposible.
Es indudable que existieron movimientos en esta dirección y que se trató, incluso, de buscar un conjunto de bancos o cajas de ahorro que pudieran comprar Banesto. La pluralidad de propietarios era una fórmula para garantizar, al menos teóricamente, la independencia de Banesto en cuanto institución financiera. Pero no fue posible. El culpable de ello tenía un nombre: el mercado. Los depositantes habían retirado del banco cifras ingentes, lo que dotaba al balance de Banesto de una indudable fragilidad si pretendía continuar por sí solo. Sencillamente, no se podía correr ese riesgo.
La verdad es que me interesan muy poco los posibles movimientos previos a la adjudicación. Pero sí me importa resaltar un dato: el destinatario final fue el Banco de Santander, que ofreció un precio de casi 800 pesetas por acción. ¿Por qué Argentaria solo ofreció 570 pesetas? ¿Hubo presiones políticas derivadas del hecho de que ello podía suponer una nacionalización implícita del banco? No lo sé, aunque es posible que así fuera. ¿Se tuvo miedo al rechazo que hizo el Partido Popular de esta posibilidad? No creo que eso influyera lo más mínimo. ¿Por qué el BBV ofreció casi 700 pesetas cuando su presidente había afirmado que a 400 pesetas Banesto era muy caro? Supongo que había motivaciones de orden «extraño» con las que no me parece legítimo especular. Lo que sí es cierto es que el BBV era el «candidato» del Banco de España. Esta conclusión no la deduzco del hecho de que fueran personas del BBV quienes se hicieron cargo, desde el primer momento, de la administración de un Banesto intervenido. Eso, lógicamente, quiere decir mucho. Pero hay algo todavía más claro: Miguel Martín, subgobernador del Banco de España, me insistió en que su candidato era el BBV.
Verdaderamente el BBV aceptó asumir una gran responsabilidad en todo este asunto, no solo coparticipando de la decisión sino, además, enviando a un equipo de diecisiete personas para hacerse cargo inmediatamente de la gestión de Banesto intervenido. Es difícil entenderlo, salvo que existiera una especie de acuerdo previo para que el BBV comprara Banesto y, además, a un «precio razonable». Esta hipótesis cuadra con la designación del BBV como «candidato» del subgobernador y también, en cierta medida, con las presiones de Emilio Ybarra para reducir el valor de las acciones de Banesto. En algunas personas late la idea de que esta actitud es debida a un cierto impulso psicológico de superar el fracaso de la opa del Bilbao sobre Banesto. A mí no me parece este libro un lugar adecuado para especular con este tipo de motivaciones. Lo cierto es que el BBV asumió la gran responsabilidad en este tema y, sin embargo, el Banco de Santander ha sido el adjudicatario final de Banesto.