Indecentes (22 page)

La utilización del concepto de «empleabilidad» de los jóvenes por parte de Rajoy es ilustrativa. En su análisis de las políticas de empleo, los autores citados distinguen entre «pleno empleo» y «plena empleabilidad». Una intenta perfeccionar el funcionamiento del mercado y defiende los derechos básicos de los ciudadanos. La otra apuesta por la supremacía total del mercado.

El Gobierno de Rajoy concibe su reforma laboral como la bomba nuclear con capacidad para vencer cualquier resistencia de Bruselas en las materias presupuestaria y fiscal, habida cuenta de que la desviación del déficit, en gran parte motivada por el incumplimiento de las Comunidades Autónomas, la mayoría en manos del PP, es una herencia del Gobierno socialista. Por esta razón, Rajoy, pese a encargar a los interlocutores sociales la presentación de propuestas, rehusa recibir a los sindicatos en su calidad de presidente. Apuesta por la vía sumarísima. Ni siquiera intenta hacerse la foto para dejar constancia de que ante la falta de acuerdo de los interlocutores sociales el Gobierno se ve impelido a actuar. Incluso el hecho de que estos anuncian un nuevo acuerdo de moderación salarial, el 25 de enero de 2012, no lleva a Rajoy a recibirles en La Moncloa. La reforma es unilateral, una demostración de fuerza para exportar a Bruselas y a Francfort. El 30 de enero, en cambio, en su primer Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy explica en los pasillos de la reunión al primer ministro finlandés, Yirki Katainen, sin reparar que los micrófonos lo están captando:

—La reforma laboral nos va a costar una huelga.

El jueves 9 de marzo, a veinticuatro horas de la reunión del viernes 10, en la que el Gobierno tiene previsto aprobar el Decreto Ley, el ministro De Guindos participa en la reunión del Eurogrupo. Se acerca por detrás al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que está trabajando con una pila de papeles. Junto a él se encuentra Jórg Asmussen, exsecretario de Estado del ministerio de Finanzas alemán y miembro del comité ejecutivo del BCE. Y, así, el ministro español se inclina hacia el rostro de Rehn, y dice:

—Mañana vamos a aprobar… Rehn, algo ensimismado, se da la vuelta para mirar la cara de De Guindos, y vuelve a escuchar de costado. —… la reforma del mercado laboral. Veréis que va a ser extremadamente, extremadamente, agresiva…

Rehn asiente con la cabeza.

De Guindos prosigue:

—Usted sabe, va a tener un montón de flexibilidad en la negociación colectiva, reducimos los pagos por indemnización de despido, ya verá, ya verá, es una modificación real… —Okay, eso sería estupendo. Muy bien.

Tras el anuncio de la nueva reforma laboral por la vía de un Decreto Ley urgente, como suele recomendar la Comisión Europea y el BCE, Luis de Guindos negocia en los días siguientes el tema presupuestario con el equipo de Rehn. Y prácticamente llega a un acuerdo en términos de reducir el déficit estructural, independientemente de la evolución negativa de la actividad en 2012. Pero he aquí que la descoordinación del Gobierno y quizá el deseo de Rajoy de compensar la imagen de subordinación a la Comisión Europea del ministro de Economía anticipando la noticia al comisario Rehn, una escena que da la vuelta al mundo, le conducen a sobreactuar, al término del Consejo Europeo del 2 de marzo, y anunciar que el déficit será del 5,8 [sic]. por ciento del PIB.

—El objetivo de déficit público para el año que viene será del 5,8. Que está dentro de la normativa, porque si fuese de otro modo no hubiéramos planteado este objetivo. La cifra de déficit público de los Presupuestos Generales del Estado no se la he contado a los jefes de Estado, ni tengo por qué hacerlo. Esto es una decisión soberana de los españoles que han conocido ustedes en estos momentos. A la Comisión se la contaré en abril, como a todos los demás.

La palabra soberanía, «decisión soberana», horroriza en Bruselas y en el BCE. Cuando el entonces primer ministro griego, Yorgos Papandreu, la pronuncia el 31 de octubre de 2011, al informar que quiere someter el nuevo rescate y el programa de ajuste a un referéndum en Grecia, ello precipita su caída y el nombramiento, el 10 de noviembre, de Lucas Papademos para sucederle en el cargo.

La soberanía de 1,4 puntos que invoca Rajoy sufre rápidamente un recorte. La bomba atómica de la reforma laboral ya ha sido lanzada. Pero la Comisión Europea y el Eurogrupo quieren una solución salomónica. El Gobierno español debe asumir una parte de la desviación y Bruselas otra parte. El viernes 9 de marzo, el Comité Económico y Financiero, órgano consultivo de la CE y del BCE, que reúne confidencialmente a los directores generales del Tesoro y representantes de bancos centrales de los países miembros, zanja la cuestión. El representante español, el director general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, dependiente del ministro de Economía, transmite lo que se ha resuelto.

