Los líderes acuerdan crear el nuevo fondo y proponen que los detalles sean debatidos, a partir de una propuesta de la Comisión Europea, el fin de semana en un encuentro urgente de los ministros de Finanzas de la Eurozona. La iniciativa debe anunciarse antes de la apertura de los mercados asiáticos, como máximo en la madrugada del domingo al lunes. Sarkozy ya informa el mismo viernes que el próximo lunes, día 10 de mayo, una «unidad de emergencia» estará alerta para seguir los posibles ataques especulativos en los mercados.
Rodríguez Zapatero interpreta los resultados del acuerdo para salvar a Grecia como un retroceso de la Alemania de Merkel y un avance de la Francia de Sarkozy, más comprometida con el blindaje de la Eurozona. Cree, pues, que se ha abierto una nueva etapa en la que se puede calmar la tensión en los mercados de deuda pública. Por esta razón, aunque en la rueda de prensa posterior informa que «la consolidación fiscal ha de acelerarse», cuando se le pregunta si el Gobierno español está dispuesto a adoptar nuevas medidas de austeridad, mantiene el tipo:
—Introduzco un matiz que me habrán escuchado en los últimos tiempos y hoy reafirmo: nuestro proceso de reducción de déficit, necesario e imprescindible, tiene que ir acompañado con el crecimiento económico. Por tanto, tenemos que hacer un equilibrio entre el apoyo al crecimiento, que es una de las maneras de reducir déficit, porque, si tenemos crecimiento económico, consolidamos ingresos y reducimos déficit, y la reducción al máximo posible del déficit para esa consolidación fiscal.
El presidente, pues, parece estar convencido de tener margen para «acelerar» la consolidación fiscal sin que ello implique abortar una eventual recuperación de la economía cuando el sector privado español se encuentra hecho unos zorros, abocado a desendeudarse. Aunque estadísticamente la economía sale de la recesión en el primer trimestre, un crecimiento insignificante del 0,1 por ciento equivale a reptar en el fondo de la crisis.
Pero la realidad se presenta bajo la forma de unas condiciones draconianas que se van a poner sobre la mesa el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de mayo. Los ministros de Finanzas son los encargados de ejecutar las órdenes. La presión de Alemania y Francia, por un lado, y del BCE y del FMI, canalizada a través del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, no dejan a Elena Salgado, que preside formalmente la reunión de emergencia, escapatoria. Es aquí te pillo, aquí te mato. Si el FMI, cuya directora gerente, Christine Lagarde, está presente en la reunión, va a aportar fondos, y si el BCE, representado por su vicepresidente, el griego Lucas Papademos, se dispone a dar un viraje de 180 grados, después de la negativa de Trichet, el jueves 6, a comprar deuda pública de los países afectados, son los nuevos planes de ajuste de los países en cuestión, España y Portugal, los que tienen que ganarse a pulso, como adelantara Merkel en Hannover ante Rodríguez Zapatero a primeros de marzo, la confianza de los mercados.
La reunión se prolonga durante doce largas horas, entre el sábado y domingo, con comunicaciones a ambos lados del Atlántico. El secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, y el presidente Barack Obama, están al corriente de lo que se va a aprobar. Ambos han persuadido a Sarkozy y Merkel sobre cómo envolver las medidas. Como sea, deben presentar las nuevas medidas con una cifra redonda importante. Tienen que ser 750.000 millones de euros, el equivalente de un billón de dólares, una cantidad superior, incluso, a la que en septiembre de 2008 anuncia el Tesoro norteamericano. Es el bazuca europeo.
Rodríguez Zapatero sigue desde Madrid la reunión a través de constantes llamadas telefónicas de Elena Salgado. Pero no solo por razones informativas. Es el presidente quien tiene que dar su apoyo desde Madrid para que la ministra pueda firmar el plan, lo que supone incluir en el comunicado el compromiso de España con nuevas medidas de austeridad. Y Rodríguez Zapatero acepta.
El domingo por la noche, Miguel Sebastián llama al presidente, quien sigue en permanente contacto con Elena Salgado. —Las cosas están muy mal, Miguel —le confiesa, sin entrar en detalles.
En su comunicado del domingo 9 de mayo, el Ecofin, cuya presidencia recae en Elena Salgado, señala en un comunicado que se acuerda crear el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de hasta 500.000 millones de euros «dado el riesgo de contagio» y que, asimismo, se ha firmado un paquete de créditos con Grecia cuyo primer desembolso es el 19 de mayo. Es un «paquete» total de 750.000 millones. Obama y Geithner lo han conseguido.
