Indecentes (13 page)

Y si tiene que llegar lo peor, al menos que Dios nos pille convocados. Es decir: con las elecciones ya anticipadas.

La decisión que acaba de anunciar es el reconocimiento de que el presidente, después de darle a los mercados y a las instituciones que son sus portavoces (la
troika
formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) gran parte de lo que vienen pidiendo, más explícitamente desde mayo de 2010, ahora ya no está en condiciones de celebrar las elecciones en paz, de garantizar que España va a evitar el rescate si se obstina en mantener el calendario de la legislatura, cuya línea en el horizonte está puntuada en los primeros días de marzo de 2012. Lo que llama «certidumbre es estabilidad» es un eufemismo para disfrazar su virtual caída. Nace así el «síndrome Zapatero». Un presidente que renuncia a ser líder de su partido. Un presidente que responde a los mercados cediendo buena parte de las condiciones que estos exigen primero y anticipando las elecciones después. Y llegados a esta encrucijada, ni siquiera es posible asegurar la celebración de las mismas, ya convocadas, sin rescate.

El lunes 1 de agosto, la Bolsa de Madrid cae un 3,24 por ciento, el mayor descenso desde junio de 2010. Y la prima de riesgo escala a 374,6 puntos básicos, rozando los 375 puntos básicos alcanzados el 12 de julio, récord hasta ese momento. Rodríguez Zapatero habla por teléfono con la ministra Salgado, de vacaciones pero en comunicación con sus colegas europeos. Esa tarde el presidente va al encuentro del rey Juan Carlos en Palma de Mallorca, su despedida del curso en el Palacio de Marivent.

Al regresar a Madrid, al día siguiente, martes 2 de agosto, y disponerse a marchar de vacaciones con su familia al Parque Nacional de Doñana, sabe, pues, que la convocatoria electoral no es el talismán que le permite llegar indemne a ese monte de las afueras de Jerusalén y cantar victoria. Es decir, evitar una vez más el riesgo de que España se sume a la lista de países rescatados que integran Grecia, Irlanda y Portugal. Porque a primeras horas de la jornada la prima de riesgo supera los 400 puntos básicos o 4 por ciento. El presidente retrasa momentáneamente su salida de Madrid y se zambulle en una actividad frenética de conversaciones telefónicas con la Comisión Europea, con el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ya disfruta de sus vacaciones en Sanxenxo, Pontevedra, y con Rubalcaba, en Madrid, entre otros. Hay un claro culpable, arguye el presidente, y es el Congreso de Estados Unidos, que se muestra incapaz de lograr un acuerdo para fijar el techo del gasto público, un pacto necesario entre republicanos y demócratas para impedir que sea una realidad la amenaza de la agencia de
rating
Standard & Poor's de despojar a dicho país de su máxima calificación crediticia, la AAA.

Cuando el mercado cierra y la prima de riesgo retrocede hasta los 386 puntos básicos, Rodríguez Zapatero finalmente decide marchar con su familia al sur aunque no sea más que dos semanas.

Con todo, los ministros del área económica salen de la reunión convencidos de que volverán muy pronto a Madrid. Algunos, como Valeriano Gómez, han decidido en previsión de acontecimientos quedarse en España.

Trasciende que el presidente da una rueda de prensa al término de la reunión. Pero dentro del consejo, el presidente se abstiene de dar alguna pista. Ni sobre la posibilidad de anticipar las elecciones, ni mucho menos, claro, sobre la fecha. La potestad que confiere la Constitución Española al presidente en exclusiva para disolver las cámaras provoca una cierta conducta infantil de sorprender no solo a sus rivales políticos en la oposición sino a su propio equipo de Gobierno, siempre con el pretexto de evitar las filtraciones. Los ministros salen de deliberar sin saber que el presidente va a poner, en pocos minutos, fecha de caducidad a la legislatura. Y al Gobierno.

A la salida de la reunión, el presidente anuncia elecciones anticipadas para el 20 de noviembre de 2011. Explica:

—Es conveniente que el Gobierno que salga elegido en las urnas afronte desde el 1 de enero de 2012 el ejercicio económico y las responsabilidades del país. La certidumbre es estabilidad y ha pesado en mi ánimo fijar un calendario claro. El 1 de enero, el nuevo Gobierno debe trabajar en la recuperación económica, en la reducción del déficit y debe consolidar la recuperación.

«La certidumbre es estabilidad». Rodríguez Zapatero está, una vez más desde mayo de 2010, bajo el síndrome del «holocausto» financiero. Teme que en una de las curvas del camino pendiente hasta el final de legislatura, España caiga. Sabe que a su manera los presupuestos del 30 de septiembre constituyen el final de la escapada. Abreviar el recorrido, pues, es la única respuesta.

Y si tiene que llegar lo peor, al menos que Dios nos pille convocados. Es decir: con las elecciones ya anticipadas.

