Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil (31 page)

   Consta que ambos sindicatos favorecieron la entrada de las mujeres en la fuerza de trabajo pero que tardaron en incorporar una política específica a sus programas. Aunque desde el comienzo de la guerra las organizaciones femeninas habían intentado convencerlos para que cooperaran en los programas de capacitación, tal como manifestaron públicamente las mujeres y de un modo aún más patente en los informes internos, hubo una falta decidida de colaboración sindical. Las organizaciones antifascistas trabajaban más estrechamente con la UGT, en tanto que Mujeres Libres estaba relacionada con la CNT, pero la historia es la misma por lo que respecta a ambos sindicatos: los intentos de establecer programas de capacitación se trataron con indiferencia, frivolidad y hostilidad manifiesta.
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En realidad, los sindicatos no empezaron a poner en práctica la política de incorporar a las mujeres al trabajo hasta la primavera de 1938. En ese momento, tanto los sindicatos como los partidos políticos se tomaron el asunto más seriamente debido al curso desfavorable de la guerra y porque el aumento del reclutamiento masculino había reducido la mano de obra de un modo espectacular.
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   Aunque ya en octubre de 1937 la UGT acordó incluir en su programa el derecho de las mujeres al trabajo, no lo hizo. En marzo de 1938, en una reunión de su filial de Barcelona, se decidió de nuevo incluir este punto en su programa: “Capacitemos a las mujeres para el trabajo. Ayudemos a que las mujeres accedan a la producción. Acabemos con la resistencia de aquellos camaradas que piensan que les van a quitar el puesto... Organicemos clases teóricas y, si es posible, prácticas para las mujeres”.
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Meses más tarde, a finales de septiembre de 1938, el comité nacional de la UGT reconoció que se había hecho muy poco en este campo. Procedió entonces a ratificar el acuerdo anterior e invitó a todas sus filiales a ponerlo en práctica a nivel local con el propósito no sólo de sustituir a los trabajadores sino también de intensificar la producción.
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En el caso de la CNT, fue en agosto de 1938 cuando finalmente incorporó el trabajo femenino a su programa oficial. En una reunión celebrada en Valencia en octubre de 1938, que abordaba los problemas económicos de la guerra y la revolución, la CNT aprobó una serie de resoluciones acerca del trabajo femenino y puso en marcha un complejo programa para coordinar un proyecto nacional de formación profesional e integración de la mujer en el mercado laboral.

   En 1938, la CNT seguía aceptando la segregación laboral de las trabajadoras. Además, la guerra dio un giro inesperado a los postulados de la eugenesia anarquista al justificar la exclusión de las mujeres de algunos trabajos por la dudosa razón de que su capacidad reproductora podía verse afectada y de que su temperamento no las hacía aptas para el trabajo. Tradicionalmente, la eugenesia anarquista se vinculaba con temas tales como la reforma sexual, el aborto y el control de la natalidad, las condiciones sanitarias y la falta de atención médica a las madres trabajadoras.
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La mejora del control de natalidad y de una adecuada asistencia médica a las madres trabajadoras había sido uno de los puntos principales del programa anarquista de reforma sexual. Además, los anarquistas se inclinaban a definir la eugenesia a través de una interpretación de clase que legitimaba su defensa del control de la natalidad y mejoraba las condiciones sanitarias e higiénicas de la clase obrera. Lo excepcional para ellos era considerar la eugenesia desde su perspectiva tradicional que vinculaba la herencia biológica y la degeneración de la raza.
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Dada la falta de interés que el sindicato anarquista CNT mostró por las manifestaciones anteriores de la reforma sexual, es realmente significativo que el Pleno Nacional de Regionales, la asamblea nacional de las filiales sindicales de la CNT, suscribiera el argumento tradicional eugénico de impedir que las mujeres ocuparan ciertos puestos de trabajos específicos. En el otoño de 1938, la asamblea acordó definir como actividades prohibidas para las mujeres “aquellas que fueran biológicamente inadecuadas para su condición sexual y su temperamento y que pudieran dar lugar a una degeneración de la raza”
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   Incluso entre los anarquistas imperaba la jerarquía de género y, una vez más, las mujeres no tenían oportunidad de decidir qué trabajos podrían ser perjudiciales para ellas o para sus hijos. El programa de la CNT incluía también la implantación de la segmentación laboral, ya que facilitaba un reciclaje profesional a los hombres que ya tenían un trabajo con el fin de ocupar puestos de trabajo específicamente “masculinos” de más categoría, en tanto que se formaba a las mujeres para ocupar los antiguos trabajos de los hombres.
