Los demonios del Eden (19 page)

Joaquín Espinosa tiene antecedentes de explotación sexual de mujeres. Fue propietario de un pequeño centro nocturno de bailarinas exóticas desnudistas llamado “El Perico Marinero”; allí tenía a jovencitas cubanas a las que, según ellas mismas, traía de manera ilegal y mantenía recluidas en una casa de seguridad, al estilo de los dealers de bailarinas de table dance en todo el mundo. Lo anterior fue declarado por algunas de estas chicas ante la prensa años atrás; poco tiempo después de la publicación del reportaje, el centro nocturno cerró sus puertas. Este es el abogado de Succar Kuri en Cancún.

Gabriela, ahora de veintinueve años de edad, casada y con dos niños, asegura que fue víctima de Succar hace catorce años. Que la llevó una amiguita de la escuela, junto con otras ocho niñas. De esas ocho algunas se quedaron y fueron forzadas por Succar a llevar a otras niñas y niños. Ante la pregunta expresa de cuántos menores creen que Jean Succar y Gloria Pita llegaron a fotografiar, y a forzar a tener sexo para grabar videos en esos tiempos, Gabriela, con los ojos arrasados de lágrimas, calcula que quizá se trate de cientos de criaturas.

Gabriela se niega a hablar con las autoridades; ahora es una mujer casada, vive en una bella casa de la zona hotelera de Cancún y sus padres, quienes pertenecen a la alta sociedad cancunense yucateca, nunca supieron nada. Está convencida de que Succar es intocable. Luego de haber visto la tortura pública a la que la Procuraduría de Justicia sometió a Emma y las otras niñas y a sus mamás, ella se conforma con ir a consultar a su terapeuta a Mérida una vez al mes. Reza para olvidar y cuida a su hijo y a su hija de extraños y conocidos por igual. Según ella, nadie merece vivir lo que todas estas niñas y niños han pasado, pero el tema se considera tabú. Por eso ella rompió la tradición familiar y a sus criaturas les ha explicado lo que es el sexo y lo que es el abuso.

Cuando este libro va a la imprenta, es febrero de 2005. Jean Succar Kuri sigue preso en Chandler, Arizona. El juez David K. Duncan es el encargado de su juicio de extradición, bajo el expediente 04/M/6049. El abogado defensor de quien durante veinte años abusó de menores de edad, es Clark L. Derrik y pertenece al reconocido bufete de penalistas Kimerer Derrik. Pero Succar está bien protegido. Al mismo tiempo, en San Diego, California, la afamada firma de abogados expertos en extradiciones Goldberg Charles se encarga de intentar desacreditar las investigaciones de la PGR en México, aduciendo que el sujeto es inocente y todo es una trampa tendida por una jovencita ambiciosa y producto de la corrupción policíaca mexicana. Se sabe que desde prisión Succar ha logrado llamar a Emma, quien vive en la Ciudad de México.

En octubre de 2004, la joven explicó al personal del CIAM Cancún que Johny la buscó, que le aseguró que él saldría libre y que ella pagaría por su traición. Emma se escuchaba asustada y manifestó a su interlocutora que temía por su vida. Johny le ofreció que sus abogados la llevarían a San Diego para que declarara que todo era una mentira y que Leidy Campos había fabricado el delito. Se le explicó que eso sí era una mentira, que seguía siendo víctima de Succar, que había pruebas de todo y ya el tema había rebasado a Leidy Campos. Pero ella replicó que no, que Johny tenía amigos poderosos que no lo dejarían en prisión, que todo esto era una pesadilla y tal vez lo mejor era obedecerlo y pedirle perdón. Que si él se hundía se las llevaría a ella y a su mamá a prisión, porque podría comprobar que le arregló la casa a esta última. A pesar de que se le explicó que ésa es una de las estrategias de los pederastas para atrapar a sus víctimas y extorsionarlas, la joven no hizo caso.

—Tal vez lo mejor es que yo y mi familia nos protejamos y declaremos para que ya nos dejen en paz, ¡me van a volver loca, no sabes quiénes son ellos! —explotó antes de colgar el teléfono sumida en llanto.

Unos días después de esta conversación con Emma ya no se le pudo localizar en ningún teléfono de México. Desconocemos su paradero. Jean Succar sigue preso en Arizona y se espera su extradición para ser juzgado en México. Y uno de los tres hombres que, según Succar, es su protector y gran amigo, Miguel Ángel Yunes Linares, fue nombrado en enero de 2005, subsecretario de Seguridad Pública en nivel federal.

Con miras a que dieran su versión de los hechos, la autora solicitó por la vía oficial entrevistar tanto a Emilio Gamboa Patrón como a Miguel Ángel Yunes Linares. La petición fue denegada debido a las ocupadas agendas de los funcionarios públicos.

