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Tampoco disimula la razón de su propuesta: «El acuerdo de rentas sería muy bienvenido por todos los que están mirando la marcha de nuestra economía».

La idea, pues, es que el BCE vea que se están haciendo cosas.

El Partido Popular, que advierte los movimientos desesperados del Gobierno y de Rubalcaba, cierra el paso. El portavoz económico Cristóbal Montoro define la propuesta como «otro conejo que se saca de la chistera». Denuncia que «es evanescente». Insiste Montoro en que se trata de «modernizar nuestras relaciones laborales y hacer una autentica y efectiva reforma de la negociación colectiva. Y prohibir por ley el déficit público».

El programa de Montoro coincide, en materia laboral, con la carta del BCE.

El 10 de agosto, Nicolás Sarkozy interrumpe sus vacaciones en la Costa Azul y convoca una reunión de urgencia de sus principales ministros. El presidente francés no acepta pasivamente que caiga la guillotina de la agencia de
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Standard & Poor's sobre la calificación AA A de Francia. Sarkozy solicita, en una reunión de emergencia celebrada en el Palacio del Elíseo, a los ministros de Finanzas, Francois Baroin, y de Presupuestos, Valerie Pecresse, un nuevo paquete de medidas para recortar el déficit fiscal desde el 5,7 por ciento en 2011 al 4,6 por ciento en 2012 para alcanzar la cota del 3 por ciento en 2013. Su deuda pública se sitúa en el 85 por ciento del PIB.

Pero la propuesta estrella de Sarkozy es la de introducir la cláusula de «freno» al déficit, como le llaman los alemanes, o «regla de oro» como dicen los franceses, en la Constitución francesa. Sarkozy aprovecha la reunión para urgir a los partidos políticos a respaldar la reforma.

Hace apenas un mes, a mediados de julio, que Sarkozy ha sacado adelante el Proyecto de Ley de reforma constitucional en la Asamblea Nacional y el Senado para consagrar en la Carta Magna la política de estabilidad presupuestaria, lo que a su vez requiere una Ley Orgánica. Pero el presidente solo cuenta con los votos en solitario de su partido, la Unión por el Movimiento Popular (UMP), ya que el partido Socialista (PS) se opone en cada una de las lecturas. Y si bien esos votos le permiten lograr la aprobación de la Ley, para inscribirla en la Constitución necesita reunir a las cámaras (Asamblea Nacional y Senado) en el Congreso de Versalles y obtener una mayoría de 3/5. Es imposible.

Lejos de París y de Madrid, un economista español lleva diez días de vacaciones en Cerdeña, Italia. Este 10 de agosto mientras cena con su esposa en un restaurante, en el sur de la isla, sigue por televisión las noticias de la reunión de Sarkozy con sus ministros. Al escuchar que el presidente francés invoca la necesidad de inscribir en la Constitución la norma de estabilidad presupuestaria, ya no puede estarse quieto. Hace tan solo cinco días que ha visto a Silvio Berlusconi anunciar, el viernes 5 de agosto, la reforma constitucional para limitar el déficit. Seis meses antes, a primeros de febrero de 2011, ha comentado con Rodríguez Zapatero la necesidad de incluir el objetivo de estabilidad presupuestaria en la Constitución como recurso frente a la crisis. Es con ocasión de la reunión cumbre hispano-alemana de Madrid en la que Angela Merkel pasa algunas horas en Madrid.

Ahora, Taguas coge su teléfono móvil, deja a su esposa en la mesa, y sale del restaurante. En la cañe, las rachas de un viento feroz se lo ponen difícil. Pero inasequible al desaliento, llama a su antiguo jefe. Que sigue en Doñana.

Le explica que la situación exige tomar medidas excepcionales y le anticipa que es el momento de retomar aquella idea de la reforma constitucional de la cual habían hablado hace unos seis meses y sobre el que, también, le ha escrito de manera reservada. Encuentra al presidente interesado, más que antes. El tema está en el ambiente. Lo ha anunciado Berlusconi. Ahora lo relanza Sarkozy. Taguas le dice que se pone a su disposición, que regresa a Madrid al día siguiente, 11 de agosto, y que va a trabajar sobre el asunto.

El presidente tiene interés…

José Luis Rodríguez Zapatero se reincorpora a su actividad en La Moncloa el martes 16 de agosto. Pero antes, el viernes 12 de agosto, desde Doñana, llama por teléfono a Cándido Méndez, secretario general de UGT, quien tiene previsto pasar unos días de vacaciones en Zahara de los Atunes, Cádiz. Se confiesa. Habla de las difíciles jornadas transcurridas y de las presiones que llegan de la Unión Europea. Le sondea sobre un encuentro en La Moncloa el miércoles 17 de agosto, antes de celebrar el consejo de ministros el viernes 19. Aunque va a tomarse unos días de vacaciones, el líder de UGT entiende la necesidad de la reunión.

