Hay Alternativas (5 page)

Temas hoy aceptados en los mercados laborales europeos como, por ejemplo, cogestión empresarial, han sido desechados como impracticables. Y la solución del elevado desempleo ha sido siempre, por parte de la gran patronal, facilitar el despido, lo cual ha creado resistencias comprensibles del movimiento sindical.

En el sector financiero ha prevalecido una articulación excesivamente protegida y privilegiada que ha permitido que la banca mantenga un poder y una influencia sobre el conjunto de la economía y las instituciones muy desproporcionado en comparación con el de los países de nuestro entorno.

Finalmente, y a pesar de las reformas de los inicios de la democracia, el sistema fiscal no ha podido quitarse de encima el histórico rechazo de las clases pudientes españolas hacia los impuestos, lo que ha dado lugar a que el sistema haya evolucionado hacia la regresividad y la insuficiencia justo cuando más necesario hubiera sido alcanzar dosis elevadas de equidad, eficiencia y suficiencia.

Déficit social
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Otra herencia del franquismo fue la escasa dotación de recursos para la protección social y la gran debilidad de las estructuras del bienestar colectivo. Aunque los pactos de la transición y el relativamente rápido acceso al gobierno del partido socialista permitieron ampliar estructuras de bienestar de gran alcance, en ningún momento han dispuesto de la financiación que hubiera sido necesaria para garantizarles su consolidación.

Y esta insuficiencia es la que provoca la idea tan generalizada de que nuestro sistema de servicios públicos funciona mal y que hay que revisarlo.

Hay que tener en cuenta que la dictadura no sólo fue un régimen políticamente represor de las libertades sino también profundamente regresivo en materia de derechos sociales y protección social, de modo que al morir el dictador España se encontraba muy por debajo de los estándares europeos de bienestar social, arrastrando déficits muy considerables en materia educativa, de innovación, en protección social o en infraestructuras y capital colectivos, como analizaremos con más detalle en otro capítulo.

De hecho puede decirse que el Estado del Bienestar (educación y salud universal, protección a las familias, al desempleo...) era muy pobre en España en 1975, cuando murió Franco, así que los primeros gobiernos de la democracia tuvieron que articular esas estructuras de bienestar justo en una coyuntura marcada por las restricciones presupuestarias, por la imposición de una lectura ultraliberal de la política económica en todos los espacios internacionales y con una fuerte presión ideológica en este sentido dentro y fuera del país.

Débil y traumática vinculación de la economía española con el exterior

La economía española se fue abriendo al exterior a partir de 1959, en plena dictadura, pero lo hizo de modo muy dependiente y condicionado por el predominio de un modelo productivo atrasado y que sólo resultaba competitivo mediante los bajos salarios y los favores administrativos que la dictadura ofrecía con generosidad a grandes empresas y multinacionales.

En esas condiciones nuestro equilibrio exterior dependía de la entrada de divisas que proporcionaba la creciente especialización en la oferta de servicios turísticos. Y puesto que esta vía resultaba a la postre insuficiente había que recurrir periódicamente a la devaluación de la moneda
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La llegada de la democracia coincidió también con una nueva fase de apertura al exterior que hubo que afrontar sin haber podido consolidar con anterioridad un modelo productivo sustancialmente distinto al de la dictadura. Por ello, la incorporación primero a la Comunidad Europea y más tarde a la unión monetaria supusieron también un impacto muy grande en nuestra economía. Podríamos decir que tuvimos que ponernos un traje de otra talla sin haber cambiado antes nuestro tamaño y eso tuvo efectos desiguales. Por un lado, hizo posible que la economía y la sociedad españolas disfrutaran de una entrada de fondos muy importantes que han permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de recursos (disfrutamos de un traje nuevo). Pero, por otro, ha puesto en manos del capital extranjero los mejores activos de nuestra economía, hasta el punto de que el capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran importancia estratégica (el traje nuevo no nos sentaba bien porque no era de nuestra talla). Y además ha limitado casi totalmente la capacidad de maniobra interna al someter la política económica nacional a los dictados de las decisiones dominantes en Europa que lógicamente responden más bien a los intereses empresariales de los países más poderosos, Alemania y Francia. Todo ello ha consolidado el modelo productivo tradicional dependiente y muy poco competitivo.