Sin embargo, en enero de 2005 Felipe González, reportero del diario El Universal, logró una entrevista con Yunes Linares. En la misma, éste se muestra molesto, niega las acusaciones y asevera que los documentos en que las niñas lo mencionan son apócrifos.

Existe una ley denominada Federal Protect Act, gracias a la cual cualquier ciudadano estadounidense, ya sea nacido, naturalizado, nacionalizado o residente (como lo es Succar Kuri), puede ser juzgado en apego a la ley de Estados Unidos por cometer el delito de abuso sexual infantil o de contratar turismo sexual con menores de edad. Durante los nueve años que esta ley ha estado en vigor, se ha encarcelado a una decena de sujetos.

Entre ellos se encuentra un hombre de cincuenta y cuatro años de edad, hijo del astronauta Walter Schirra, quien fue detenido por agentes federales en el aeropuerto de San Francisco cuando iba a abordar un avión hacia Tailandia donde solicitó un paquete de turismo sexual con niños.

El caso más sonado y reciente es el del magnate financiero Thomas White, de San Francisco, a quien se detuvo en Tailandia por tener sexo con niños pequeños, y está preso en Estados Unidos. White también espera el proceso de extradición a México, por haber abusado de varios niños de la calle para quienes abrió una “Casa hogar”.

El primer hombre convicto de conformidad con la ley contra el turismo sexual en Estados Unidos fue Marvin Hersh, profesor universitario de Florida, sentenciado en 2000 a ciento cinco años de prisión por abusar de cuatro niños en Honduras y llevar uno a su país.

Asimismo, John Seijan fue arrestado en octubre de 2003 cuando abordaba el avión hacia Filipinas para tener sexo prepagado por internet con dos niñas, una de nueve y otra de doce años de edad.

—Juzgar a Succar en Estados Unidos es posible, pero poco factible — sostiene Laurel Fletcher, profesor de derechos humanos de la Universidad de Berkeley, California—. El juicio en Estados Unidos resulta muy costoso, pues hay que reunir evidencias, siguiendo los protocolos de las leyes de este país. Pero, antes que nada, el caso debe ser atraído por algún abogado o abogada estadounidense.

Mientras tanto, México espera el juicio de extradición.

El general Macedo de la Concha prometió no dejar desaparecer el caso.

Quintana Roo espera justicia.

La corrupción e ineficacia de las autoridades son responsables de que miles de víctimas y testigos de delitos graves en este país prefieran guardar silencio, antes de enfrentarse a la torpe maquinaria de la policía judicial. El caso Succar es muestra fehaciente de ello. El testimonio de más de una veintena de mujeres y niñas que se acercaron a las organizaciones no gubernamentales, e incluso a periodistas, podría facilitar el encarcelamiento de delincuentes de la talla de Succar Kuri y las mafias que lo protegen. Pero la estigmatización y revictimización sistemática de las y los denunciantes son ejemplares. Por consiguiente, los delincuentes aprovechan esta inseguridad y desconfianza como elemento de inhibición de las víctimas, en pocas palabras, como alimento de la impunidad.

Las incontables amenazas que recibieron las víctimas, al igual que las organizaciones no gubernamentales que las protegieron, fueron ignoradas por las autoridades. En ocasiones el desgaste por las amenazas entorpeció las acciones necesarias para lograr que las niñas testificaran. Como sucede en la mayoría de los casos, la falta de liderazgo, confianza y respuesta de las autoridades judiciales, y del mismo gobierno del estado, favoreció al delincuente y a su red de apoyo. México apenas comienza a desarrollar reformas destinadas a proteger los derechos de las víctimas de delitos.

Uno de los factores fundamentales de la impunidad es la falta de una coordinación sistémica entre los eslabones de administración e impartición de justicia.

Eduardo Buscaglia, de la Oficina de Prevención del Delito de la ONU, asegura que la policía preventiva mexicana no tiene un rol adecuado, no sólo porque la policía judicial no la reconoce, sino porque no está preparada para prevenir el delito. Los múltiples cuerpos policíacos (de seguridad pública, judicial, federal preventiva, AFI, etcétera) están desvinculados, mantienen guerras de poder territorial y siembran gran desconfianza en la ciudadanía.

—Si en realidad se pretende hacer cambios sustantivos en la impartición y administración de justicia —asegura Buscaglia—, es preciso desarrollar un sistema de inteligencia preventiva e investigadora. No es posible que una subdirectora de Averiguaciones Previas someta a una víctima a enfrentarse con su agresor para arrancarle una confesión. Los cortocircuitos entre las diferentes policías mexicanas fomentan y facilitan la impunidad. Son varios los factores que fortalecen la relación entre el crimen organizado y la corrupción en el sistema judicial; está comprobado que en los países que bajan sus tasas de delincuencia, hay un mayor acercamiento de la justicia con la sociedad. Sabemos que hay grandes abusos de discrecionalidad delictiva, en esencia porque se utilizan criterios contradictorios entre un caso y otro, como lo admiten los propios agentes de la AFI que investigaban el caso Succar.

