Historia Del País Vasco (13 page)

Preocupada por la educación, creó Escuelas de letras menores, en Vitoria, Loyola, Bergara, San Sebastián y Bilbao, y el Real Seminario de Bergara, el primer centro de enseñanza técnica superior en el País Vasco. Del reformismo de la Bascongada dan fe, también, sus propuestas de reformas económicas. La creación de prados artificiales, el fomento del ganado con ejemplares importados, los intentos de mejorar las ferrerías, los estudios sobre la minería revelan una concepción moderna, como también la publicación de libros y noticias, las pensiones a jóvenes para estudiar en el extranjero o los certámenes y premios sobre temas de aplicación práctica. Financiaron sus actividades con suscripciones publicas. Quizás fue éste, el de la financiación, el punto más débil de su programa de reformas. A pesar de su coherente planteamiento, no consiguió detener la crisis económica que se apuntaba en el ultimo tercio del siglo XVIII.

Por entonces varios síntomas señalaban que el modelo de desarrollo tocaba techo. A los apuros agrarios se añadieron los del comercio.

Tenían un origen político. La búsqueda de la unidad nacional inspiró a la monarquía medidas que cuestionaban la foralidad. No todas fueron contrafueros, pero sí la supresión en 1766 del pase foral, que no estuvo vigente durante algunos años, o el intento de restablecer en 1788 el capitulado de Chinchilla, una reglamentación medieval que privilegiaba los poderes del monarca. Más importancia tuvieron a largo plazo las disposiciones que querían unificar el mercado español, revisando el régimen mercantil. El comercio vasco fue gravado en las aduanas del interior. Poco a poco se tendió un
cerco arancelario
en torno a las Provincias Exentas. Se buscaba, así, ahogar los negocios de la burguesía vasca, sin recurrir a desafueros. En la práctica, era el final del libre comercio.

En 1763 se ordenó registrar en Burgos las mercancías que iban a las aduanas de Vitoria, Orduña y Valmaseda; de salir por Santander, se las desgravaba en un 4 %, eximía de alcabalas y rebajaba a la mitad el peaje del nuevo camino de Reinosa.

La nueva postura del Estado se confirmó en 1778: se hizo ver que, para comerciar con América, las provincias vascas deberían reformar su sistema aduanero. San Sebastián y Bilbao no fueron habilitados para tal tráfico, pues se negaron, quizás porque les resultaba más atractivo seguir con el contrabando de coloniales, no muy problemático gracias al escaso control.

Pero las cosas estaban cambiando. En 1779 se fijaron impuestos a los productos que se llevasen a San Sebastián o Bilbao desde cualquier puerto español. Por fin, en 1789 se creó una barrera arancelaria, con derechos en las aduanas interiores que eliminaban las ventajas de la exención fiscal. Constituía una seria amenaza para los negocios de unos comerciantes que habían prosperado, precisamente, en virtud del libre comercio.

La Guerra de la Convención, iniciada tras la ejecución de Luis XVI en 1793, enfrentó por vez primera en el País Vasco a tradición y liberalismo.

En julio de 1794 las tropas francesas que penetraron por Navarra, llegaron a Tolosa, envolviendo las defensas del Bidasoa. Se rindieron Hondarribia, por su insostenible situación militar, y San Sebastián, sin resistencia, quizás por las coincidencias ideológicas de los burgueses con los convencionales. Lo confirmaría su inicial colaboración. Comisionados donostiarras pidieron a los franceses
que sea la provincia independiente como lo fue hasta el año 1200.
Después, la Junta de Gipuzkoa, reunida en Getaria, estudió enviar diputados a la Convención. Al parecer, parte de Gipuzkoa, de ideas liberales, buscó nuevas alternativas (la independencia, la inserción en la República Francesa…). No se desarrollaron, pues los convencionales gobernaron Gipuzkoa sin un estatus especial.

La Junta Particular y la Diputación que los notables rurales formaron en Mondragón, en cambio, llamaron a defender
al rey, la religión y la Patria.
El lema tradicionalista movilizó a los campesinos contra los franceses.

En la campaña del 95 Pamplona resistió, pero Bilbao y Vitoria caían en manos del ejército invasor, que llegó al Ebro. Tras la
Paz de Basilea,
de julio de 1795, los franceses abandonaban sus conquistas.

La guerra, y en particular la actitud gipuzkoana, tuvo consecuencias políticas: el Gobierno promovió una campaña ideológica para demostrar que los fueros los había otorgado el rey, y que, por tanto, podía abolirlos.

Tras la Paz de Basilea, de julio de 1795, los franceses abandonaron sus conquistas.

Por otra parte, las deudas generadas por la contienda forzaron la venta sistemática bienes comunales y abrieron en Bizkaia el proceso que desembocó en
la zamacolada,
en la que se enfrentaron burguesía urbana y nobleza rural. En 1796, el presupuestos provincial se confeccionó segun los intereses mercantiles, pero al año siguiente la nobleza rural, alentada por Zamácola, se gravó al comercio. Las tensiones se agudizaron. Después, Zamácola ideó crear un puerto en el Nervión, que acabase con los privilegios de Bilbao. Estaría en Abando y se llamaría
Puerto de la Paz
en honor de Godoy, el Príncipe de la Paz, que tenía que autorizarlo (lo hizo a fines de 1801). Al parecer, Zamácola prometió a Godoy, a cambio, un proyecto que se entendió como un paso hacia el servicio militar obligatorio.

Así, en 1804 estalló un grave motín, en el que participaron varias anteiglesias y, en especial, las próximas a Bilbao. La villa fue invadido varias veces por los amotinados. Una tensa Junta General extraordinaria anuló a la vez los proyectos de servicio militar y de Puerto de la Paz.