El sábado 13, unos días después de hacerse público en Italia que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) ha enviado con fecha 5 de agosto una carta a Berlusconi, trasciende en Madrid que, en realidad, las cartas son dos. Una para Italia y otra para España. Se ignora por completo el contenido de la española. Tampoco se conoce que la misiva va dirigida a Rodríguez Zapatero.

Tras la conversación con Méndez, el presidente decide convocar la reunión. El domingo 14, Rodríguez Zapatero llama por teléfono a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras. Está en las montañas de Suiza. Fernández Toxo anticipa su regreso en coche con una escala en Francia. Finalmente, el presidente completa la ronda con la invitación a Juan Rosell, presidente de la CEOE.

Poco después de la llamada del presidente, suena el teléfono móvil de Fernández Toxo. Es el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. También va a acudir el miércoles a la reunión. Le comenta que han atravesado unos días de infarto.

—Has hablado con el presidente. La verdad es que la cosa está muy mal. Se lo he dicho a Cándido. Si de algo os puede servir mi palabra, desde que estoy en el Gobierno nunca he visto peor la situación. El presidente ha recibido una carta del Banco Central Europeo, en la que hay exigencias en materia laboral —dice el ministro.

—Sería bueno que nos dejes una copia antes de la reunión, Valeriano. —No, no puedo. El presidente tampoco me la deja a mí. Pero sé lo que dice la carta.

—Oye Valeriano, pero si me dicen mis colegas de los sindicatos de Italia que allí han trascendido detalles de la carta que han enviado al Gobierno.

—Aquí, Ignacio, nadie fuera del presidente y de la ministra de Economía conoce la carta. Pero lo que tienes que saber es que el presidente está muy preocupado, por eso quiere veros. Tenemos que acelerar el pacto de rentas del que venimos hablando.

La prima de riesgo baja durante toda la semana hasta quedar el viernes 12 en 266 puntos básicos o 2,66 por ciento, lo que coloca el tipo de interés del bono español a diez años por debajo del 5 por ciento. Esa prima ha caído, pues, un 30 por ciento en siete días. El Banco Central Europeo se gasta 22.000 millones de euros para frenar la subida de los tipos en los mercados secundarios. Las elevadas compras de bonos sorprenden. Al arrastrar los pies la semana anterior, existía la sospecha de que el BCE intervendría con cuentagotas. Está claro, pues, que se le ha visto las orejas al lobo. No se repara en cantidades. Ni en gesticulaciones políticas. Es lo que atestigua la reunión anunciada para el martes 16 en el Palacio del Elíseo. Sarkozy y Merkel van a presentar uno más de los enésimos planes para «salvar» a la Eurozona.

El presidente, que conoce el montaje de la escena de París, cita para ese mismo día, 16, en La Moncloa, para una reunión a la ministra Elena Salgado; al ministro de Fomento y Portavoz, José Blanco, y al director de su gabinete, José Enrique Serrano. Se va a repetir la escena del «partido» del jueves 4 de agosto, cuando el presidente y sus colaboradores siguen por la televisión la rueda de prensa de Jean-Claude Trichet.

Después de dos horas de cónclave, y con una cena todavía en agenda, Sarkozy y Merkel interrumpen para explicar sus conclusiones en una rueda de prensa. El mensaje central es el de lograr un «verdadero gobierno económico» en la Eurozona. Los medios: nombrar un nuevo presidente del consejo por un periodo de dos años y medio, incrementar las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno y, lo más importante, rubricar en las Constituciones de todos los países miembros una regla de equilibrio presupuestario. Pero la reunión también quiere servir para apoyar a Francia en su campaña contra la degradación de su
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AAA, el mismo que posee Alemania. Por ello se pretende dar la imagen de que Francia va cogida de la mano de Alemania en la obsesión por el déficit fiscal. Ambos dirigentes enfatizan, pues, que «Francia y Alemania deben estrechar su integración fiscal». También que «es necesario un régimen coordinado para el impuesto de sociedades en Francia y Alemania».

La propuesta de incorporar a la constitución la regla de freno del déficit público, la llamada regla de oro presupuestaria, debería plasmarse, según dicen, en el verano de 2012. Todas estas ideas, prometen, serán desarrolladas en una carta dirigida el día siguiente al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Rodríguez Zapatero hace que la reunión con sus colaboradores se convierta en una oportunidad para respaldar, esa misma tarde, las propuestas de Sarkozy y Merkel en general.

En la página web de La Moncloa aparece, tras la reunión de París, una foto del presidente y un texto en el que se informa que prepara el próximo consejo de ministros del viernes 19 y que se repasan las medidas a adoptar «con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en la consolidación fiscal y en la reducción del déficit público».