El lunes siguiente, 12 de marzo, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker se acerca, antes de comenzar la reunión, a Luis de Guindos. Las cámaras siguen al primer ministro luxemburgués. Y captan cómo le enrosca las dos manos en el cuello mientras despliega una amplia sonrisa para terminar deshaciéndose ambos, después del estupor inicial visible en el rostro del ministro español, en un abrazo. La reunión aprueba un déficit del 5,3 por ciento. La soberanía queda adelgazada a nueve décimas. Desde el objetivo del 4,4 por ciento inicial hasta el 5,3 por ciento.

Juncker, después de la simulación del estrangulamiento, pretende dar una lección. Le devuelve la bofetada a Rajoy: —El objetivo de déficit del 5,8 por ciento para 2012 ha muerto.

La mañana siguiente, el ministro De Guindos anuncia que el Gobierno aceptará la nueva meta fijada por el Eurogrupo. La primera gran prueba de fuerza entre la Comisión Europea, el BCE y el Gobierno de Rajoy termina mal. La prima de riesgo de los bonos públicos del Reino de España comienza a superar a la de los bonos de Italia en el primer trimestre de 2012, todo lo contrario a la tendencia observada desde la crisis de agosto de 2011. Así como en España se afirma «no somos Grecia», el primer ministro italiano, Mario Monti, viene a decir, «Italia no es España», cuando declara el sábado 24 de marzo de 2012 desde Cernobbio, en el norte de Italia, que «España ha realizado una reforma laboral incontestable, muy incisiva, pero no ha prestado igual atención a las cuentas públicas. Está dando a toda Europa motivos de gran preocupación porque sus tipos de interés suben y basta poco para recrear fenómenos que, a través del contagio, nos puedan afectar a nosotros». El Gobierno de Rajoy consigue una matización de Monti.

Rajoy lo vive como una humillación. ¡Cómo es posible que Monti, tecnócrata instalado a la cabeza del Gobierno de Italia por obra y gracia de un golpe de Sarkozy y Merkel, se atreva a criticar a un presidente salido de las urnas por mayoría absoluta como él! Pero las escaramuzas de Rajoy con la Comisión Europea y el cierre en falso de la crisis de deuda soberana con la inyección de liquidez de un billón de euros por parte del BCE para evitar la caída de varios bancos europeos y ayudarles a comprar deuda pública, colocan nuevamente a España en el centro de la tormenta.

La reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea analiza el viernes 30 de abril dos informes preparados por la Comisión Europea que son coincidentes: los préstamos del BCE han dado alivio a la crisis de la deuda, pero no suponen el final de la misma. Los mercados están al acecho.

Del miedo cerval a la intervención que guía a Rodríguez Zapatero desde mayo de 2010, España pasa al temor de Mariano Rajoy quien confiesa, finalmente, el 2 de abril de 2012, que «no hay alternativa» a las duras medidas para ajustar el déficit y que son preferibles frente a la situación por la que atraviesan «otros» países europeos, en referencia a Grecia, Irlanda y Portugal.

Pero aún así, estas promesas no logran acallar la irritación de los socios europeos. La crisis ha entrado en una zona de «sálvese quien pueda». Y quien lo refleja de manera vital es Nicolás Sarkozy, en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales del 22 de abril y 6 de mayo de 2012. Al presentar sus propuestas, el jueves 5 de abril, un día después que la primera subasta del Tesoro español conoce un veredicto negativo para el ajuste presupuestario y en la misma jornada en la que los mercados financieros vuelven a recrear la crisis de mayo de 2010, y de agosto y noviembre de 2011, llevando la prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos o 4 por ciento, el presidente-candidato francés destaca la «incapacidad de España para cumplir los compromisos asumidos y la elevación extraordinaria de los tipos de interés» de su deuda. Es sin duda una referencia no solo a Rodríguez Zapatero sino también a la declaración de soberanía de Rajoy, al anunciar el objetivo de déficit del 5,8 por ciento, más tarde retirado para aceptar el 5,3 por ciento. Sarkozy también habla de la «necesidad de bajar las pensiones y disminuir los salarios».

Esta desconsideración de la política de un aliado político como es Rajoy culmina con la apelación al fantasma de Grecia… «La situación que tienen nuestros amigos españoles, como la que han vivido nuestros amigos griegos, nos recuerda la realidad», explica. Según Sarkozy, que ha elogiado la política de ajuste valiente de Rodríguez Zapatero, esta es la realidad «tras siete años de Gobierno socialista». Al día siguiente, viernes 6, el presidente-candidato volverá a preguntar de manera retórica en una entrevista en la radio francesa RTL: «¿Cree que los franceses tienen ganas de conocer la suerte de Grecia o de España?».