Pero, también, los ministros aprueban «acelerar los planes de consolidación fiscal y reformas estructurales». Y anticipan la «bienvenida y el fuerte apoyo al compromiso de Portugal y España de adoptar medidas de consolidación significativas adicionales en 2010 y 2011 y presentarlas ante la reunión de los ministros de Finanzas del 18 de mayo». Lo más importante es lo que no dice: el Banco Central Europeo comprará deuda pública en los mercados secundarios. La condición para hacerlo es el ajuste.
España, pues, está pillada. La presión sobre Elena Salgado y sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha sido brutal.
Ya no hay «matiz» que valga. Ha volado por los aires en lo que va desde la comparecencia de Rodríguez Zapatero el viernes 7 hasta la madrugada del 10 de mayo. Rodríguez Zapatero solo dispone de cuarenta y ocho horas para llevar el plan de recortes al Congreso el miércoles 12 de mayo. Una comparecencia solicitada por iniciativa de Izquierda Unida para debatir sobre los «ataques especulativos» en los mercados que el presidente transforma en una comparecencia a petición propia.
En la mañana del lunes 10, en su habitual reunión de maitines, en La Moncloa, con sus colaboradores directos, algunos ministros y dirigentes del partido, el presidente analiza diversas alternativas de recortes de manera general. El presidente puede reunir un consejo de ministros extraordinario, pero prefiere elaborar el plan de recortes con la ministra de Economía. A su vez, David Taguas, que también habla con el presidente, le envía sus recomendaciones.
El ministro de Fomento, Pepe Blanco, advierte sobre las consecuencias del recorte total de las obras públicas. Y sugiere una poda selectiva. Quiere blindar 2.000 millones.
—Los tendrás Pepe —le dice el presidente.
Esa misma tarde, el presidente Obama, después de mantener conversaciones telefónicas con Sarkozy y con Merkel, llama a Rodríguez Zapatero, según se acuerda entre la Casa Blanca y La Moncloa, a las cinco de la tarde. Obama quiere asegurarse de que el Gobierno español se dispone a hacer los deberes. Rodríguez Zapatero comenta que el Eurogrupo ha acordado un paquete global de 750.000 millones y que el BCE va a actuar. Todo esto en realidad Obama ya lo conoce. El acuerdo de intervención del BCE en los mercados se hace en colaboración con la Reserva Federal norteamericana y otros bancos centrales para dar liquidez a través de líneas de crédito en dólares. Lo que le interesa es qué va a hacer Rodríguez Zapatero. El presidente le anticipa que va a anunciar en el Congreso una consolidación fiscal adicional del 1,5 por ciento del PIB o 15.000 millones de euros. Obama, pues, conoce a través de esta conversación telefónica, antes incluso que la mayoría de los miembros del gabinete y el Congreso, que Zapatero va a adoptar las medidas para cumplir los nuevos compromisos de ajuste asumidos con Bruselas.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, para sorpresa de La Moncloa, hace público, en Washington, el contenido de la conversación. Después de informar que Obama supervisa directamente la situación europea desde hace varias semanas, añade: «España padece algunos problemas sobre los que es necesario adoptar reformas para asegurarse de que no se extienden».
La noche del martes 11, mientras cena con el presidente de una de las grandes empresas constructoras en un restaurante madrileño, Pepe Blanco recibe una llamada de Elena Salgado.
—Solo quería decirte que ya no cuentas con los 2.000 millones.
—Pero si el presidente me ha dicho…
—Es que no hay opción, Pepe.
En un discurso inspirado originalmente en los «ataques especulativos» de los mercados, el presidente desgrana en pocas líneas un programa de ajuste que aplica buena parte de las medidas de corto y medio plazo que se atribuyen al programa de los atacantes. He aquí las diez medidas:
—Reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5 por ciento de media en 2010 y congelación en 2011. La rebaja será proporcional a los ingresos y afectará a más de tres millones de españoles.
—Reducción en un 15 por ciento del sueldo de los miembros del Gobierno.
—Congelación en 2011 de la revalorización de las pensiones de más de cinco millones de ciudadanos, excluyéndose las no contributivas y las mínimas.
—Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. —Eliminación del «cheque-bebé» de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
—Adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustado a la duración estandarizada de los tratamientos. Se podrán dispensar unidosis mediante el fraccionamiento de los envases.
—La ayuda oficial al desarrollo se reducirá entre 2010 y 2011 en 600 millones de euros. —Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
—Previsión de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y entidades locales. —Las solicitudes para dependencia tendrán que resolverse en seis meses y se eliminará la retroactividad.
Queda todavía pendiente, entre otras, el cambio de la edad de jubilación de 65 a 67 años, una medida que está comprometida para los meses siguientes.