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   El hecho de que una de las organizaciones dedicada a la transformación revolucionaria de la sociedad española defendiera tan expresamente las prerrogativas masculinas indica, en efecto, la profundamente insertas que estaban las estructuras tradicionales de género en la sociedad española y con cuánta intensidad tenían que luchar las mujeres para que les reconocieran sus derechos, sobre todo en el ámbito sumamente conflictivo del trabajo. A lo largo de toda la guerra, la pervivencia de mecanismos de control social informal y formal a través del discurso de género y las regulaciones laborales, dificultaron, la aceptación del trabajo femenino remunerado. Por lo tanto, no resulta sorprendente que al final de la guerra todavía hubiera que emprender campañas para que la integración de las mujeres en la fuerza de trabajo fuera aceptada por la sociedad de un modo más generalizado. A medida que aumentaba la presión de las tropas franquistas y los frentes republicanos se disgregaban, los llamamientos asumían un tono más dramático, pero para entonces ya era demasiado tarde.
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   En realidad no fueron los sindicatos ni las organizaciones femeninas los que llevaron a cabo las iniciativas más acertadas para formar a las mujeres y mejorar su situación laboral, sino el gobierno catalán con su empeño por resolver los problemas de producción de la economía de guerra. Lo cierto es que, al principio, el gobierno central había intentado movilizar a las mujeres en el esfuerzo bélico invitando a las organizaciones femeninas antifascistas a participar en una comisión oficial de ayuda a las mujeres creada por decreto en agosto de 1936 y adscrita al Ministerio de Defensa.
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El proyecto de gobierno central era, en efecto, proveer ayuda voluntaria, labores de auxilio y asistencia social. La llamada general al trabajo no se ordenó oficialmente hasta el mismo final de la guerra cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, como última y desesperada medida para hacer frente al avance de Franco, firmó un decreto (enero de 1939) ordenando la movilización obligatoria de personas de ambos sexos y de edades comprendidas entre los diecisiete y los cincuenta y cinco años que no estuvieran bajo la disciplina militar.
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En ese momento en el que tanto los hombres como las mujeres estaban obligados a participar en todo tipo de trabajos que pudieran ser beneficiosos para las estrategias de la defensa republicana, las diferencias de género se dejaron de lado. Pero para entonces era demasiado tarde; la desintegración de las instituciones republicanas ya había comenzado y el decreto tuvo pocas consecuencias. Aún en esta última etapa, y con las tropas de Franco a las puertas de Barcelona, el gobierno catalán mantenía todavía las distinciones de género al exigir a todos los hombres menores de cincuenta y cinco años que trabajaran en las fortificaciones de la ciudad, mientras que las mujeres sólo podían adherirse con carácter voluntario.
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   Los datos indican que en Cataluña existía un gran interés en crear programas de capacitación para las mujeres y estrategias para su integración en el trabajo.
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Probablemente esto se puede atribuir a varios factores: Cataluña se convirtió en frente de guerra más tarde que en otras regiones, desde hacía algún tiempo estaba en marcha un proceso de cambio social, y existía en la zona un fuerte movimiento de mujeres. En noviembre de 1936, el gobierno catalán propuso organizar un servicio para él “la formación profesional de las mujeres a fin de ocupar los puestos de los hombres” bajo los auspicios del Ministerio de Defensa.
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Sin embargo se tardó casi un año en desarrollar un programa específico y en adecuar las estructuras oficiales para llevar a cabo este objetivo.

   En julio de 1937, el Departamento de Trabajo y Obras Públicas de la Generalidad creó el Institut d’Adaptació Professional de la Dona (IAPD).
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El Instituto era una de las iniciativas más globales creadas para fomentar la adaptación profesional de las mujeres y asegurar su integración en el trabajo; constituyó una iniciativa conjunta de los organismos oficiales, los sindicatos y las organizaciones políticas. Sin duda, las características del Instituto y el desarrollo de su programa dan idea de la cuestión de la mujer y el trabajo durante la Guerra Civil, ya que fue una iniciativa conjunta inaudita. Los sindicatos, los organismos oficiales y las organizaciones femeninas llevaron a cabo otros programas de adaptación, pero eran iniciativas más esporádicas y menos exhaustivas.
