Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil (32 page)

   La comisión ejecutiva era el organismo más poderoso, pues proponía la política al consejo plenario y dirigía los programas del Instituto. Casi inmediatamente después de su fundación, la representación del gobierno aumentó en relación con la fórmula inicial, que estipulaba un representante de cada uno de los departamentos de Trabajo y Obras Públicas, Cultura y Economía, pasando a ser de tres representantes del Departamento de Trabajo y Obras Públicas y uno de los dos restantes.
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La comisión ejecutiva tenía también miembros de cada una de las organizaciones sindicales y políticas catalanas más importantes.
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No obstante esta amplia representación, resulta significativo que la organización femenina catalana Unió de Dones no se integrara oficialmente en el Instituto hasta julio de 1938, un año después de su creación. Aun entonces, su representante, Enriqueta Gallinat I Román, no fue propuesta de forma oficial hasta diciembre de 1938, poco antes de que acabara la guerra en Cataluña.
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Dos mujeres fueron elegidas miembros de la comisión ejecutiva: la representante de la CNT, Carme Quintana I Villafranca, y la de la UGT, María Pérez I Enciso. Esta última, miembro del PSUC, era también una de las dirigentes de la Unió de Dones de Catalunya lo que en cierta medida permitió que se escuchara su voz en los asuntos del Instituto.
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   El consejo plenario estaba compuesto por la comisión ejecutiva y las secciones de la CNT y la UGT que tenían representantes de catorce grupos industriales: combustión y lubricantes; metalurgia y mecánica; textiles; industrias alimentarias; industrias agrícolas; productos químicos; industrias de la construcción; artes gráficas; transporte; gas y electricidad; comunicaciones; irrigación; higiene y sanidad; y comercio, crédito y seguros.
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De los veinte representantes propuestos en febrero de 1938, sólo tres eran mujeres. Dos de la UGT fueron elegidas como representantes de las industrias textil y de higiene y sanidad; la tercera era una representante de la CNT para esa última.
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El Instituto era una organización dedicada especialmente a las mujeres, así que resulta paradójico que su representación global en él fuera tan escasa: estuvo dirigido al principio por el eminente psiquiatra doctor Emili Mira I López,
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si bien a finales de la guerra María Pérez I Enciso fue propuesta como directora. No obstante la limitada representación femenina, la Unió de Dones, y concretamente las comunistas, la apoyaron con entusiasmo.
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   Aunque todas las mujeres estaban obligadas a afiliarse a un sindicato para beneficiarse de los servicios del Instituto, los sindicatos apenas intentaban animarlas a participar ni les daban voz en sus debates. Esta apatía era general entre las organizaciones sindicales, si bien en este caso es más descarada ya que el Instituto se ocupaba de igualdad de oportunidades de trabajo para las mujeres.

   Durante la Guerra Civil, los sindicatos y las industrias colectivizadas en manos de los trabajadores sólo eligieron representantes femeninas en contadas ocasiones. Un ejemplo lo proporcionan las 922 industrias colectivizadas de las cuatro provincias catalanas de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida, muchas de las cuales eran industrias textiles con una gran proporción de obreras. En 1937, la mayoría de estas 922 empresas, controladas por los trabajadores en un momento en el que se les reclutaba para servir en el ejército, presentaron al Consejo de Control Económico y Sindical de la Generalidad los nombres de sus delegados-supervisores, directores y representantes legales. Se eligieron 2.854 representantes en total, de los cuales sólo 188 eran mujeres, es decir un 6.5%. Además, la mayor parte de las delegadas fue elegida para puestos menores. Sólo 9 mujeres ocuparon la dirección de otras tantas de estas industrias colectivizadas y únicamente 18 fueron supervisoras-delegadas.
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Esta exigua representación femenina es sumamente significativa porque indica que la jerarquía de género tradicional seguía siendo prácticamente la misma a pesar de las notables transformaciones sociales que se habían producido en la industria. Los cambios revolucionarios que experimentaron las fábricas no acarrearon el desmantelamiento automático de la jerarquía de género ni de las estructuras de poder.