Sarkozy, pues, está desesperado ante los malos augurios que le deparan los sondeos sobre las elecciones del 22 de abril y 6 de mayo, y ha decidido quitarse la careta de jefe de Estado y de su calidad de co-refundador, según el guión del Gobierno alemán de Angela Merkel, del sistema del euro.

Precisamente, la posibilidad de su derrota a manos del candidato del Partido Socialista francés, Francois Hollande, confirmaría también que en Francia se cumple la ley de que la mayoría de los gobiernos identificados con el comienzo y desarrollo de la Gran Recesión son llevados a la oposición por sus respectivos electorados.

Pero en este caso, esa ley virtual supone, además, una consecuencia sin precedentes: la de entreabrir la puerta a la primera gran crisis del eje franco-alemán sobre el que gira la refundación del euro ya que Hollande ha prometido revisar lo que podría denominarse el acuerdo de virtual refundación del euro que pone la consolidación fiscal como la solución de todos los males. El domingo 15 de abril, a una semana de la primera vuelta de las presidenciales, Sarkozy, ya claramente a la defensiva, después de abogar por la austeridad durante la mayor parte de su campaña, da un giro de 180 grados, y dice:

—Si Europa no quiere perder terreno en la economía global, debe revivir el crecimiento. Si el Banco Central Europeo no apoya el crecimiento, no tendremos suficiente crecimiento…

El 30 de marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras fracasar el PP en su objetivo de ganar las elecciones autonómicas de Andalucía por mayoría absoluta y obtener resultados mediocres en Asturias, y tras la huelga general del 29 de marzo, anuncia el ajuste presupuestario que venía postergando por razones electorales. La economía ya está en recesión y el Gobierno prevé una caída de la actividad del 1,7 por ciento en 2012. Y aún así centra el tijeretazo en un recorte brutal de la inversión pública, en continuidad con la poda ya iniciada en los presupuestos aprobados en 2010 para 2011, lo que implica fortalecer, sin atenuantes, las tendencias contractivas pues el sector privado continúa su larga marcha hacia el desendeudamiento. Con el sector público en contracción y con el privado paralizado por el peso de la deuda, la economía española está en caída libre. El bono público español, que es de hecho el sustituto de la moneda que España ha cedido para adoptar el euro, que ya venía pagando un interés mayor que Italia durante el primer trimestre de 2012, vuelve a dispararse. Los mercados reflejan que el brutal ajuste presupuestario será difícil de materializar y que, en todo caso, el objetivo de reducir la deuda pública en términos de PIB que toda consolidación fiscal busca, resultará imposible porque la economía se contraerá más con el golpe fiscal. La deuda, por tanto, aumentará su peso.

El Gobierno de Rajoy pretende que la presunta contrapartida de la austeridad es la reforma del mercado laboral, que sería la palanca del crecimiento cuando la economía vuelva a arrancar. ¿Pero cuál será el motor de arranque? En realidad, hasta los más entusiastas defensores de esta reforma, como puede ser el caso de uno de sus promotores intelectuales, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, murmuran que Rajoy se ha pasado de «valiente» con su reforma porque aparte de cargarse la negociación colectiva ha abaratado el despido en un momento de caída de la actividad económica y esto es un estímulo para que la reforma se convierta en una mera ley de despidos.

La crisis que irrumpe en 2007-2008 es según los economistas norteamericanos Barth, Caprio y Levine el producto de un «homicidio negligente» o un «homicidio por negligencia», consumado, en una parte importante, por las autoridades reguladoras y los políticos. En lugar de frenar la burbuja de la vivienda y de crédito contribuyen a inflarla. Cinco años después de que los inspectores del Banco de España denunciaran en 2006 la política del entonces gobernador Jaime Caruana, este admite en mayo de 2011, que se podía haber hecho más para evitar el desastre. «Se podía haber subido más las provisiones o el capital, por ejemplo, o haber actuado en la ratio entre el préstamo y el inmueble. Cuando se establecieron las provisiones, se pensaba que se estaba haciendo bastante, el problema es que la dinámica continuó por muchos años». Caruana admite ahora que «si pones unos mayores obstáculos, probablemente algo se hubiese podido frenar. Y hay experiencias, por ejemplo, en Hong Kong y en otros lugares en los que las actuaciones que restringen la capacidad de demandar crédito han funcionado bien».

Estas medidas, mira por dónde, ya han comenzado a aplicarse en Alemania por iniciativa del Bundesbank, el Banco Central alemán, que ve con preocupación la subida de los precios de la vivienda del 5,6 por ciento en 2011, después de una década de estancamiento, y quiere evitar que con tipos de interés del 1 por ciento se infle una burbuja inmobiliaria. Por tanto, ha comenzado a poner en práctica las provisiones anticíclicas o «estadísticas», y otras medidas como las ya aplicadas en Asia, donde se limita seriamente la cantidad de dinero que se concede como proporción del valor de la vivienda a adquirir.