La decisión que acaba de anunciar es el reconocimiento de que el presidente, después de darle a los mercados y a las instituciones que son sus portavoces (la
troika
formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) gran parte de lo que vienen pidiendo, más explícitamente desde mayo de 2010, ahora ya no está en condiciones de celebrar las elecciones en paz, de garantizar que España va a evitar el rescate si se obstina en mantener el calendario de la legislatura, cuya línea en el horizonte está puntuada en los primeros días de marzo de 2012. Lo que llama «certidumbre es estabilidad» es un eufemismo para disfrazar su virtual caída. Nace así el «síndrome Zapatero». Un presidente que renuncia a ser líder de su partido. Un presidente que responde a los mercados cediendo buena parte de las condiciones que estos exigen primero y anticipando las elecciones después. Y llegados a esta encrucijada, ni siquiera es posible asegurar la celebración de las mismas, ya convocadas, sin rescate.

El lunes 1 de agosto, la Bolsa de Madrid cae un 3,24 por ciento, el mayor descenso desde junio de 2010. Y la prima de riesgo escala a 374,6 puntos básicos, rozando los 375 puntos básicos alcanzados el 12 de julio, récord hasta ese momento. Rodríguez Zapatero habla por teléfono con la ministra Salgado, de vacaciones pero en comunicación con sus colegas europeos. Esa tarde el presidente va al encuentro del rey Juan Carlos en Palma de Mallorca, su despedida del curso en el Palacio de Marivent.

Al regresar a Madrid, al día siguiente, martes 2 de agosto, y disponerse a marchar de vacaciones con su familia al Parque Nacional de Doñana, sabe, pues, que la convocatoria electoral no es el talismán que le permite llegar indemne a ese monte de las afueras de Jerusalén y cantar victoria. Es decir, evitar una vez más el riesgo de que España se sume a la lista de países rescatados que integran Grecia, Irlanda y Portugal. Porque a primeras horas de la jornada la prima de riesgo supera los 400 puntos básicos o 4 por ciento. El presidente retrasa momentáneamente su salida de Madrid y se zambulle en una actividad frenética de conversaciones telefónicas con la Comisión Europea, con el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ya disfruta de sus vacaciones en Sanxenxo, Pontevedra, y con Rubalcaba, en Madrid, entre otros. Hay un claro culpable, arguye el presidente, y es el Congreso de Estados Unidos, que se muestra incapaz de lograr un acuerdo para fijar el techo del gasto público, un pacto necesario entre republicanos y demócratas para impedir que sea una realidad la amenaza de la agencia de
rating
Standard & Poor's de despojar a dicho país de su máxima calificación crediticia, la AAA.

Cuando el mercado cierra y la prima de riesgo retrocede hasta los 386 puntos básicos, Rodríguez Zapatero finalmente decide marchar con su familia al sur aunque no sea más que para dormir esa noche en Doñana y regresar a Madrid a la mañana siguiente temprano. Ha convocado para la tarde del miércoles 3 de agosto a Elena Salgado, que interrumpe sus vacaciones para regresar de las montañas Dolomitas a Madrid, y al ministro de Fomento y Portavoz, José Blanco; el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui; el director de la Oficina Económica del Presidente, Javier Valles; al director de gabinete, José Enrique Serrano y a su director adjunto, José Miguel Vidal, primo de Rodríguez Zapatero.

Durante el regreso esa mañana a La Moncloa, el presidente está pendiente de los mercados. La prima de riesgo amanece según los peores augurios, marca 407 puntos básicos, pero cae a medida que avanza la jornada hasta cerrar a los 386 puntos básicos de la víspera. Lo que el presidente y la vicepresidenta temen es la jornada cargada del día siguiente jueves 4. El día que Rodríguez Zapatero cumple 51 años va a celebrar su reunión mensual el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), en Francfort, donde debe definir su tipo de interés a corto plazo y, sobre todo, aclarar si va a comprar deuda pública española e italiana, que están sufriendo la presión vendedora en los mercados secundarios, única manera inmediata de frenar la subida acelerada de los tipos de interés. Pero, además, es que el Tesoro español tiene también en agenda al día siguiente una subasta para colocar bonos a tres y cuatro años con un objetivo de colocación de 3.500 millones de euros.

El miércoles por la noche, la ministra Salgado informa al equipo de crisis en La Moncloa que, según los datos de que dispone de sus conversaciones con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, y otras personalidades, la agitación de los mercados no parece tener en el punto de mira a España. Se trata, afirma, de movimientos especulativos que podrían disiparse rápidamente. Pero Rodríguez Zapatero se muestra muy preocupado. En cada movimiento de tierra ve la sombra del terremoto, aquella que ya vislumbró en mayo de 2010.

La ministra informa a los medios de comunicación que el consejo de ministros convocado para el 19 de agosto aprobará un paquete de medidas adicional orientado a garantizar el cumplimiento del déficit del 6 por ciento a finales de 2011.

