Indecentes (15 page)

En el último apartado, el número 3, la carta recomienda «adoptar inmediatamente medidas para asegurar una gran reestructuración de la administración pública dirigida a mejorar la eficiencia y facilitar la actividad de las empresas. Se necesita un fuerte compromiso para abolir o fusionar algunos órganos intermedios (como las provincias). Se deben reforzar las acciones orientadas a explotar las economías de escala en los servicios públicos locales».

A las ocho menos diez de esa tarde, después de analizar la crisis a golpe de teléfono con
frau
Merkel y Nicolás Sarkozy, y de evaluar las exigencias del BCE con su ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, y el subsecretario de Estado, Gianni Letta, se presenta Berlusconi ante los medios de comunicación para hacer un anuncio. No se anda con rodeos.

—Las medidas que tenemos intención de adoptar las hemos acordado con los otros líderes europeos y algunas instituciones financieras internacionales. Trabajaremos enseguida, la semana próxima, a través de las comisiones del Parlamento, para introducir en la Constitución el principio del equilibrio de las cuentas públicas. Vamos a acelerar, también, las medidas que hemos adoptado en la ley presupuestaria para alcanzar el equilibrio antes, en 2013, en lugar de 2014. Estas y otras medidas deberían ser aprobadas en unos meses, quizás en septiembre…

«Medidas acordadas con algunas instituciones financieras internacionales».

Podría decirlo más alto, sí, pero no más claro. Tremonti resume, junto a Berlusconi, las otras medidas que exige la carta. En lo que se refiere al funcionamiento de los mercados, promete la «madre de todas las liberalizaciones». Todo será libre a menos que sea expresamente prohibido, explica. Y, por supuesto, cómo no, habla de la próxima reforma laboral.

Silvio Berlusconi interpreta, pues, su papel. Sigue al pie de la letra el guión firmado por Trichet y Draghi.

¿España? En Francfort, un miembro del consejo ejecutivo del BCE, el español José Manuel González Páramo, al que las agencias de noticias internacionales confunden con el «gobernador del Banco de España», ofrece las claves de la negociación que se desarrolla entre el Gobierno español y el BCE.

«No es tiempo de vacaciones para lo exigente de la situación que enfrentamos. Es urgentísimo actuar de una manera decidida. Aunque se han hecho varias reformas, estamos viendo que el éxito es nulo, lo que requiere adoptar todas las medidas posibles, que quedan muchas, para reintegrar a la máxima celeridad a los que pierden el empleo en el mercado laboral», dice. Y en relación con el déficit público, advierte que «se ha actuado con seriedad, ajustando el presupuesto, pero aún quedan elementos de vulnerabilidad y se nos ha anunciado que el 19 de agosto oiremos algo acerca de medidas que aseguren que se van a cumplir los objetivos presupuestarios». El catedrático y miembro del comité ejecutivo del BCE González Páramo cree a pie juntillas en las dotes taumatúrgicas de la reforma laboral para «reintegrar a la máxima celeridad a los que pierden el empleo». En realidad, de sus palabras se deduce que en España lejos de imperar el sistema capitalista, que asigna los recursos, hay una economía que obedece a un plan central. ¡Reintegrar a la máxima celeridad a los que pierden el empleo!

El Gobierno de Rodríguez Zapatero sabe que se le va a pedir, entre otras cosas, un esfuerzo de recortes e ingresos adicional de 5.000 millones de euros. La ministra Salgado ya ha anticipado incluso, en Madrid, esta misma semana, su respuesta. «Medidas para apuntalar el cumplimiento del déficit como la racionalización del gasto farmacéutico y medidas para que se produzca una mejora de la recaudación del impuesto de sociedades. No se modificará el tipo», dice el miércoles 3 de febrero.

Los contactos entre el BCE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero despejan, tras podar varios asuntos del borrador, el camino para que Francfort envíe la carta.

La misiva, dirigida al «estimado primer ministro» informa con fecha 5 de agosto de 2011 con las firmas al pie de la carta, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jean-Claude Trichet, por este orden, que «el consejo de gobierno del Banco Central Europeo abordó el 4 de agosto de 2011 la situación de los mercados de bonos del Tesoro. El consejo de gobierno considera esencial que las autoridades españolas actúen de manera apremiante para restablecer la confianza de la deuda soberana en los mercados de capitales».

Recuerda a continuación que «el 21 de julio de 2011, la cumbre de la Eurozona concluyó que todos los países del euro reafirman solemnemente su inflexible determinación de honrar plenamente su propia firma soberana individual y todos sus compromisos relativos a la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales».