En particular, la entrada de España en la Zona Euro impide que el ajuste exterior al que obliga nuestra escasa competitividad se pueda llevar a cabo a través de la devaluación como se había hecho tradicionalmente.

Podríamos haber resuelto ese problema especializándonos en otro tipo de actividades y mejorando nuestra calidad y nuestra productividad. Pero eso hubiera requerido políticas públicas más potentes e impuestos más altos. Algo que nunca desearon las grandes empresas que han querido competir en los mercados internacionales y que optaron, por el contrario, por competir bajando los salarios. Pero, a pesar de que éstos han sufrido un proceso constante de contención (España es el único país de la OCDE en donde no se produjo crecimiento real de los salarios entre 1995 y 2005), esta vía de ajuste ha sido insuficiente para proporcionarnos bastantes ingresos (porque como veremos en otro capítulo es una vía empobrecedora) y eso dio lugar a que el déficit exterior de España se haya disparado en los últimos años hasta llegar a ser el más alto del mundo en términos relativos.

Gran desigualdad

Finalmente hay que subrayar que de la dictadura que rigió en España de 1938 a 1978 se heredó igualmente una gran desigualdad, tanto entre territorios como entre personas, como consecuencia no sólo de la carencia de políticas y estructuras redistributivas, sino sobre todo de la carencia de capital social dedicado a la formación y la innovación, del predominio de un modelo productivo dependiente y desvertebrado y de la propia ausencia de democracia.

En definitiva, podríamos decir que la dictadura nos dejó de herencia una economía y una sociedad muy sometidas a grupos de interés económico y financiero muy reducidos pero muy poderosos, y un tejido productivo demasiado débil también dominado por grandes empresas y bancos con una influencia política conquistada en la dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad. Basta ver, por ejemplo, que los grandes apellidos de la vida económica, banqueros y empresarios, los que ahora cita el presidente Zapatero para pedirle ayuda frente a la crisis o los que van a ver al Rey para proponerle sus soluciones, son prácticamente los mismos del franquismo, o que los mayores perceptores de ayudas agrarias de la Unión Europea en España siguen siendo la familia Mora.

Figueroa Domecq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la Compañía de Jesús...

Las circunstancias y los factores que acabamos de mencionar constituyen residuos de la atrasada y corporativizada economía del franquismo que todavía no han desaparecido del todo de la economía española actual y que incluso, en algunos casos se han agudizado en la democracia como consecuencia de la aplicación sin contrapesos de las políticas neoliberales.

Esto es lo que ha ocurrido desde 1993, fecha que inició el proceso de integración de España en la Unión Europea, con la reducción del gasto público social por habitante, primero (1993-1995) en términos absolutos y después (1996-2004) en términos proporcionales, creciendo el gasto público social en niveles más bajos que en el promedio de la UE-15, con lo cual el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente durante el periodo 19932004.

El euro se estableció en España a costa de su Estado del Bienestar, pues la reducción del déficit del estado se realizó primordialmente a base de transferir los fondos que hubieran ido a cubrir el déficit social, a reducir el déficit del Estado.

Finalmente las privatizaciones de empresas públicas han fortalecido el carácter oligárquico de nuestra estructura empresarial (pues en su mayor parte fueron a parar a los grupos privados de por sí ya más poderosos) o con la especialización de la actividad económica en torno a los sectores de las finanzas y la construcción gracias a la estrecha vinculación, que viene de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, entre el poder político, los banqueros y los constructores y promotores inmobiliarios.

Y, para colmo, sin que esas privatizaciones hayan producido ninguna «mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo» en las empresas que se privatizaron
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España se ha modernizado y se ha democratizado en estos últimos treinta años pero lo ha hecho manteniendo estructuras de poder muy asimétrico que a la postre no han permitido, por ejemplo, que se dediquen a financiar el bienestar los recursos necesarios. La economía española se ha debido incorporar a las condiciones generales que impone la globalización neoliberal y para ello se ha puesto a disposición de los capitales extranjeros que mediante la adquisición de numerosas empresas y el control de los canales de distribución han llegado a tener una posición de gran predominio en los sectores más decisivos de nuestra economía.