José Enrique Serrano tiene previsto regresar a su lugar de vacaciones al día siguiente. Esa noche cena con José Blanco, que al día siguiente regresa a Galicia, y otros miembros del equipo de La Moncloa. Pero antes, Serrano mantiene una conversación telefónica con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien viaja a Francfort para participar, al día siguiente jueves, en la reunión del BCE.

—Miguel Ángel, esto tiene una pinta muy mala. Estamos pensando en adoptar una serie de medidas sobre las que ya veníamos trabajando en relación con los ingresos presupuestarios y el mercado laboral. No sé. ¿Qué información tenéis? —indaga Serrano.

—Mira, vamos a ver, lo que nos llega es que la volatilidad no es esta vez por España. Al menos por una vez no se trata de España. La idea es que son movimientos especulativos de corto plazo que pueden disiparse así como han venido. No tiene sentido que en el mes de agosto adoptéis medidas en relación con los flecos pendientes de contrato de formación y otros asuntos cuando todavía queda por recorrer mucho tiempo hasta las elecciones del 20 de noviembre. Yo me esperaría. Porque podemos necesitarlo en septiembre.

Serrano piensa que dada la presión inmisericorde de Fernández Ordóñez, digna de mejor causa, en la persecución sistemática del Gobierno, y de su presidente, a cuenta de las reformas laboral y de negociación colectiva, una vocación que le ha echado en cara en un reciente almuerzo, lo que le acaba de decir el gobernador tiene que tener algún fundamento. Se supone que sabe de lo que está hablando. Basados al parecer en fuentes diferentes, la ministra Salgado y el gobernador piensan de forma parecida sobre el corto alcance de los movimientos en curso.

La primera de las pruebas se supera sin sobresaltos. Durante la mañana del jueves 4, el Tesoro coloca 3.311 millones, el 95 por ciento del objetivo a tipos por debajo del 5 por ciento, aunque claramente por encima de la colocación a tres y cuatro años del pasado mes de junio.

¿Y qué pasa en Francfort?

El consejo de gobierno estudia el programa de compras de bonos públicos en los mercados secundarios
(Securities Market Programme).
El plan permanece inactivo o durmiente desde el mes de marzo. Pero, como en todas las reuniones, el punto está en la agenda. El consejo decide reactivar la compra de bonos de Portugal e Irlanda y pasa a analizar la subida de los tipos de interés en las colocaciones de bonos de España e Italia. Y llega a la conclusión, por amplia mayoría, de que es necesario frenar la espiral alcista mediante la intervención activa en los mercados secundarios de deuda de España e Italia. El presidente del Bundesbank, el Banco Central alemán, Jens Wiedmann, y el responsable del departamento económico y miembro del comité ejecutivo del BCE, el alemán Jürgen Stark, votan en contra. A ellos se suman otros dos votos: Klauss Knot, presidente del Banco Central de Holanda, e Yves Mersch, presidente del Banco Central de Luxemburgo. Son diecinueve contra cuatro.

Luc Coene, presidente del Banco Nacional de Bélgica, que respalda las compras de bonos públicos españoles e italianos, explica la operación de chantaje sin rodeos: «Antes de que el BCE se involucre debe producirse un esfuerzo interno, lo primero es convencer a los mercados, es necesario que España e Italia adopten medidas ya que si no sería como echar agua en un cubo con agujeros». Otra manera de verlo es que si el BCE no actúa los mercados van a producir tales boquetes que harán inocua cualquier intervención tardía.

Con todo, Trichet y su mayoría, para cubrirse, intentan calmar a los halcones alemanes que votan en contra de esas compras. Todos participan en un
remake
de lo que ocurre en mayo de 2010.

¿Cómo? A través de la exigencia de contrapartidas a los gobiernos de España e Italia. Quieren medidas adicionales para asegurar el cumplimiento de los compromisos de déficit público, por un lado, pero al mismo tiempo aprovechan la extrema vulnerabilidad de ambos gobiernos, solos ante los mercados, para subir el listón de exigencias.

Es chantaje en toda regla.

La gran obsesión se llama salarios. El Departamento Económico del BCE, que dirige Stark, estima que los costes salariales en España e Italia deben sufrir una fuerte reducción en relación con los de Alemania. Las cifras que barajan para España son del orden del 20 por ciento y del 30 por ciento para Italia. El BCE quiere asegurar a través de la reforma de la negociación colectiva el proceso de reducción de los salarios en ambos países. En España, considera, además, que hay un punto que ya es inadmisible. Hasta aquí podíamos llegar. Es urgente la eliminación de las cláusulas de ajuste salarial en los convenios. Y, al tiempo, sostiene que el sistema de negociación colectiva debe dar todavía más claramente la primacía a los convenios de empresa sobre las otras modalidades. Incluso más que la reforma de Rodríguez Zapatero de julio, hace tan solo un mes. Se trata de diseñar salarios y condiciones de trabajo para las necesidades específicas de la empresa. Lo mismo vale para Italia.