Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (21 page)

Para ello había que cuantificar el valor del nombre del estadio de El Madrigal. Recordaba su estudio que «no existen dos acuerdos iguales», que «el número de acuerdos es todavía pequeño» y que, como es lógico, «los beneficios del patrocinador» irán en consonancia a «los resultados que alcance el equipo que va a competir en ese estadio».

Tras estos prolegómenos nuevamente perogrullescos, el duque y su socio pasaron a calcular, a partir de su «valor de mercado», el de El Madrigal. Crearon una lista con algunos de los estadios que cuentan con patrocinador en España y en el extranjero y se limitaron a calcular la media. Colocaron en su lista al Reyno de Navarra, de Osasuna de Pamplona, al Ono Estadi del Real Mallorca, al Emirates Stadium del Arsenal inglés, al Reebok Stadium del Bolton Wanderers y al AOL Arena del Hamburgo alemán. Tras establecer la media de los importes de los acuerdos, el duque de Palma y Torres concluyeron que el
naming right
del estadio del Villarreal C. F. asciende a «3,6 millones de euros». Soltaron esta cifra como podían haber soltado otra cualquiera.

Y junto a este informe remitieron a Roig una factura. El concepto, «Valoración del impacto comercial y publicitario del Campo de El Madrigal». El importe, 696.000 euros. Del patrocinador, ni rastro.

Se lo pago porque es el yerno del rey, pero esto es una estafa —exclamó Roig al ver el recibo—. ¡Me han estafado!, ¡me han estafado! —no paraba de repetir el cuarto hermano de la saga empresarial valenciana que comprende Pamesa, Mercadona y un sinfín de sociedades a cual más rentable, todas hijas del negocio familiar original, Cárnicas Roig, propiedad del padre. Su indignación crecía por momentos al comprobar que ni se ponía en marcha la mencionada línea Valencia-Nueva York, básicamente porque era simple ciencia ficción, ni recibía una sola llamada de Urdangarin y Torres para ponerle al día de sus gestiones.

Roig solo volvió a recordar aquel encuentro cuando años después se dirigieron al club otros intermediarios para ofrecerle un servicio similar. Sus condiciones: 2.000 euros al mes durante seis meses. Y si conseguían el patrocinador, ya hablarían. Igualitos que Urdangarin y Torres.

Envueltos en esta vorágine de facturación desenfrenada, un colaborador directo de la pareja aprovechó una cena para darles un consejo, que se acabó convirtiendo en una incómoda premonición.

—Tenéis en vuestras manos a la gallina de los huevos de oro y solo os preocupa el margen de beneficio. Si descuidáis lo demás, os la vais a cargar.

Urdangarin y Torres escucharon silentes. No replicaron nada y siguieron a lo suyo.

El rey toma cartas en el asunto.

Adiós a Nóos… de mentirijillas.

Los mentideros de Palma hervían tras el fugaz paso de Iñaki Urdangarin por Mallorca para celebrar su flamante foro sobre turismo y deporte. Suele ser una regla infalible que cuanto más se intenta ocultar un asunto, más morbo e interés despierta. Y el coste para las arcas públicas de aquellas jornadas, bautizadas como Illes Balears Forum, se había convertido en uno de los grandes misterios de las últimas décadas en la comunidad autónoma.

Eran muy pocos los que conocían en el propio gobierno de Jaume Matas a cuánto ascendía el contrato suscrito con el Instituto Nóos así como la letra pequeña de su pliego de condiciones. Cualquier pista que contribuyese a desentrañar aquel misterioso acuerdo adquiría un valor incalculable. El expediente administrativo se encontraba guardado bajo siete llaves y se habían esquivado las reiteradas solicitudes aisladas formuladas por un diputado del PSOE balear, al que se le había metido entre ceja y ceja aquel evento.

De todo el arco parlamentario de las Islas, solo uno de sus representantes, el portavoz de los socialistas en la Cámara balear, Antoni Diéguez, se había tomado verdadero interés en este asunto. Ni los abiertamente republicanos de Esquerra Unida-Els Verds ni los radicales de Esquerra Republicana de Catalunya, ni los también independentistas del PSM, ni por supuesto los cleptócratas de Unió Mallorquina, que gobernaban en coalición con los populares, levantaron la voz. En un escenario como el balear, en el que el saqueo de las arcas públicas se ha practicado, en mayor o menor medida, por parte de todos los partidos cuando han tenido la posibilidad de gobernar, imperaba una especie de pacto tácito de no agresión. Una suerte de tangentópoli en versión balear.

