El fin de semana del 20 y 21 de agosto, Taguas «vuelve a la carga» sobre la reforma y sobre Rodríguez Zapatero. Mantiene varias conversaciones con el presidente, quien formula preguntas muy concretas. Taguas le explica que la austeridad fiscal se remonta a la socialdemocracia sueca de la época de la Gran Depresión y le sugiere que puede preparar una nota al respecto.
El objetivo, dice Taguas, es la reducción progresiva del déficit estructural. Eso, dice el presidente, no se va a entender. Taguas matiza que una cosa es la política presupuestaria y otra el ciclo económico. Y este último, señala, no puede plasmarse en la Constitución. Tiene que ser como lo que han hecho los alemanes en 2009. Déficit estructural. El presidente pregunta qué cifra de déficit estructural. Taguas le sugiere varias alternativas, para la Administración Central y para las Comunidades Autónomas.
En la mañana del domingo 21 de agosto, después de hablar con el presidente, Taguas llega a una conclusión: Rodríguez Zapatero ha decidido «comprar» la iniciativa de la reforma constitucional.
No se equivoca. Sobre las tres de la tarde, José Miguel Vidal, que está con el presidente durante la mañana, llama a su jefe jerárquico, José Enrique Serrano, para citarle esa misma tarde en La Moncloa. Le anticipa por teléfono que el presidente quiere analizar el tema de reforma constitucional para consagrar la limitación del déficit en la Constitución española. ¡Os habéis vuelto locos! Es lo que a bote pronto le sale. Una reforma constitucional en cuarenta y ocho horas. Su subdirector adjunto le previene de que venga preparado. Es decir, que el jefe de todos ellos tiene claro lo que desea.
Serrano, pues, se prepara. O lo intenta. Llama a la ministra Salgado para tener algún antecedente. Supone que si el presidente cuenta con alguien en este asunto, no puede ser otra que ella. Pero la ministra está fuera del radar. Apremiado por la hora, lo intenta con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
—Oye, José Manuel, intento hablar con Elena pero no me contesta. ¿Te ha comentado algo sobre un tema de reforma constitucional para limitar el déficit público?
—Bueno, lo que te puedo decir es que la ministra me ha pedido que hagamos un papel sobre cómo se plantea este asunto en diferentes países. Eso es lo que sé.
Antes de dirigirse a La Moncloa, Serrano consigue hablar con la ministra. Está visiblemente irritada al parecer por este asunto. Y no le ahorra las consecuencias de su estado de ánimo incluso a un buen amigo como es su interlocutor al otro lado del teléfono. El presidente le ha pedido un informe, sí. Pero ella lo ignora todo sobre cuál puede ser el objetivo de esta petición. Si el presidente ha contado con alguna persona para esta operación, esa no es al parecer la vicepresidenta. Serrano ya no tiene duda sobre esto.
Llega a La Moncloa. Se une a José Miguel Vidal, su segundo en el gabinete, al director de la Oficina Económica del Presidente, Javier Valles, y al presidente.
Rodríguez Zapatero explica que a la luz de la comparecencia de Nicolás Sarkozy y Angela Merkel ha llegado a la conclusión de que España tiene que aprovechar la circunstancia y convertirse en el primer país después de Alemania en incluir la cláusula del freno del déficit en la Constitución. Si como todo indica, la Unión Europea camina hacia una mayor integración fiscal y si, además, España ya posee una Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la que recientemente se ha unido la regla para el gasto público del Estado y las Corporaciones, no debería existir impedimento alguno para llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición y aprobar esa reforma constitucional. Son circunstancias excepcionales. El presidente insiste en que la situación de los mercados requiere una respuesta que evite el rescate. También confiesa que cumplir las exigencias laborales del ÂÑÅ implica correr el riesgo de una confrontación con los sindicatos que sería muy negativa para el PSOE.
Serrano sin salir de su estado de asombro, ese que le lleva a la reacción inicial de que la locura ha invadido el ambiente, expresa sus reservas sobre este viraje político intempestivo en una materia tan sacralizada en España como la Constitución. No se le puede meter cifras y estadísticas. Su espíritu conceptual no permite encajar un texto económico como el que entiende se está buscando. Cada Constitución es un mundo particular. Su reacción no disimula la perplejidad que acumula en las horas que han transcurrido desde la llamada telefónica, a comienzos de esta tarde, esa especie de aldabonazo para que acudiese al Palacio de la Moncloa esta tarde de domingo.
Tras un intercambio de argumentos, está claro que diga lo que se diga, la reforma va a misa.
—La decisión está tomada —zanja el presidente.
Rodríguez Zapatero tiene que hablar con Rajoy. Y con Rubalcaba. ¿Cómo? ¿Está haciendo esto el presidente a espaldas del candidato socialista? De lo que dice, parece desprenderse eso.