Pero, al mismo tiempo, no ha llegado a los estándares de bienestar y de protección que alcanzaron en su momento los países a cuyos niveles ha tenido que homologarse en poco tiempo.

Esa es la situación que uno de nosotros, Vicenç Navarro, ha caracterizado como de «bienestar insuficiente, democracia incompleta», que es causa y a su vez consecuencia de la combinación de todos esos factores y que en su vértice se traducen en un equilibrio de poder muy asimétrico entre las clases sociales
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Todos esos factores han consolidado un modelo productivo y de desarrollo socioeconómico que es el que está estallando ante nosotros coincidiendo con la crisis financiera mundial, cuyas principales características se podrían resumir en las siguientes.

Economía poco productiva y de poco valor añadido

La utilización más intensiva de la mano de obra se utiliza en actividades con muy poca innovación y de escaso valor añadido como principalmente la construcción, las vinculadas al turismo y los servicios.

Esta especialización está unida, a su vez, a otros factores que resultan también claramente determinantes de la situación en la que la economía española ha hecho frente a la crisis actual.

En primer lugar, un déficit histórico en recursos humanos cualificados y en formación que aún no se ha resuelto, como pone de relieve, por ejemplo, que en España sólo tengan educación secundaria completada, equivalente a bachiller o formación profesional, el 62 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 34 años frente a un 80 por ciento de media en los países europeos. Un factor que, unido al atraso que igualmente se sufre en inversión en I+D+i, provoca que la productividad del trabajo en España se haya mantenido prácticamente estancada en los últimos quince años.

En segundo lugar, un incremento muy importante de las mujeres en el mercado laboral que ha hecho que su tasa de actividad aumenta desde el 45,1 por ciento de 1996 al 60,2 por ciento en 2006 pero que, al no ir acompañado de suficientes políticas de igualdad y mecanismos legales efectivos contra la discriminación, ha provocado un descenso en el nivel salarial medio. Un fenómeno que, al añadirse a la entrada masiva de población inmigrante en los últimos años, ha permitido mantener los salarios en niveles excepcionalmente bajos, lo que ha incentivado el uso más intensivo y poco productivo de la mano de obra.

En tercer lugar, un mercado de trabajo en donde la asimetría a la que antes hicimos referencia ha propiciado unas condiciones de contratación muy favorables al gran empresariado y que se traduce sobre todo en una alta temporalidad (superior al 30 por ciento durante largos periodos) que explica los grandes vaivenes que el volumen de empleo y la tasa de desocupación sufren a lo largo del ciclo.

Así, España ha pasado casi sin solución de continuidad de crear 2,3 millones de empleos en 2004-2006 y estar a la cabeza de la creación de puestos de trabajo en Europa, a perder cientos de miles en unos pocos meses, algo que no es sólo característico de esta última crisis puesto que ya sucedió igualmente en la de 1992-1993 cuando en sólo dieciocho meses (desde julio de 1992 hasta diciembre de 1993) se destruyeron 734.000 puestos de trabajo.

En cuarto lugar, una gran dependencia del capital público y en concreto de decisiones políticas vinculadas a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y urbanística, así como de las facilidades fiscales y a la financiación externa al sector.

Los auges de la construcción en España han estado vinculados siempre a una fuerte complicidad y participación del sector público. En la primera etapa de gran expansión (1987-1992) fue el endeudamiento público y la potenciación desde el Estado de la obra pública en infraestructuras los que permitieron su expansión vertiginosa y en la última fase de crecimiento desorbitado hasta 2006-2007 gracias al endeudamiento privado y la construcción residencial. Y, en ambos casos, gracias a una legislación favorable cuidadosa y estratégicamente prediseñada y a privilegios fiscales de los que no se ha podido gozar casi en ningún otro tipo de actividad.

Pérdida de poder adquisitivo de los salarios y debilidad del mercado interno

En los últimos años se han ido aplicando políticas de contención salarial con la excusa de ser más competitivos y de luchar contra la subida de precios y de crear empleo.

Así, mientras que en 1960 la participación de los salarios en el PIB (al coste de los factores) era del 68 por ciento y en 1976 alcanzaba su máximo en los últimos 35 años con un 73,63 por ciento, en 2008 la participación descendió hasta un 60,21 por ciento. España es el único país de la OCDE en donde los salarios reales no han crecido en los últimos quince años.