El presidente ha quemado las naves. Y con ellas a su Gobierno. Necesita cambiarlo, pasar página. Si en la crisis de la Semana Santa de 2009 le ha tocado el turno a su vicepresidente segundo Pedro Solbes, ahora le llega la hora a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien será sustituida por Alfredo Pérez Rubalcaba. La fecha: antes de las vacaciones de verano.
Con todo, una oportuna filtración, el 19 de junio, de la noticia, presentada como presiones del partido sobre el presidente para lograr un cambio de Gobierno, irritan a Rodríguez Zapatero. Llama a Pepe Blanco por teléfono. El ministro y número dos del PSOE está en Santander, donde anuncia el cierre de vías de tren deficitarias.
—¿Has visto lo que ha salido? —pregunta el presidente.
—Sí, lo he visto.
—Es intolerable. De lo dicho nada. Lo dejamos.
Al aplazamiento de la decisión se une otro accidente de recorrido. A finales de julio, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, se resiste a dejar paso a la candidatura de Trinidad Jiménez, según la propuesta de Blanco y Rubalcaba, que el presidente intenta arrancar, sin éxito, a Gómez en tres oportunidades distintas. Lo que obliga a celebrar elecciones primarias dentro del partido de Madrid en el mes de septiembre. El presidente quiere conocer el resultado para saber si tiene que acomodar o no a Trinidad Jiménez en el nuevo Gobierno. Y, también, está obligado a esperar hasta después del 29 de septiembre, fecha de la huelga general convocada por los sindicatos UG T y CCO O contra la reforma laboral.
El 20 de octubre de 2010, por fin, el presidente cambia su gabinete y nombra a Rubalcaba vicepresidente primero. Trinidad Jiménez, derrotada por Tomás Gómez, es ministra de Asuntos Exteriores.
El viernes 29 de julio de 2011 amanece con malos presagios. La agencia norteamericana Moody's anuncia en la madrugada del jueves al viernes que ha decidido poner en revisión para una posible rebaja en tres meses el
rating
de la deuda española, Aa2, sobresaliente. Esa mañana cuando el consejo de ministros celebra su reunión, los bonos públicos españoles a diez años cotizan a 6,08 por ciento, lo que supone una prima de riesgo, o diferencia entre lo que paga España por encima de Alemania, de 354 puntos básicos o 3,54 por ciento. Es la tercera jornada de subida consecutiva del diferencial de la deuda española, sea por bajada de la española o subida de la alemana, o por efecto de ambas. El fantasma de Grecia, Portugal e Irlanda se instala al acercarse España e Italia a tipos de interés del 7 por ciento, la barrera a partir de la cual se precipita el rescate de aquellos tres países.
No obstante, en esta última reunión del curso que celebra el gabinete, la ministra Salgado tranquiliza a sus colegas respecto de las turbulencias ya que, explica, si bien puede presentarse un incremento de la volatilidad, los volúmenes de actividad en los mercados financieros y en las Bolsas disminuyen considerablemente durante el mes de agosto. Ella misma, pues, ha decidido tomarse vacaciones y se marcha a la región de los Dolomitas, en los Alpes orientales italianos, a practicar senderismo. Con todo, los ministros del área económica salen de la reunión convencidos de que volverán muy pronto a Madrid. Algunos, como Valeriano Gómez, han decidido en previsión de acontecimientos quedarse en España.
Trasciende que el presidente da una rueda de prensa al término de la reunión. Pero dentro del consejo, el presidente se abstiene de dar alguna pista. Ni sobre la posibilidad de anticipar las elecciones, ni mucho menos, claro, sobre la fecha. La potestad que confiere la Constitución Española al presidente en exclusiva para disolver las cámaras provoca una cierta
conducta
infantil de sorprender no solo a sus rivales políticos en la oposición sino a su propio equipo de Gobierno, siempre con el pretexto de evitar las filtraciones. Los ministros salen de deliberar sin saber que el presidente va a poner, en pocos minutos, fecha de caducidad a la legislatura. Y al Gobierno.
A la salida de la reunión, el presidente anuncia elecciones anticipadas para el 20 de noviembre de 2011. Explica:
—Es conveniente que el Gobierno que salga elegido en las urnas afronte desde el 1 de enero de 2012 el ejercicio económico y las responsabilidades del país. La certidumbre es estabilidad y ha pesado en mi ánimo fijar un calendario claro. El 1 de enero, el nuevo Gobierno debe trabajar en la recuperación económica, en la reducción del déficit y debe consolidar la recuperación.
«La certidumbre es estabilidad». Rodríguez Zapatero está, una vez más desde mayo de 2010, bajo el síndrome del «holocausto» financiero. Teme que en una de las curvas del camino pendiente hasta el final de legislatura, España caiga. Sabe que a su manera los presupuestos del 30 de septiembre constituyen el final de la escapada. Abreviar el recorrido, pues, es la única respuesta.