Serrano y Vidal tienen que elaborar el discurso de Rodríguez Zapatero para su comparecencia del martes, día 23. Hay que dejar, pues, un espacio pendiente para incluir la propuesta de la reforma constitucional bastante avanzada la intervención. A disposición, hay una nota, confidencial y anónima, sobre «una regla fiscal en la Constitución Española».
Es una de las que envía David Taguas al presidente.
Si en la película de John Ford
El hombre que mató a Liberty Valance
la cámara hace ver al espectador que en el célebre duelo es el abogado James Stewart-Ransom Stoddard quien mata al bandido Lee Marvin-Liberty Valance, la realidad será narrada más tarde. En verdad, la bala que acaba con Liberty Valance procede del revólver de John Wayne-Tom Doniphon.
David Taguas, pues, parece ser el Tom Doniphon de esta película sobre la reforma constitucional del déficit.
Mariano Rajoy, Elena Salgado, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este es el orden que Rodríguez Zapatero va a seguir para informar sobre su decisión durante la mañana, tarde y noche del 22 de agosto de 2011. Mientras su equipo elabora en La Moncloa su discurso del día siguiente y surfea por Google para obtener antecedentes sobre la reforma de la Ley Fundamental de Alemania, el presidente dedica la mañana a pensar la jugada.
La reforma constitucional alemana propuesta por el Gobierno de gran coalición es aprobada el 29 de mayo de 2009 por el Bundestag, el parlamento alemán, a cuatro meses de las elecciones legislativas, convocadas para el 27 de septiembre, sin ninguna presión exterior. La iniciativa de Rodríguez Zapatero, a tres meses de las elecciones, responde a la idea de que la Unión Europea se encamina, por el acuerdo entre Merkel y Sarkozy, hacia la propuesta de inscribir dicha regla en las constituciones nacionales. Y, claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se busca evitar un rescate en plena etapa preelectoral.
El presidente adopta la decisión de la reforma entre la aprobación de un ajuste fiscal adicional de 5.000 millones de euros en el consejo de ministros del 19 de agosto y las reformas laborales pendientes de aprobar en el consejo de ministros del 26 de agosto. Temeroso de que no serán suficientes para «calmar a las fieras» de los mercados y el BCE, urde la reforma constitucional como una medida, que no siendo requerida, puede ser un «refuerzo» que gane al menos algo de tiempo.
Toma, finalmente, contacto con Mariano Rajoy por teléfono el lunes 21 al final de la mañana. Le dice con carácter confidencial que la situación sigue siendo tan seria y grave que ha pensado en una iniciativa excepcional, aparte de las decisiones que viene adoptando el consejo de ministros. Una medida que, según la propuesta enviada por Sarkozy y Merkel a Van Rompuy, todos los países van a asumir en los próximos meses: la incorporación de una regla fiscal en la Constitución española. Rajoy, que internamente no se lo puede creer, dice que él ya ha defendido públicamente que esto se debía haber hecho mucho antes y que se podía haber evitado, sostiene, situaciones como la que vive la economía española. No puede más que congratularse de que el presidente haya llegado a esa conclusión. Porque es bueno para España. Cuenta conmigo. Te apoyaré. El presidente queda en enviarle un breve texto. Se trata de limitar el déficit público estructural a su mínima expresión. Es decir: el déficit que tiene lugar con independencia de lo bien que funcione la economía, atraviese por una recesión, experimente un
boom
o simplemente pase por una etapa de estancamiento. El tope, pues, del que no puede exceder es el 0,35 por ciento del Producto Interior Bruto. Igual que Alemania. Con un periodo de transición para alcanzar el objetivo hacia 2018. El presidente no le dice una palabra a Rajoy sobre la carta del BCE del 5 de agosto.
Rodríguez Zapatero acoge la favorable recepción de Rajoy con verdadera satisfacción, como si hubiese sido la propuesta de su vida, cuando es una idea cuya paternidad defiende el presidente del PP, según le dice por teléfono. Es el 25 junio de 2010 cuando Rajoy, al hacer una exposición sobre su programa económico, en un desayuno del Foro Nueva Economía en el hotel Ritz de Madrid, sostiene: «Es imprescindible una nueva normativa de disciplina presupuestaria, que establezca techos de gasto y de endeudamiento de todas las administraciones. Alemania ya ha hecho algo parecido, con una modificación constitucional. Promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria». Rubalcaba al comentar al día siguiente, 26, en la convención municipal de los socialistas en Palma de Mallorca, el desayuno de Rajoy, ataca duramente al líder del PP. «Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis. ¿Tiene algo más que decir, además de la idea genial de cambiar la Constitución?».