   El IAPD estaba financiado por la Generalidad pero dirigido por grupos de voluntarios que iban a formar a las mujeres. Maestros cualificados, técnicos industriales, comerciantes y agrícola, obreros especializados daban cursos acelerados en sus escuelas, empresas y fábricas o talleres. Los maestros proporcionaban a las aprendizas una educación general. Las clases que se impartían en las escuelas y en las fábricas formaban a las alumnas para el trabajo en las industrias de guerra y en las alimentarias, sanitarias y químicas, en las labores agrícolas, el comercio y la administración.
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   Los programas de capacitación del IAPD tenían tanto éxito y la demanda femenina de formación profesional era tan grande que el Instituto estaba desbordado de solicitudes. Para julio de 1938, el IAPD tenía más de 15.000 peticiones de formación profesional, de las cuales sólo admitió un tercio debido a la falta de instalaciones.
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En enero de 1939, el periódico comunista
Treball
informó que la Escola de Capacitació de la Dona, una fábrica taller afiliada al IAPD, había formado a unas 500 aprendizas y que, de ellas, 420 se habían colocado en las fábricas de municiones.
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Sin embargo, esta conquista llegó tarde, ya que el Instituto tuvo siempre muchas dificultades para encontrar puestos de trabajo a las 5.000 trabajadoras que había formado. En efecto, muy pocas de estas mujeres encontraron empleos remunerados.

   Lo cierto es que el Instituto colocó a algunas de sus aprendizas en trabajos estatales e influyó en la aprobación de algunas políticas oficiales que garantizaban a las mujeres ciertos puestos en la administración y gerencia de las cárceles femeninas.
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Sin embargo, por lo general, le faltó eficacia para modificar la política oficial de conjunto. Poco antes de que en enero de 1939 las tropas de Franco ocuparan Barcelona, los periódicos catalanes iniciaron una campaña para promover la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
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A finales de diciembre de 1938, María Pérez I Enciso, a la sazón directora del IAPD, concedió una entrevista sobre esta campaña y recordaba a sus lectores que durante mucho tiempo el Instituto había estado defendiendo la integración de la mujer en el mercado laboral y que recibirían con agrado todas las medidas que aceleraban el proceso.
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Ni siquiera los estamentos oficiales como el Instituto pudieron modificar las posturas hostiles tradicionales hacia el trabajo femenino asalariado o influir sobre la planificación económica para que en Cataluña se empleara la mano de obra femenina de reserva.

   El gran éxito del Instituto fue proporcionar cursos de capacitación a miles de mujeres de Cataluña, aunque muchas de ellas se sintieron frustradas al no encontrar trabajos en los que pudieran servirse de sus nuevos conocimientos. Algunas condiciones de trabajo mejoraron; por ejemplo, las criadas recibieron una gran atención y se incorporaron al sistema de seguridad social que cubría a otros asalariados, al tiempo que los gobiernos locales y los ayuntamientos aumentaban el salario a las mujeres de la limpieza.
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Además, tanto en Madrid como en Barcelona, se organizaron campañas para formar a las criadas en otros oficios.
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   Uno de los rasgos más innovadores del Instituto fue su compromiso para asegurar la paridad de los salarios una vez que se hubieran conseguido los trabajos, un principio que supuso romper con la aceptación tradicional de la desigualdad salarial de las trabajadoras.
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No obstante, es difícil valorar su efectividad en la práctica; de hecho, parece ser que el IAPD fue incapaz de aplicar su principio de igualdad salarial. Durante los años de la guerra, los salarios se ajustaron en la mayoría de las industrias pero, como en años anteriores, la discriminación salarial era patente en la inmensa mayoría de los convenios. En una selección de más de quince convenios salariales, adoptados después de la creación del IAPD en julio de 1937 y que afectaban a diversas industrias (comercio, textil, confección, horticultura, alimentación, maderas y calzado, hostelería, restaurantes y tiendas), se pueden detectar diferencias de género para categorías profesionales comparables y sólo una de ellas introducía el principio de igualdad salarial. Este convenio, que aplicaba salarios iguales a los aprendices de ambos sexos, fue elaborado por la sección de fabricantes de sillas de montar y arreos de las filiales catalanas de las industrias de confección, accesorios, textil y similares.
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Otro convenio que afectaba a los dependientes de la provincia de Gerona, fijaba una diferencia salarial del 10% entre los empleados de distinto sexo,
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pero esta discriminación era generalmente mucho más alta en profesiones similares.