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   El preámbulo de la disposición que justificaba la creación del IAPD refleja claramente el discurso dominante sobre la necesidad de evitar la probable paralización de la industria que se derivaría del reclutamiento masculino. El medio más eficaz de impedir una merma de la producción era movilizar la mano de obra femenina de reserva. El decreto reconocía la capacidad histórica de las mujeres para adaptarse a los momentos de necesidad y emprender el trabajo que hasta entonces habían realizado los hombres. También proponía la creación de una institución que desempeñaría la tarea de “preparar profesionalmente a las mujeres para el trabajo en la retaguardia a fin de sustituir a los hombres que tienen que dejar sus puestos para unirse al ejército”
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   Como medida legislativa, era una norma muy progresista comparada con la práctica habitual, ya que algunas de sus disposiciones contenían aspectos muy emancipación sobre cuestiones salariales y de oportunidades de trabajo. Establecía los principios de equidad salarial (“A igual trabajo, igual salario”), de igualdad de acceso a un trabajo en condiciones de aptitud física equivalente y de oportunidades una vez que la mujer hubiera pasado un examen médico y psicológico. Algunos meses después, en noviembre de 1937, se estableció un nuevo reglamento en la organización y las políticas del Instituto. Éste ratificaba el principio de igualdad salarial manteniendo las mismas normas para los trabajadores y las trabajadoras y declaraba que el fundamento primordial de la movilización femenina era “establecer la igualdad de acceso a los puestos de trabajo en todo tipo de oficios para los hombres y las mujeres”
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   Para facilitar la selección de candidatas, se introdujeron algunas medidas de acción positiva tales como la reserva de un porcentaje de puestos de aprendizaje para las mujeres y la calificación de ciertos oficios sólo para ellas. Sin embargo, estas medidas de igualdad de oportunidades no se justificaban como tales, ni tampoco reflejaron una política global en favor de las mujeres ni su integración definitiva en el trabajo asalariado. En efecto, las normas posteriores que regulaban el Instituto eran mucho más prudentes a la hora de tratar el derecho de las mujeres al trabajo remunerado así como su acceso a los empleos. En consonancia con la opinión pública imperante, el decreto mantenía muy claramente el principio de la diferenciación laboral por género y el derecho preferencial de los hombres al trabajo. De este modo, especificaba que todos los puestos eran temporales. Además, garantizaba que todos los empleos de los trabajadores que habían sido reclutados les estarían reservados y que al volver de los frentes, los combatientes ocuparían los mismos puestos que tenían antes de entrar en el ejército.

   Las políticas oficiales consideraban claramente que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado era una exigencia temporal motivada por la guerra. En realidad, el Instituto establecía un orden de prioridades para el acceso a los puestos de trabajo que favorecía abiertamente a los trabajadores parados y a los refugiados especializados antes que a las mujeres. En gran medida, el acceso al trabajo se contemplaba también como una compensación para premiar la entrega al esfuerzo bélico. Así, las viudas, las esposas y las hijas de los trabajadores que habían desaparecido en los frentes eran las primeras en elegir los trabajos si no habían recibido todavía una pensión o si preferían trabajar en lugar de recibir ésta. A continuación venían las mujeres que se habían formado en el Instituto, a condición de que fueran esposas e hijas de combatientes con problemas económicos. Así que, de hecho, la política del Instituto no sólo se concebía para mantener los niveles de producción sino también para mitigar la miseria económica en la retaguardia. La política a favor de las esposas y las hijas de los combatientes no era nueva y había sido adoptada por toda España republicana.
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Las personas seleccionadas estaban compuestas principalmente por mujeres jóvenes y, a pesar de las numerosas solicitudes de mujeres de más edad, el Instituto limitaba la formación profesional a las de edades comprendidas entre dieciséis y treinta y cinco años. Las que eran mayores se destinaban a la realización de actividades voluntarias en las organizaciones femeninas.
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   A pesar de la adopción de una postura convencional sobre determinadas políticas de actuación igualitaria, el IAPD fue innovador en lo que respecta a la promoción de programas de capacitación y oportunidades de trabajo para las mujeres. Sus políticas eran significativas no sólo por encarnar las posturas oficiales sino también las de un sector representativo de la sociedad catalana. El IAPD representaba el esfuerzo conjunto de instituciones oficiales y fuerzas políticas y sindicales para proporcionar nuevas capacidades profesionales a las trabajadoras y colocarlas en puestos de trabajo; no sólo los organismos gubernamentales, sino también representantes de las organizaciones políticas y sindicales más importantes, colaboraron en la dirección del Instituto. Estaba dirigido por un consejo plenario, una comisión ejecutiva, una sección central y otra provincial para la movilización de las trabajadoras, esta última situada en cada una de las delegaciones de trabajo de los distritos electorales catalanes, y una sección local para la movilización de las trabajadoras en cada uno de los municipios catalanes (a excepción de Barcelona). Es importante subrayar el área geográfica que abarcaba el Instituto, mucho más allá de la ciudad de Barcelona, y, lo que es más importante, la presencia de representantes políticos y sindicales en los diferentes niveles de organización.