Este acuerdo no escrito había alcanzado a la propia Fiscalía, que tenía por norma dar carpetazo a cualquier asunto de índole política. Fuera cual fuese el color de sus protagonistas. Esa fue la consigna durante décadas de este organismo, que consagró esta práctica durante el mandato de un mallorquín de la localidad de Petra, Bartomeu Barceló, aficionado al buen comer y al mejor beber, que abandonó desde el primer día sus obligaciones como fiscal jefe para emplearse a fondo en las relaciones sociales cuando no en las relaciones peligrosas con personajes ciertamente turbios. El Ministerio Público archivaba pues por igual los pagos con dinero público en un prostíbulo ruso de nombre Rasputín por parte de una delegación oficial del gobierno de Matas o la compra masiva de artículos de lujo, también con cargo al erario público, a manos de la histórica alcaldesa socialista de Calviá, Margarita Nájera, que llegó a abonar con la visa municipal regalos a su peluquera y a su depiladora particular. Le salió gratis total, pecuniaria y legalmente, gracias al tal Barceló. En la Mallorca de Matas y en la de su socia Munar no pasaba nunca nada e imperaba una quietud inquietante en la que, por sonado que fuera el escándalo, este acababa ahogado en un silencio siniestro. Una
omertà
más pacífica que otras pero no por ello menos repugnante.

Bautizado maliciosamente como el
Rubalcaba balear
, Diéguez, abogado y profesor de la Universidad de las Islas Baleares, provisto de un porte delgado y una barba rala que le otorgan una apariencia quijotesca, se había puesto manos a la obra decidido a romper este silencio vergonzante tras recibir el chivatazo de
El Mundo
.

—Ahí hay tomate, Toni, ¿puedes meter el hocico? —le advirtieron Eduardo Inda, a la sazón director de
El Mundo/El Día de Baleares
, y Esteban Urreiztieta, jefe de investigación del periódico que destapó no solo este sino todos los casos de corrupción de los años dos mil en las Islas.

El PSOE le había confiado siempre cualquier asunto de corrupción del PP por su condición de jurista y Diéguez se encargaba de recopilar el material y marcar la estrategia a seguir. Así lo hizo en dos de las grandes causas que impulsaron los socialistas contra Matas, el caso Bitel, en el que se acusó al presidente de espionaje informático para obtener información confidencial precisamente del Grupo Socialista, y en el caso Mapau, en el que se investigó el censo irregular de votantes del PP entre los emigrantes mallorquines en Argentina. Pese al archivo judicial de ambas causas, el PSOE, o mejor dicho Diéguez, llegó a la conclusión de que la fórmula más rápida de tumbar a los populares y reeditar un nuevo Pacte de Progrés en las Islas formado por un conglomerado de formaciones de izquierdas era abrir una vía de agua judicial con un gran asunto de corrupción. Los pagos al duque de Palma, a priori, y a falta de conocer los detalles, tenían muy buena pinta.

El diputado no evacuó ningún tipo de consultas a la dirección del partido a nivel nacional. Se limitó a husmear en los archivos de la comunidad autónoma haciendo valer su condición de diputado y fue atando cabos por su cuenta para no levantar la liebre y evitar así que le llamaran desde Madrid para que desistiera. Porque uno de los principales riesgos de poner sobre aviso a su partido era precisamente ese, el de que la investigación se abortase antes siquiera de comenzar.

El asunto adquiría especial interés al haberse convertido en un hecho probado que los ponentes que participaron en el grandilocuente congreso de apenas dos días de duración no percibieron un solo euro. Ni tan siquiera las estrellas invitadas, el tenista Rafa Nadal, que acababa de entrar en la élite a sus diecinueve años tras vencer en Roland Garros, y el futbolista camerunés Samuel Eto’o, mallorquín de adopción, percibieron una gratificación por su presencia. Por lo tanto, la parte teóricamente más importante del presupuesto, la destinada al pago de los ponentes, había quedado en blanco. «¿En qué se habían gastado entonces el dinero?», se relamía el portavoz socialista con su timbre de voz aflautado desde el despacho que posee en el edificio Minaco, la torre de oficinas que se levanta delante de El Corte Inglés Avenidas de Palma, en el centro neurálgico de la ciudad, y en el que custodia la información sensible.

La sensación por parte del ejecutivo de Matas de que algo se estaba removiendo en sus entrañas se materializó el 17 de febrero de 2006. Apenas tres meses después de la puesta de largo del Illes Balears Forum, la edición balear de
El Mundo
abrió en portada y a cuatro columnas con el detallado desglose del presupuesto de aquella cita. Dos días de conferencias le habían costado al contribuyente balear exactamente 1,2 millones de euros públicos. El diario sorprendía a todos abriendo decididamente este frente y aportando datos clave que contribuían a esclarecer el misterio.