   Todos los convenios que hemos considerado en el presente estudio apoyaban la discriminación de los salarios y favorecían el aumento de las diferencias en las categorías laborales más altas.
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Si, por ejemplo, las diferencias salariales entre los aprendices y las aprendizas de primer curso oscilaban entre un 10 y un 24%, superaban el 45% en el cuarto curso. En categorías superiores, las cifras revelan una disparidad media de más del 43%, con diferencias que van del 35 al 55% dependiendo del oficio. Es imposible, por supuesto, determinar el grado de diferencia salarial en trabajos en los que se fijaban diferentes categorías profesionales para los trabajadores y las trabajadoras, pero a las mujeres se les aumentaban menos los salarios y éstos eran, por regla general, sustancialmente más bajos.
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   Los convenios establecidos desechaban el principio de igualdad salarial y, a pesar de algunos esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, la discriminación seguía siendo manifiesta. Cabe resaltar que la mayoría de los mismos se alcanzaron a propuesta de los sindicatos y, de hecho, algunos de ellos afectaban a las industrias colectivizadas. La insignificante representación femenina en la estructura sindical y en las mesas de negociaciones indica que las mujeres no tenían voz para exigir la igualdad salarial. En la empresa metalúrgica colectivizada Rivière de Barcelona, la remuneración de las mujeres, a igualdad de categoría profesional, era inferior a la de los hombres,
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lo mismo que en la pequeña localidad de Villanueva y Geltrú, donde las mujeres constituían entre el 80 y el 90% de la mano de obra en las industrias textil y de confección y cuyos salarios eran inferiores en más de un 48% a los de los hombres.
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   La discriminación salarial no sólo existía en Cataluña y, en realidad, una de las características del trabajo remunerado femenino de este período era la persistencia de una jerarquía laboral basada en el género. En muchas zonas de la España republicana en las que se había instaurado el control obrero y se habían abolido el capitalismo y la propiedad privada, las industrias y granjas colectivizadas aún mantenían dicha discriminación. Por ejemplo, en Alicante, los salarios de las trabajadoras eran, en general, la mitad de los correspondientes a sus homólogos varones y, en algunos casos, aún menores, como en las fábricas de municiones, donde los hombres ganaban un 177% más que las mujeres.
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   A pesar de la subida salarial en las granjas, las trabajadoras todavía ganaban alrededor del 50% menos que los hombres, incluso cuando éstas estaban controladas por instituciones oficiales.
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El anarquista Miguel Chueca, del Departamento de Trabajo del Consejo de Aragón, fijó una diferencia salarial de diez pesetas para los hombres y de seis pesetas para las mujeres incluso en las granjas colectivizadas anarquistas de Aragón.
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De hecho, los salarios bajaron al emplear mano de obra femenina de reserva, una práctica que facilitaba la supervivencia de algunas industrias con problemas económicos.

   Si bien las organizaciones femeninas defendían el principio de igualdad y habían aclamado su aprobación oficial, no trataron de influir para imponer su aplicación. Naturalmente, tanto la Agrupación de Mujeres Antifascistas como Mujeres Libres denunciaron la discriminación salarial, pero no porque pensaban que podría tener efectos negativos sobre el esfuerzo bélico.
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Según este punto de vista, había más cosas en juego además de la subida o la igualdad salarial; las organizaciones femeninas censuraron a sus militantes por ser demasiado materialistas en un momento en el que lo esencial era la lucha contra el fascismo y a favor del cambio revolucionario.
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Las demandas específicas tenían que dar paso a una estrategia unificada para alcanzar la victoria. En efecto, las organizaciones femeninas fomentaban con entusiasmo una ética laboral y subrayaban la idea del compromiso absoluto, al stajanovismo, la abnegación y el altruismo como forma correcta de desempeñar el trabajo. Menospreciaban la vagancia, la resistencia al trabajo, las luchas por mejorar las condiciones laborales o la puesta en duda de la ética laboral. Todo esfuerzo estaba centrado en el combate contra el fascismo o a favor de los cambios revolucionarios en la sociedad española.

   A pesar de la retórica de la dedicación inquebrantable al trabajo, no siempre se dio esta entrega completa a nivel de las bases. En efecto, algunos estudios recientes dan fe de que tanto hombres como mujeres cada vez se resistían más a trabajar.
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Las mujeres no siempre constituían la mano de obra dócil y afable que decían ser pero, en un sentido más amplio, la mayoría de ellas ni siquiera estaba en situación de elaborar estrategias de resistencia al trabajo porque no tenía empleos remunerados.

   La mayor contribución femenina al esfuerzo bélico fue su trabajo voluntario no retribuido en las labores de auxilio, la asistencia social y el trabajo doméstico cotidiano. Los empleos pagados representaban una minoría y estaban ocupados en gran parte por muchachas jóvenes, muchas de las cuales ya habían trabajado y habían sido recicladas para satisfacer las necesidades de la guerra.
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Sin embargo, algo se logró durante los años de la guerra. Por primera vez, hubo un debate público sobre la cuestión de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, al tiempo que las políticas del gobierno se centraban en la capacitación de las mujeres trabajadoras y en la resolución de los problemas laborales de género. Durante estos años, hubo también una gran movilidad en el trabajo y muchas mujeres accedieron por vez primera al mercado laboral. Aunque, en la práctica, las expectativas de muchas de ellas se frustraron porque no podían conseguir un puesto de trabajo, en todo el país el empleo femenino se convirtió en un indicio de los cambios acontecidos con las transformaciones sociales de la guerra.