Don Alfredo (49 page)

Pronto acumularía más información rotulada como CONFIDENCIAL Y SECRETA sobre Yabrán y su Grupo. Un informe de esa época, presumiblemente producido por la sección Contrainteligencia de la SIDE, vinculaba el atentado sufrido por el brigadier retirado Andrés Antonietti —el mismo que corrió a Zulema Yoma y sus hijos de la Residencia de Olivos— con una investigación sobre EDCADASSA. El extenso
dossier
denunciaba que el verdadero propietario de Villalonga Furlong era "un empresario, Alfredo Enrique Nallib Yabrán", entonces de cuarenta y ocho años de edad, quien se aprestaba —según los espías— a venderle al Estado sus acciones, para recomprar después la totalidad de los depósitos fiscales cuando éstos se privatizaran con el conjunto de los aeropuertos. El informe, al igual que otros del mismo tenor, consignaba datos sobre las empresas de Yabrán, reconocidas o no; adjuntaba nóminas de algunos directorios, y aportaba algunos datos sobre posibles maniobras de lavado de dinero y contrabando, que no figuran en ningún otro documento de este tipo.

Sobre la base de informantes del Mercado de Valores (MERVAL), Contrainteligencia
sugería
que la firma "Buenos Aires SA Sociedad de Inversiones", presidida por "un Sr. Esteban Macek", a quien vinculaba con Yabrán, recibiría dinero de origen no muy "visible y comprobable" para reingresarlo "al circuito legal" a través de "la compra de activos o valores". "Se ha indicado —decía el informe— que el dinero que ha ganado Yabrán en los últimos cuatro o cinco años sería muy difícil de poder reciclar en las empresas que él posee y que son legalmente constituidas." Páginas más adelante agregaba: "Las fuentes también han indicado que existiría una conexión entre el mencionado Yabrán y el economista colombiano León Elías Teicher (DNI 92.938.421) a quien algunas fuentes lo sindican como muy cerca del lavado de divisas. El mencionado Teicher es el presidente del directorio de la empresa UNISYS SUDAMERICANA SA la cual posee sus oficinas en la calle Maipú 267 piso 5° de Capital Federal. La mano derecha y operador de Teicher es Daniel Bomer, quien mantiene contactos fluidos con la Transportadora Juncadella, la cual algunos la sindican como controlada por Yabrán". Las menciones podían ser verdaderas, inexactas o falsas, como ocurre a menudo en el espionaje criollo —de hecho Amadeo Juncadella sigue negando airadamente que Yabrán controle su empresa— pero es sugestivo que siempre aparezca en las informaciones confidenciales —nacionales o extranjeras— el vínculo de Don Alfredo con sus orígenes. Porque UNISYS, casualmente, era la sucesora y reemplazante de Bourroughs en la Argentina.

Además de estos informes, que se irían multiplicando con los años, Cavallo creó su propia central de inteligencia y usó la estructura de investigaciones de la DGI para ir acumulando una montaña de datos, muchos más que los que figuran en el mamotreto de 383 carillas que descargaría sobre el escritorio del juez Jorge Urso cuando Yabrán lo querelló. Sin contar la información confidencial que le fue pasando Terence Todman; la misma que el
Virrey
negaba, con gesto displicente, a los altos bonetes del gobierno que le preguntaban con ansiedad sobre las posibles sospechas de Washington respecto de Yabrán y, por carácter transitivo, respecto de ellos mismos.

Al comienzo, el equipo que la DGI destinó a husmear en las empresas de Yabrán parecía diseñado por la imaginación de García Márquez. Luis María Peña, el discutido jefe de
Los Intocables,
que solía tomar copetines en La Biela con el juez Cruciani, tenía debilidades humanitarias por los discapacitados y puso tres abogados ciegos al frente de la investigación. Como la contabilidad del Grupo no estaba en el sistema Braile, los detectives pasaron ocho meses dentro de OCA sin encontrar nada irregular. Hasta que la bronca saltó por otro lado. Cuando el ANSES fue absorbido por la DGI, un funcionario del ente previsional denunció que OCA tenía —por lo menos— una deuda de cuatro millones de dólares. El equipo de
Los Intocables
fue entonces reemplazado por un grupo de inspectores de la sección Grandes Contribuyentes que, en apenas tres días, descubrió un agujero previsional de seis millones. Otros investigadores de Impositiva calcularon entonces que los pagos previsionales no realizados podían totalizar veinticinco millones y, si la investigación abarcaba los diez años que permite la ley, el cálculo podía ascender a la astronómica cifra de cien millones. Pero lo más interesante no era eso, sino el descubrimiento de las "facturas truchas", destinadas a burlar el pago de los aportes jubilatorios. Según los sabuesos de la DGI, se hacía figurar a varios choferes que revistaban en la plantilla, como si fueran comerciantes independientes (fleteros) que pasaban facturas por sus servicios. Las facturas, según los agentes, eran elaboradas en la propia empresa.