De acuerdo con Eduardo Buscaglia, de los casos recibidos por el ministerio público en México, noventa y siete por ciento muestra dilaciones indebidas. Una manera de combatir la discrecionalidad y la corrupción en los ministerios públicos es llevar a cabo una investigación patrimonial de las y los funcionarios, con el fin de medir los nexos de la delincuencia organizada, la policía y las fiscalías.

—La policía preventiva — dice el especialista— debe aplicar operativos de “ventanas rotas”, esto es, que el sistema reaccione eficazmente en “delitos menores” como la violencia doméstica, porque es allí donde se observa mayor impunidad.

Además de precisar capacitación con perspectiva de género para combatir el sexismo policíaco, se debe desarrollar un sistema de imparcialidad objetiva, en el que haya dos jueces, una o uno que controle las garantías de la víctima y otro que sea sentenciador. Así se combate la corrupción. Si bien el sexismo y la misoginia son aspectos culturales que lleva mucho tiempo desarraigar, algunas especialistas aseveran que se puede y debe establecer criterios objetivos de atención a víctimas de delitos de abuso y explotación sexual y todos los relacionados con el uso y abuso general del poder, que contaminan los procesos. Las constantes creaciones de “culpables falsos” de las procuradurías de justicia del país, como en el caso de las muertas de Ciudad Juárez, fortalecen a la delincuencia y son medidas políticas en extremo dañinas a largo plazo. México sigue sin utilizar recursos científicos como el estudio del ADN en sus investigaciones de diversos crímenes, entre ellos el abuso sexual, la violación y la violencia doméstica. Se recurre aún a criterios anacrónicos, meramente visuales, basados en el conocimiento (o desconocimiento) individual de quien valora a las víctima Hay un abuso de discrecionalidad latente por parte de los jueces con respecto a las pruebas, en particular en delitos de naturaleza sexual y con niños y niñas. Además, en la mayoría de los casos no se practican análisis técnicos de los expedientes para valorar las evidencias.

—México —opina Eduardo Buscaglia— es considerado por varios especialistas de prevención del delito de las Naciones Unidas, como uno de tantos países donde la delincuencia y la impunidad son alimentadas por la falta de institucionalidad policíaca, donde el valor de la vida, de la ciudadanía y del Estado se deprecian cada día más.

Este año se cumple una década de la celebración de la Conferencia de la Mujer en Pekín, en la cual se lograron acuerdos internacionales para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. La pornografía infantil, el abuso sexual, la violación y la explotación sexual involucrados en el caso Succar son muestra de que nuestro país dista de cumplir con los acuerdos signados con bombo y platillo ya por dos presidentes de la República: Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Aunque el tema es complejo y en él no aplica el reduccionismo, dado el número de víctimas y los personajes políticos involucrados, lo que suceda con este caso dará cuenta de la verdadera postura del Estado mexicano ante la explotación y el turismo sexual infantil inaugurado en este paraíso económico de la nación: Cancún, Quintana Roo.

El juicio de extradición es también una forma de tortura para muchas víctimas que han hablado y aún temen por su vida. Mirándolas a los ojos, luchando por mantener la serenidad, durante doce meses escuché sus tragedias personales, sus miedos y pesadillas. Sé que muchas más se mantendrán en silencio, por miedo a la humillación y al desprecio de los suyos, por miedo a ser maltratadas por las autoridades judiciales. Gracias a la valentía de quienes me contaron su historia, dibujamos un mapa de la infamia, pero también de la fortaleza y la valentía. Ellas también saben que los familiares cercanos de Jean Succar, que han lanzado amenazas, al igual que algunos de sus protectores, no se quedarán quietos. El crimen organizado difícilmente perdona a las y los esclavos que se le rebelan.

En tanto el México de “los niños y las niñas” no establezca políticas públicas de equidad efectivas y renueve el sistema judicial, cientos de niñas mexicanas son y seguirán siendo torturadas, violadas y entrenadas por hombres de poder para venderlas, fotografiarlas y entrenarlas con miras a convertirlas en bailarinas de table dance, en prostitutas, en actrices de cine pomo, ése que se vende en los hoteles de cinco estrellas, protegido bajo la suave mano de la ley.

Cuenta la historia que un niño pequeño caminaba con su padre por el traspatio del circo. El pequeño miró azorado a un gran elefante que se mantenía inamovible atado a una pequeñísima estaca que le unía la pata a una cadena, comparativamente diminuta al tamaño del paquidermo.