Pues bien, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, inspirador del contenido de la misiva, según las presiones del BCE, cree que para conseguir que el banco acepte comprar bonos públicos españoles, hay que dar nuevas pruebas de que España está dispuesta a hacer todos los deberes que le pongan. Aquí el gobernador aplica la lógica de las llamadas operaciones corporativas. Una empresa compra otra empresa. Solicita un crédito y aporta como garantía las acciones de la compañía adquirida. Si la cotización de las acciones de esta última baja de ciertos niveles acordados, el tomador del préstamo o prestatario se ve obligado a reforzar las garantías con otras nuevas. Es lo que toca al Gobierno español cuya reputación, a juzgar por cómo se las están gastando los mercados, atraviesa horas bajas.

En efecto, la carta señala que «el consejo de gobierno considera que España necesita fortalecer urgentemente la reputación de su firma soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencias».

¿Cuáles serían, si se sigue la analogía del préstamo corporativo, esas «garantías» adicionales? «En la actual coyuntura consideramos esenciales la toma de las siguientes medidas:

1. Vemos la necesidad de tomar medidas adicionales importantes para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo con vistas a un progreso importante en la reducción de la alta tasa de desempleo.

—El Proyecto de Ley de la reforma de la negociación colectiva aprobado por el Gobierno español el 10 de junio de 2011 debería fortalecer de forma más efectiva el papel de los acuerdos a nivel de empresa con vistas a asegurar una descentralización efectiva de las negociaciones salariales. En el futuro trámite parlamentario, la ley debería ser reformada para reducir la posibilidad de que los acuerdos sectoriales (a nivel nacional o regional) limiten la validez de los acuerdos a nivel de empresa.

—Por otra parte, seguimos muy preocupados por que el Gobierno no haya evitado ninguna medida para eliminar las cláusulas de indexación de los salarios a la inflación. Dichas cláusulas no tienen las características apropiadas para los mercados de trabajo dentro de la Unión Europea ya que son un obstáculo para el ajuste de los costes laborales y por consiguiente de la mejora de la competitividad y el crecimiento. Alentamos la adopción de medidas excepcionales urgentes para excluir el uso de la indexación salarial.

—Vemos importante también adoptar un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido para que se aplique durante un espacio de tiempo limitado.

—Consideramos necesario eliminar la prohibición de concatenación de los contratos temporales durante cierto periodo de tiempo».

En el segundo capítulo, la carta recomienda al Gobierno adoptar medidas «amplias e inmediatas» para asegurar la «sostenibilidad de las finanzas públicas». Y aquí el punto esencial es la recomendación a encarar una consolidación fiscal adicional del 0,5 por ciento. Es decir: está exigiendo un ajuste fiscal de 5.000 millones de euros para prevenir posibles desviaciones del objetivo del déficit del 6 por ciento del Producto Interior Bruto en 2011.

Recomienda, también, la publicación de los datos trimestrales de las Comunidades Autónomas en términos de Contabilidad Nacional, el establecimiento de reglas fiscales para las Comunidades Autónomas y da la «bienvenida» a la regla de gasto aprobada por el Decreto Ley del Gobierno el 1 de julio de 2011.

Finalmente, en el tercer capítulo, se recomienda la adopción de medidas para reformar el funcionamiento y la competitividad en tres mercados: «energía, alquiler de viviendas y servicios profesionales».

Fuera de la carta quedan tres exigencias incluidas en el borrador original: la eliminación sin atenuantes, todavía más drástica de lo que refleja el texto enviado, de la indexación de los salarios a la inflación; la creación de otra modalidad de contrato de empleo juvenil sin derechos y la liberalización de horarios comerciales.

La indexación, o ajuste de los salarios en función del aumento de la inflación prevista o futura, es uno de los obstáculos mayores que el BCE considera necesario remover en España. El Banco de España insiste en eliminar esta cláusula de los convenios y ve con buenos ojos la presión exterior sobre el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una presión que se suma a la que la institución viene ejerciendo sin pausa durante años.

Pero, hasta el momento, este objetivo encuentra dificultades. Ya en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 4 de febrero de 2011, Merkel y Sarkozy no logran sacar adelante esa propuesta, incluida en el llamado Pacto de Competitividad. La oposición de Bélgica y Austria, dos países con larga tradición en la escala móvil de salarios en función de la inflación, frustra la iniciativa.