Las sospechas de los investigadores recayeron sobre el cuñado de Yabrán, Raúl Oscar Alonso (accionista de OCA, como su mujer Blanca Pérez y el sobrino de Alfredo, Fernando Bernabé Fiorotto) y sobre un contador de apellido Fiuso. Las direcciones de los presuntos "fleteros", chequeadas por los inspectores de la DGI, arrojaron resultados grotescos: en algunos casos se trataba simplemente de terrenos baldíos. Aparte de la deuda previsional encontraron facturas por operaciones que nunca existieron, libradas por empresas fantasmas (al estilo de otras que usó el Grupo como Diptifriti y Asociados, Héctor Eduardo Varela, TRETMISA, la Cooperativa de Trabajo VEN-SER, Venta y Servicios Ltda. y Binary System SA, que casualmente habían fijado domicilio en Paraná 597, 7° piso, donde funcionaba Bridees). A estas boletas, por supuesto, se les incorporaba el pago del IVA. No pasó nada. Todo quedó en agua de borrajas. Como las ocho causas judiciales iniciadas contra otras empresas del Grupo (OCASA, EDCADASSA, Interbaires SA y las tres Zapram) incoadas en el Fuero Penal Económico por violación a la ley tributaria y evasión del IVA y el impuesto a las ganancias. El fuero Penal Económico era, por cierto, una debilidad de Don Alfredo. A él había pertenecido uno de los juristas que llegaría a ser "cerebro" de su Central de abogados en los tiempos duros del caso Cabezas: Pablo
el Petiso
Medrano.

La realidad volvió a superar a la ficción, cuando los detectives de la DGI descubrieron que ciertas firmas vinculadas con el Grupo, como las tres Zapram, le pasaban facturas voluminosas por sus servicios a otras empresas del mismo patrón, como EDCADASSA. También acusada de evadir un millón y medio de pesos usando "boletas truchas". Las tres Zapram, a su vez, "dibujaban" sus gastos para "reducir el crédito fiscal", usando también boletas y comprobantes convenientemente falsificados. La DGI le reclamó judicialmente casi cuatro millones y medio de pesos a Zapram SA; casi diez millones a su hermana Zapram SRL, y tres millones seiscientos mil a Zapram Technical, que se dedicaba a la tecnología de punta para pinchar teléfonos y a la venta de equipos de seguridad e inteligencia. Las tres empresas, que estaban jurídicamente separadas, pidieron la quiebra casi simultáneamente, entre el 10 y el 15 de noviembre de 1993. Pero lo más llamativo es que unos días antes, el 24 de octubre, sus directivos intercambiables habían cargado un "móvil" con los libros de contabilidad de las tres, los comprobantes de gastos y pagos a proveedores, las declaraciones de impuestos y cargas sociales, la computadora y los disquetes donde venía toda la información contable... y justo les fueron a robar ese vehículo en un asalto a mano armada que hubiera hecho palidecer de envidia a Quentin Tarantino.

Y, así, debido a ese robo providencial que Cavallo calificó como "grosero ardid", se declararon incapaces de afrontar sus compromisos de pago y fueron a la quiebra. Mientras tanto, sus "clientes" EDCADASSA, Intercargo e Interbaires se quedaban con el crédito fiscal de las quebradas. Tampoco hubo que llorar por la mano de obra desocupada, que encontró trabajo de inmediato en Bridees y Orgamer y en dos empresas lideradas por Donda Tigel y Dinamarca, que vendieron equipos electrónicos, chalecos antibalas y elementos para la represión a la Policía Federal y a la Bonaerense: Servicios Quality Control y Tecnipol SA. Esta última empresa, incluso, edita un
house organ
del mismo nombre.

Además de los informes de la DGI y los partes de inteligencia propios y ajenos, Cavallo comenzó a reunir información del enemigo a través de todos los que habían quedado heridos y desplazados por el irresistible ascenso de Don Alfredo. Entre ellos había gente de fuertes nexos con el
establishment,
como Ricardo Armando Giacchino, de DHL, que acudió a verlo junto con su asesor Roberto Alemann, ex ministro de Economía del dictador militar Leopoldo Fortunato Galtieri. Alemann era un peso pesado en la City porteña. Tenía excelentes relaciones con la embajada de los Estados Unidos y, al igual que su hermano Juan, representaba poderosos intereses extranjeros. Menem solía escucharlo con la particular unción que reservaba a los enemigos jurados del viejo peronismo y alguna vez llegaría a especular con su nombre para un eventual reemplazo del díscolo
Mingo.
Como todos los miembros del
establishment
—con la única excepción de Franco Macri—, Alemann detestaba a ese recién llegado que era Yabrán. Y no tuvo inconveniente en acompañar a Giacchino para avalar su denuncia, que Cavallo escuchó con inocultable deleite.

Se avecinaba la etapa decisiva de la guerra. Todo lo ocurrido hasta ese momento habían sido simples escaramuzas.