Pero es verdad que jamás el PP se lo propone al PSOE ni presenta una iniciativa parlamentaria al respecto.
Como quiera que Rajoy no pasa de expresar la idea dentro de una declaración general, Rodríguez Zapatero le replica, veinte días más tarde, en línea con Rubalcaba, en el difícil, por no decir imposible, debate sobre el estado de la nación del 14 de julio de 2010, posterior al plan de ajuste de mayo de 2010. «Lo más nuevo que hemos escuchado, no aquí sino en un desayuno de esos por la mañana, es una medida original, la que más eco tuvo, la de reformar la Constitución para impedir el déficit. Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es el procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la crisis económica. Esa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad», dice el presidente.
Para Rodríguez Zapatero, la medida es ahora, en agosto de 2011, un último recurso. El hecho de que proponga la reducción del déficit fiscal estructural para el horizonte temporal de 2018 y 2020 le parece lo menos grave ante la situación actual. Como solía decir el emperador Augusto de alguien que no paga nunca, la reforma es planteada como una medida
ad calendas graecas.
Lo que desde luego no es así, según se puede ver en Alemania. El horizonte temporal de eliminar prácticamente el déficit estructural federal es el año 2016. Pero ello exige empezar con anterioridad, de manera progresiva, a recortar gastos para cumplirlo. El Gobierno de Angela Merkel ya ha comenzado, aunque sin mucho éxito en 2011, con los recortes del gasto.
Cierto es que hay una diferencia entre la reforma alemana y la española. Mientras en Alemania solo «en caso de catástrofes naturales o situaciones inusuales de emergencia que escapan al control gubernamental y sustancialmente dañinas para la capacidad fiscal del Estado estos límites crediticios pueden ser superados sobre la base de una decisión de la mayoría de los miembros del Bundestag», en España, entre las excepciones, se incluye una «recesión económica».
El presidente, tras obtener el acuerdo de Rajoy, hace saber a Taguas que la reforma es casi un hecho. Esa tarde da cuenta, por fin, a la ministra y vicepresidenta Elena Salgado, quien parece ignorar —o prefiere asumir ese papel— hasta ese momento para qué le solicitaba los informes el presidente. Y se lo explica a Rubalcaba. El candidato socialista siente que el presidente lo ha excluido en una decisión que puede tener consecuencias negativas para el PSOE y su campaña electoral. Le pregunta:
—¿Por qué no me has dicho nada antes de hablar con Rajoy? —La verdad, porque no sabía cuál podía ser la actitud de Rajoy. Si su respuesta era negativa…
En La Moncloa, el equipo de José Enrique Serrano inquiere durante la tarde si el presidente ya ha hablado con el candidato socialista. Rodríguez Zapatero transmite que ya lo ha hecho y que todo está conforme. ¿Rodríguez Zapatero y Rubalcaba han hecho un reparto de papeles que solo ellos dos conocen?
Avanzada la tarde, David Taguas ve que la reforma constitucional está marchando. Llama a Miguel Sebastián. Ambos habían sido partidarios de incluir la idea de la limitación del déficit estructural en el programa electoral del PSOE, en 2004. Pero no había calado.
—Te he mandado eso para que le eches un vistazo. Aparte del presidente te lo mando a ti.
—¿De qué hablas?
—Lo de la reforma, Miguel.
—Pero, ¿qué reforma?
—Pero, oye ¿tú no sabes lo del artículo 135?
—No sé nada David.
Esa noche, Elena Valenciano, coordinadora de campaña de Rubalcaba, llama por teléfono a José Miguel Vidal para pedirle explicaciones. Es, precisamente, Vidal quien llama tarde la noche del lunes a Pepe Blanco para comunicarle lo que va a proponer el presidente al día siguiente.
Rubalcaba, a su vez, mantiene una durísima conversación telefónica con su amiga, la ministra Elena Salgado. Le reprocha amargamente que no le haya tenido al corriente, al menos de los pocos elementos de juicio de los que podía disponer. Y comunica con sus colaboradores incluso entrada la madrugada. Llama por teléfono a Valeriano Gómez, que duerme. Queda registrada una llamada perdida del teléfono de Rubalcaba. Es la una de la madrugada del martes 23. A la mañana siguiente, en el Congreso le explica el motivo del telefonazo. Era para comentarle la gran noticia.
El equipo de La Moncloa, tras cerrar el discurso, se pone al habla, ya muy tarde en la noche del lunes con los portavoces de Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco para anticiparles que el presidente va a llevar la mañana siguiente al Congreso la propuesta. Pero el contacto no se lleva adelante hasta primera hora del martes 23, una hora antes del pleno extraordinario.