La relación oficial de gastos no tenía desperdicio y era, como bien sospechaba Diéguez, difícilmente justificable a la vista del contenido de aquellas charlas. De las arcas del Gobierno balear habían salido 120.000 euros para el centenar de ponentes que no percibieron un solo euro y que se habían quedado por el camino. Otros 240.000 euros fueron dispuestos bajo el concepto «viajes, alojamiento y hospitalidad». En este apartado se incluyeron 170.000 euros para los desplazamientos y los hoteles de los expertos. Al igual que en el primero de los apartados, el destino final de los fondos públicos volvía a ser una incógnita porque esta cifra acabó siendo sufragada íntegramente por los patrocinadores. La compañía Air Europa entregó a Urdangarin y a Torres talonarios de vuelos por valor de 100.000 euros, con los que cubrieron el apartado de los desplazamientos, y la familia Escarrer, propietaria del imperio Sol Meliá, había corrido con la estancia de los invitados. Pero no solo eso, ya que había cedido gratuitamente al Instituto Nóos el centro de convenciones de su establecimiento Meliá Victoria, donde se llevó a cabo el evento. Bien, pues pese a que medió este obsequio, el ejecutivo de Matas desvió 15.000 euros para hacer frente al alquiler de una sala por la que no tuvieron que desembolsar un céntimo. Suma y sigue.

El interminable presupuesto proseguía con un apartado referente al pago de 30.000 euros para «el diseño y la construcción de mobiliario especial» y nada menos que 50.000 para la «subcontratación de los equipos técnicos y audiovisuales». Pero las partidas más escandalosas estaban todavía por llegar.

Se reservaron y desembolsaron 18.000 euros públicos para montar una página web de la que no existía ni existió jamás rastro alguno, 15.000 euros para mantenerla al día y para actualizar su base de datos, 14.000 euros para confeccionar «un libro de lecturas seleccionadas», 16.000 para «un libro de contenidos con las ponencias del fórum» y otro tanto para otra publicación «con los resultados de la investigación cualitativa». En este maremágnum de cifras hubo margen todavía para colar 6.000 euros más para la «publicación del resumen ejecutivo de contenidos», 5.000 euros extra para la publicación de «un
journal
[
sic
] científico electrónico» y 6.000 para un «observatorio de deporte y turismo». Salvo una escueta publicación que recogía las ponencias de los expertos, no se llevó a cabo nada más. Y, sin embargo, el Gobierno balear llegó a pagar todavía 40.000 euros extra a un «director de publicaciones» y 60.000 a unos «directores de proyecto y planificación» de los que tampoco nunca se supo.

Por haber, en el organigrama inflado de la primera edición del Illes Balears Forum había hasta un «responsable de logística» que nunca apareció, y para el que se reservaron 15.000 euros, y «operadoras telefónicas» que para que atendieran llamadas durante unas horas se les tenían adjudicados otros 200.000 euros.

Cualquier parecido de esta relación de gastos con lo que realmente aconteció empezaba a ser pura coincidencia. Ni aparecieron los responsables de publicaciones, ni hubo que pagar billetes de avión, ni alquilar el escenario, ni se recordaba a las telefonistas, ni hubo un solo usuario que entrara jamás en la página de Internet del evento porque directamente no pasó del estadio de los deseos al de la realidad.

Los fondos habían salido en grandes proporciones de las arcas públicas en dirección al Instituto Nóos por una infinidad de pretextos y coartadas que no se correspondían, ni por aproximación, con la realidad.

En medio de esta sangría de pagos quedó todavía margen suficiente para dotar 60.000 euros para un «responsable de prensa» que habría cobrado en dos días y medio más que el sueldo del director de comunicación del Gobierno balear en un año entero. Este debía haber estado acompañado de «una directora de comunicación» con un salario de 25.000 y de un «responsable de relación con la prensa» a razón de 15.000 euros. O sea, los expertos en comunicación mejor pagados de la historia: a razón de 20.000 euros diarios en el primer caso, de 8.500 el segundo y 5.000 el tercero. Salarios de futbolistas galácticos. Ni Zinedine Zidane, el mejor futbolista de la época, se metía en el bolsillo tanto dinero.

Y hasta se llegó a crear una curiosa figura, la de un encargado de «relacionarse con los expertos y ponentes», al que se asignaron todavía 25.000 euros más, cantidad que se quedaba pequeña al lado de la de un «director de la red de regiones» al que le correspondían 50.000 euros.

La lista la remataban pagos de 5.000 euros para envíos por correo y otro tanto para «materiales diversos». El fin último era cuadrar al céntimo la cifra de 1,2 millones de euros públicos que ya habían cobrado íntegramente el duque de Palma y su socio. Eso era lo único que quedaba claro, porque seguía siendo una incógnita en qué se había empleado realmente el montante total. Y la ley establece claramente que si en un contrato público con una entidad sin ánimo de lucro no se emplean los fondos al desarrollo del proyecto en cuestión, el dinero sobrante debe ser reintegrado de inmediato a las arcas públicas. Y que todos los fondos procedentes de los patrocinios han de ser descontados del importe adjudicado por la administración en cuestión o devuelto si se ha ingresado la totalidad de lo pactado.