En su intercambio de ideas con el BCE, el Gobierno español argumenta que eliminar las cláusulas por Decreto Ley, como sugiere Francfort, sería inconstitucional. Los servicios jurídicos del BCE, a cargo del español Antonio Sáinz de Vicuña, abogado general del banco desde 1998, sostienen con vehemencia que la Constitución española no contempla la indexación salarial. Por tanto, arguyen, ¿por qué sería inconstitucional su anulación? La discusión lleva tiempo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero sostiene, previa consulta a la Abogacía del Estado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que la indexación se pacta libremente en los convenios colectivos, y estos, según consagra la Constitución, son de exclusiva soberanía de sindicatos y patronal, sin intromisión gubernamental.

La carta confidencial solo la conoce el presidente, la vicepresidenta y le es leída por teléfono a Alfredo Pérez Rubalcaba. Pepe Blanco, ministro Portavoz, ignora su contenido. Solo va a declarar, durante semanas enteras, lo que le dicen que tiene que declarar. Sospecha que tiene que ver con el BCE, pero no lo sabe realmente.

Esta carta tiene, entre otras, una diferencia importante con la que el BCE envía el mismo día Berlusconi.

Faltan en la de Fernández Ordóñez-Trichet a Rodríguez Zapatero diez palabras que sí están en la de Trichet-Draghi a Berlusconi: «Una reforma constitucional endureciendo las reglas fiscales también sería apropiada».

¿Por qué razón una frase tan aparentemente inocua unas líneas antes del final del texto, casi una expresión de deseos
en passant,
es omitida en el texto español?

¿Quizás se sugiere en la negociación del borrador con el equipo de La Moncloa que esas diez palabras (también son diez en la versión original inglesa del texto enviado a Italia) sean retiradas?

Los que participan en esas negociaciones aseguran que no es así. Que tampoco en el borrador se contemplaba.

¿Acaso porque el 1 de julio el Gobierno ha aprobado la regla de gasto para las Comunidades Autónomas, que la carta del BCE respalda, y que complementa la Ley de 2004 en la que se consagra el equilibrio presupuestario a medio plazo? ¿O quizás porque el BCE, por sugerencia de Fernández Ordóñez, sabiendo que Rodríguez Zapatero, a diferencia de Berlusconi, ha convocado hace apenas siete días elecciones anticipadas para el 20 de noviembre de 2011, estima finalmente que proponer esa reforma constitucional carece de cualquier efecto práctico?

La razón principal por la que se omite es la siguiente: la autoría de la carta pertenece al responsable del banco central de cada uno de los dos países. Draghi en el caso de Italia. Fernández Ordóñez en el de España. ¿Cuál es la obsesión del gobernador del Banco de España? La reforma de la negociación colectiva y la supresión de la indexación de los salarios a la inflación. El espíritu y la letra de la carta refleja esa obsesión. Fernández Ordóñez prefiere ejercer toda la presión sobre el tema laboral durante las últimas semanas de un Gobierno que tiene un miedo cerval a caer presa del rescate.

Preguntado el primer ministro italiano tras su rueda de prensa si va seguir el camino de Rodríguez Zapatero, es decir, si va a adelantar un año las elecciones generales previstas para 2013, responde:

—Esto no se ha hablado en absoluto. Nunca ha sido una opción.

Si Berlusconi se niega a imitar a su colega español, ¿se dispone Rodríguez Zapatero a seguir los pasos de Berlusconi, quien atrapado entre la presión de los mercados y las exigencias del BCE, invoca la reforma constitucional para convertir el equilibrio de las cuentas públicas en regla de oro?

¿Qué hará Rodríguez Zapatero con las duras condiciones planteadas en materia de negociación colectiva y de indexación salarial cuando solo hace poco más de cuarenta días, el 22 de junio de 2011, que el Congreso ha aprobado su reforma?

«No fue la mejor rueda de prensa de Trichet que he seguido», dice este viernes 5 Elena Salgado, sobre la actuación del presidente del Banco Central Europeo del día anterior. «Generó cierta confusión en los mercados financieros. Fue anormalmente larga», añade. Rodríguez Zapatero, al final de la tarde, mantiene su prevista conversación telefónica con Sarkozy. Al presidente francés no se le escapa que Trichet ha metido la pata y dice que, en todo caso, el BCE ha decidido frenar la subida de tipos de los bonos públicos italianos y españoles, cosa que quedará más clarificada en las próximas horas, antes de la apertura de los mercados, el próximo lunes 8 de agosto. Hay que insistir con la consolidación fiscal, anunciar más reformas, le anticipa que él mismo va a adoptar nuevas medidas de austeridad y que junto con Merkel quieren concretar de una vez por todas el aumento de la capacidad del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el fondo de rescate, para permitirle comprar deuda pública en los mercados secundarios y mover con celeridad el segundo paquete de préstamos aprobado el 21 de julio para Grecia.