El mensaje es subliminal. Habla de «compromisos adquiridos». Es el espíritu o, mejor, las condiciones de la carta secreta de Fernández Ordóñez y Trichet. Cuyo contenido y consecuencias los ciudadanos desconocen.

La nota de La Moncloa también señala que «Rodríguez Zapatero valora positivamente los mensajes transmitidos en la tarde de hoy en París por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque suponen un importante avance para la unión económica de la Zona Euro».

Está claro que Rodríguez Zapatero está bailando, en el filo del precipicio, al ritmo que marcan los líderes supremos de la Eurozona.

La carta de Sarkozy y Merkel a Van Rompuy insiste en la necesidad de mejorar la coordinación y enumeran una serie de propuestas para reforzar la supervisión e integración de las políticas presupuestarias y económicas.

La primera de ella se refiere a la famosa regla de oro presupuestaria.

«Todos los estados miembros de la Zona Euro incluirán de aquí al verano de 2012 una regla de equilibrio presupuestario en su legislación nacional. Por principio, la regla de equilibrio presupuestario deberá ser incluida en la Constitución de los Estados miembros o en una legislación de nivel equivalente para asegurar la estabilidad y darle la primacía sobre los presupuestos anuales», sostiene la carta.

Añade que «la regla debe poner en práctica los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y garantizar que cada Estado miembro de la Zona Euro presente lo más rápido posible un presupuesto equilibrado. Ella garantizará una reducción duradera del nivel de la deuda en caso de superación del nivel de referencia (60 por ciento del PIB). En línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisable de aquí a finales de 2011, todos los Estados miembros de la Zona Euro en los que el nivel de endeudamiento exceda el nivel de referencia deberán presentar un plan de reducción de su deuda por debajo del valor de referencia, y precisar cómo tendrán en cuenta el impacto del envejecimiento de sus poblaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo».

Merkel, pues, lo consigue.

Lo que los alemanes llaman la regla-freno del déficit se remonta a 1949. La norma es derogada y repuesta en varias circunstancias a partir de 1970, para permitir al Estado endeudarse, hasta que se inscribe en la Ley Fundamental de Alemania, la Constitución, una «regla de oro de la inversión». El déficit público solo puede ser utilizado para financiar inversiones, lo que permite mantener un déficit estructural. Pero a finales de 2009, en plena Gran Recesión, el Gobierno de gran coalición de la Unión Cristiano Demócrata-Unión Social Cristiana (CDUCSU) y el Partido Socialdemócrata (PSD), que encabeza Angela Merkel, introduce, a iniciativa del ministro de Finanzas, el economista Peer Steinbrück, vicepresidente del SPD, una nueva regla mediante la reforma de la Constitución. Steinbrück elabora una propuesta draconiana para sustituir la «regla de oro de la inversión» por una regla-freno del déficit y un protocolo de cifras que debe ser aplicado durante el ciclo económico. A partir de 2016, es ilegal para el Gobierno federal registrar un déficit superior al 0,35 por ciento del Producto Interior Bruto, y desde 2020, los estados federales
(lander)
no tienen autorización para incurrir en déficit. Desde su aprobación, casi todos los estados incluyen la regla del «freno» en sus constituciones.

Esta decisión, que deposita de facto en la Corte Constitucional alemana la decisión última sobre la futura política fiscal, es la confesión del cada vez más inexistente margen de maniobra financiero del Gobierno alemán, lo que implica poner en cuestión las futuras inversiones sociales en educación e infraestructuras.

Por tanto, esta regla, es una opción política que hace de la austeridad un límite permanente frente a las exigencias sociales. Y aunque la regla rige a partir de 2016 y 2020, respectivamente, sus consecuencias se hacen sentir durante el periodo de transición. Como entre 2000 y 2009, la deuda de los
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sufre un aumento del 50 por ciento para compensar rebajas de impuestos a las grandes empresas y a los ingresos más altos, y, también, como consecuencia del rescate de bancos locales afectados por la crisis financiera de 2008, cumplir la norma exige a los estados reducir sus gastos en alrededor del 20 por ciento.

El martes 16 de agosto, Rodríguez Zapatero repasa los principales acuerdos para el consejo de ministros del viernes 19. El problema que le preocupa es hasta qué punto los casi 5.000 millones de euros de consolidación fiscal ya anunciados (anticipación de pagos a cuenta del impuesto de sociedades y el ahorro en gastos farmacéuticos) será una respuesta suficiente tanto a la carta del ÂÑÅ como a los mercados. Ese mismo día, martes 16, el Tesoro español coloca letras a 12 y 18 meses por valor de 5.696 millones de euros a tipos más bajos que la subasta anterior; ya solo queda la subasta del día 23, la última de agosto.