Con la transformación de ENCOTEL en ENCOTESA y la hábil gestión de Haroldo Grisanti y su segundo, el abogado Alfredo Castañón, Cavallo dio un paso decisivo en su estrategia privatizadora y en su guerra, todavía secreta, contra Alfredo Yabrán. Y lo hizo, paradójicamente, con medidas "estatistas" que favorecieron a la empresa pública en desmedro de los correos privados del Grupo. Eso vino a demostrar —en contradicción con la ideología del Ministro— que no es ontológicamente imposible que las empresas estatales presten bien su servicio público y además ganen buen dinero. Sólo que para Cavallo esa eficiencia no era un fin sino un medio para vender mejor el correo, preferentemente a los extranjeros, que según su óptica son más serios que los nacionales.

Se dictó, entonces, el famoso decreto de desregulación que permitía el ingreso al mercado postal de cualquier correo privado que cumpliera con requisitos básicos para operar y se autorizó a las empresas y a los particulares en general a "autoprestarse" un servicio de correspondencia interna si era de su conveniencia (algo que estaba prohibido por la vieja ley de Correos, que establecía el monopolio estatal absoluto para cualquier clase de correspondencia). El decreto también anuló el canon equivalente a una estampilla de carta simple que antes debían pagar los permisionarios. El mercado se activó con la entrada de numerosas empresas medianas y pequeñas y los precios, tal como esperaba Cavallo, "se desplomaron". Por iniciativa del propio Ministro, el decreto incorporó a último momento una cláusula que disponía la exclusividad para ENCOTESA de los servicios postales que demandara el sector público nacional, incluyendo a la Municipalidad de Buenos Aires que entonces todavía dependía de la administración central. Cavallo consideró que "así se cortaba de cuajo la práctica de los años anteriores, de hacer licitaciones que excluían al correo oficial, y en las que los participantes se ponían de acuerdo para terminar cobrando precios exorbitantes".

Los abogados del Grupo tuvieron trabajo adicional. Los tribunales comenzaron a llenarse de reclamos contra el artículo que garantizaba la exclusividad a ENCOTESA y en algunos casos lograron que algunos jueces aceptaran recursos de amparo a su favor. Los diarios se beneficiaron con una oleada de solicitadas de la Unión de Empresas y Servicios (UDES) protestando contra la famosa cláusula. La UDES tenía su sede social en un edificio que pertenecía al Grupo Yabrán. Pero Cavallo no podía desatender livianamente sus críticas porque era un grupo de presión fuerte, integrado por entidades empresarias de peso como la Asociación de Bancos Argentinos. Entonces el Ministro decidió reunir a los directivos de la Unión para explicarles los beneficios que esperaba del decreto. La mayoría de los asistentes lo escuchó en silencio, pero Nelson Pozzoli, presidente de OCA y de la Cámara de Correos Privados, pidió la palabra para quejarse. Cavallo replicó que el grupo al que pertenecía OCA se "había cartelizado" en perjuicio de los usuarios y del sector público. Pozzoli, a su vez, argumentó que OCA no pertenecía a Yabrán a quien él, por otra parte, ni siquiera tenía el gusto de conocer. Respuesta que encendió la ira, siempre a flor de piel, de Cavallo.

—No mienta —gritó el Ministro—. No mienta porque en este mismo despacho el señor Yabrán me dijo que era suya. Y lo mismo me dijo el padre Martorell. ¡En este mismo despacho!

Después del incidente recibió de uno de sus asesores de inteligencia un dato que le hubiera venido al pelo para la discusión: antes de presidir OCA, Pozzoli había integrado el directorio de OCASA, que Yabrán reconocía como propia.

El Grupo sufrió importantes quitas en sus ganancias. Según Guillermo Cherasny, un ex oficial de Inteligencia (In–2) devenido periodista en 1988, las distintas empresas "cartelizadas" sufrieron una merma, en conjunto, de cinco millones de pesos mensuales. OCASA solamente ingresó un millón menos cada mes. Dos años más tarde, Wenceslao Bunge declararía a la revista
Noticias
que OCASA había facturado setenta y dos millones de dólares menos en 1995, el año de la denuncia de Cavallo en el Congreso. Como el bolsillo es la víscera más sensible del hombre, la respuesta no se hizo esperar. Y vino desde varios frentes a la vez.

En la feria de vanidades del menemismo, ocupaba todavía el papel del Gran Comunicador. Aún no había comenzado el terrible descenso del
rating
que lo llevaría un día a sentarse, melancólico y resentido, ante un televisor donde ahora reinaba Mariano Grondona, a quien él mismo había introducido en la adrenalina de los estudios y las cámaras. En aquellos años, Menem lo mimaba y "lo llamaba a Olivos" para consultarlo. Los ministros y los variados alcahuetes de la fauna oficial lo adulaban y temían. Como Yabrán, no había hecho su carrera en el menemismo, sino en los años sombríos de la Argentina militarizada, pero había encontrado en la caricatura plebeya del roquismo el
hábitat
ideal para desplegar al máximo sus potencialidades y dirigir la versión finisecular de
Cambalache
ante una orquesta de arribistas y logreros. ¿Acaso él no había sacralizado la unión del "justicialismo" con los chicos bien de la
UCEDÉ,
en un 17 de Octubre a la inversa?