Alto de Júndiz. Batalla de Vitoria.

Las tensiones sociales se agudizaron por la profunda crisis de la economía tradicional. La agricultura alcanzó su techo entre 1780 y 1790. La roturación de nuevas tierras rompió el equilibrio agrario, al eliminar pastos y bosques. La producción cayó entre un 15 y un 20 % en treinta años.

La tala del bosque disparó, además, los precios del carbón. Se redujo la competitividad de las ferrerías, que tenían que enfrentarse ya a los altos hornos de la revolución industrial británica. Por la difícil venta en Europa y la prohibición de importar hierro, en 1800 el 71 % del que salía por Bilbao se enviaba a puertos españoles, cuando veinte años antes el 62 % iba a los europeos. Pero la reserva del mercado español era sólo un parche, por su reducido consumo y la relajación de los nexos económicos con las colonias.

En torno a 1800 comenzó la crisis del comercio, al desaparecer los grandes circuitos mercantiles: quebraba el tráfico de lana, desde que la revolución industrial privilegió a la producción algodonera.

En esta coyuntura depresiva, la Guerra de la Independencia tuvo profundas repercusiones en el País Vasco.

La presencia francesa tuvo respuestas diferentes. Con José I estuvieron los sectores ilustrados, de planteamientos reformistas. Frente a los afrancesados, se produjo la sublevación popular: se movilizó contra el extranjero liberal y en defensa del orden tradicional. Se levantaron partidas que hostigaban al invasor. Una Junta Patriótica se hizo por unas semanas con Bilbao. No sucedió así en San Sebastián, Vitoria o Pamplona, con más presencia militar, por su posición estratégica en la ruta a Madrid.

Los afrancesados participaron en la aprobación de la Constitución de Bayona. No reconocía los fueros, si bien un artículo, incluido por presión de los diputados vascos, anunciaba que las Cortes los examinarían. También defendieron el fuero los vascos que estuvieron en las Cortes de Cádiz, pero la Constitución de 1812 era igualmente uniformista, aunque su preámbulo enaltecía las libertades forales como antecedente de las constitucionales.

En febrero de 1810 Napoleón desgajó a Cataluña, Aragón, Navarra y las Vascongadas del poder de José 1. El general Dufour se hizo cargo de Navarra y Thouvenot de las Vascongadas, agrupadas en el
Gobierno de Bizkaia.
Eran gobiernos militares que buscaban aumentar la presión fiscal para financiar la guerra.

La Guerra de la Independencia concluyó en 1813. Tras la batalla de Vitoria, la capitulación de Pamplona, sitiada por Wellington, y el abandono de Bilbao, sólo una población importante, San Sebastián, permanecía en manos francesas, hasta el violento ataque inglés origen del incendio que destruyó la ciudad. Por fin, la batalla de San Marcial, en Irún, puso término a la invasión francesa de la Península.

Las destrucciones, impuestos y costos de la guerra agravaron las dificultades del aparato productivo. A partir de 1813, se aceleró la venta de comunales. La paralización económica que acompañó a la restauración absolutista y la crisis colonial precipitaron, además, la retracción mercantil y ferrona.

Se restablecieron los fueros, pero absolutismo y liberalismo compartían en los albores del XIX los afanes uniformizadores. El contrafuero de 1818 impuso a las provincias vascas un servicio militar.

Seis años después de la restauración de Fernando VII desaparecían súbitamente los fueros, tras el pronunciamiento de Riego. Hasta 1823, durante el Trienio Liberal, estuvo vigente la Constitución de Cádiz. Se trasladaron las aduanas, se suprimieron la exención fiscal y militar y las instituciones forales. Para la burguesía progresista, en el poder durante estos años, el nuevo régimen ampliaba las libertades históricas. Frente a ellos, se levantaron partidas
realistas
que defendían la tradición. La movilización campesina la alentaba por el clero y financiaban los jauntxos.

Las agitaciones del Trienio concluyeron en 1823 con la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, que restableció el Antiguo Régimen, el absolutismo y las formas tradicionales de gobierno.

La persecución de liberales, la represión de sus agrupaciones y el control de la prensa caracterizaron al decenio absolutista 1823-33. Ahora bien, la evolución del régimen hacia posturas menos intransigentes tuvo secuelas en el País Vasco. Por ejemplo, las Juntas de Bizkaia aprobaron en 1827 un reglamento minero de connotaciones liberales. Introdujo en las minas el sistema liberal de concesiones, pero con una adaptación foral que las reservaba en exclusiva a los vizcaínos. Los mineros locales pudieron obtener concesiones sin competencia de capitales foráneos.

A fines del periodo la profunda crisis económica provocaba ya nítidas reacciones sociales. Así, en 1831 los donostiarras intentaron que las aduanas se trasladasen a la costa (similar petición habían hecho los vitorianos en 1813), para acceder a la unidad del mercado español y contener el derrumbamiento del comercio. San Sebastián, apoyada por Irún, pidió a las Juntas de Gipuzkoa que lo solicitasen al Gobierno. Al rechazarlo las Juntas, los comerciantes amenazaron con romper la unidad provincial.

En vísperas de la carlistada, pues, estaban delimitados los antagonismos entre la burguesía urbana y la sociedad tradicional rural. Las discrepancias ideológicas tenían un vívido trasfondo socio-económico.

Tras la muerte de Fernando VII el 29 septiembre de 1833, comenzó la sublevación carlista. Defendía los derechos al trono de Carlos Maria Isidro de Borbón frente a los de Isabel II, hermano e hija de Fernando VII. El pleito dinástico se convirtió en una guerra civil de contenido ideológico y político. Se enfrentaron los defensores de la tradición y los de la revolución liberal.